Una vez más, y como respuesta al retorno del presidente depuesto Manuel Zelaya, el gobierno interino de Honduras ha reaccionado de manera exagerada decretando una suspensión por 45 días de ciertas garantías constitucionales, tales como la libertad de circulación alrededor del país y el derecho a reunirse con fines políticos. El gobierno incluso está imponiendo algunas restricciones sobre la libertad de la prensa. Más preocupante aún, ayer las fuerzas armadas cerraron una estación de radio y una estación de televisión que respaldaban a Zelaya.

Como he escrito antes, estas medidas son innecesarias, contraproducentes e injustificadas. Mientras que es conocido que los partidarios de Zelaya suelen recurrir a la violencia, sus acciones hasta ahora han sido controladas por la policía y las fuerzas armadas. El propio Zelaya está recluido en la Embajada de Brasil, y si bien la está utilizando como un centro de operaciones para hacer repetidos llamados a la insurrección, hasta ahora las autoridades han estado en control de la situación.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta suspensión de las garantías constitucionales es que efectivamente obstruye el desarrollo de un proceso electoral limpio, libre y transparente. Recordemos que Honduras tendrá una elección presidencial el 29 de noviembre y muchos ven a este proceso electoral como la mejor manera de resolver la crisis política del país, particularmente a nivel internacional.

No puede haber una elección presidencial libre, justa y transparente al tiempo que derechos constitucionales básicos han sido suspendidos. Al adoptar estas medidas auto-derrotistas, el gobierno interino de Honduras está dándole una mano a Zelaya y a sus aliados internacionales en sus intentos por desestabilizar el proceso electoral del país.

Afortunadamente, trascendió anoche que el Congreso hondureño ha rebatido al gobierno del presidente Micheletti y votado en contra del decreto ejecutivo que suspende las garantías constitucionales. Micheletti señaló estar arrepentido por la medida y anunció su suspensión, la cual incluye la reapertura de las estaciones de radio y televisión clausuradas. Sin embargo, al parecer el estado de sitio permanecerá vigente toda esta semana.

Ojalá prevalezca la sensatez entre la clase gobernante en Honduras y la tesis del Congreso en contra de que el estado de sitio prevalezca. No solo sería lo mejor para garantizar la transparencia de las elecciones de noviembre, sino que también sería una muestra inequívoca de que en Honduras hay una democracia constitucional con pesos y contrapesos.

“Expectativas realistas” deberían ser las palabras claves para la reunión del G-20 esta semana. Si el G-8 no pudo efectivamente tratar los principales problemas mundiales, hay pocas razones para creer que esta cumbre todavía más diversa y difícil de manejar lo pueda hacer.

El G-20 está compuesto de un grupo de países ricos que no están de acuerdo entre sí en los principales temas y de un grupo diverso de países en desarrollo con diversos intereses. La agenda es tan amplia—los países tratarán una serie de cuestiones complejas como el calentamiento global, la regulación financiera internacional, el comercio, la ayuda externa a países pobres y la reforma del Fondo Monetario Internacional—como para que ésta sea de uso práctico alguno.

La realidad también socava la idea de que el G-20 era requerido para coordinar las respuestas macroeconómicas a la crisis financiera global. Para cuando el G-20 se reunió este último abril en respuesta a la crisis, los países ya habían respondido a la crisis por su propia cuenta y los mercados globales ya habían tocado fondo y habían empezado a recuperarse. Una salida coordinada ahora también tiene poco sentido dado que las condiciones económicas varían bastante dentro del G-20. Algunos países tienen un desempleo alto, otros no; algunos tienen crecimiento bajo o negativo, otros han mantenido un crecimiento alto; algunos países todavía están experimentando una deflación, otros tienen una inflación preocupante.

El G-20 es un foro político del cual no deberíamos esperar mucho. Si los miembros del G-20 se comprometen con el libre comercio, deberíamos estar complacidos con ese resultado.

El regreso de Manuel Zelaya a Honduras tiene la clara intención de perturbar el desarrollo de las elecciones presidenciales programadas para finales de noviembre. La campaña política se estaba desenvolviendo de manera tranquila y ordenada, en total apego a las leyes hondureñas. Panamá ya había anunciado que reconocería la elección como legítima y era evidente que tarde o temprano más países tomarían la misma decisión. Era obvio que un proceso electoral pacífico y legal en Honduras no le convienía a Manuel Zelaya.

Que el depuesto presidente hondureño haya contado con la ayuda de Venezuela y sus aliados populistas en la región para volver a Tegucigalpa no es ninguna sorpresa. Lo que sí sorprende es la activa participación de Brasil—permitiendo que Zelaya use su embajada como base de operaciones políticas, en contra de las normas internacionales. Aún más sorprendente es que la Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y el presidente Oscar Arias de Costa Rica consideren el retorno de Zelaya como un suceso positivo, a pesar de la posibilidad de que éste derive en violencia.La comunidad internacional está injustificablemente yendo más allá de los canales diplomáticos en su manejo de la situación en Honduras.

La administración Obama ha amenazado con no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Honduras a finales de noviembre a menos que Manuel Zelaya regrese a la presidencia de antemano.

Estas elecciones ya estaban previstas antes de que Zelaya fuera removido (constitucionalmente) de su cargo en junio pasado. Los candidatos ya habían sido escogidos por sus partidos a través de un proceso de primarias abiertas. El actual presidente civil interino, Roberto Micheletti, no se está postulando para el cargo, y tiene la intención de entregar el poder en enero como lo estipula la Constitución. Los dos principales candidatos presidenciales apoyaron la remoción de Zelaya.

La campaña política se desarrolla de manera ordenada, y existe la posibilidad real de que el candidato opositor del Partido Nacional gane la presidencia. El Tribunal Supremo Electoral, órgano independiente, supervisa el proceso.

Aún así, el Departamento de Estado de EE.UU. está indicando que no reconocerá el resultado de la votación, bajo el nombre de defender el regreso de Zelaya al poder. Sin embargo, la defensa que hace la administración Obama de líderes derrocados no parece ser consistente.

En julio pasado, la revista The Economist informó [en inglés] que el general Mohamed Ould Abdelaziz, jefe de la junta militar de Mauritania que encabezó el golpe castrense que derrocó al primer presidente electo democráticamente en ese país, se hizo elegir como presidente civil luego de unas elecciones que la oposición catalogó como "golpe de Estado electoral". Sin embargo, a pesar de “cierto número de irregularidades”, Washington reconoció [en inglés] la elección de Abdelaziz como un reflejo de la “voluntad del pueblo mauritano", y manifestó su disposición a trabajar con su gobierno.¿Por qué es que las elecciones en Mauritania—con sus muchos y flagrantes defectos—pasaron la prueba de la legitimidad de la administración Obama, pero las de Honduras parecen destinadas a reprobarla? ¿Qué principio de política exterior es el que está aplicando la administración en Honduras? Ciertamente no el de respeto a la democracia o al Estado de Derecho, los cuales Zelaya estaba intentando destruir cuando fue destituido de su cargo.

Rafael Espada, vicepresidente de la República, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán. El médico machete acusa a Marta Yolanda de calumnia y difamación por la columna titulada El beso de Espada, que ella publicó el lunes 31 de agosto de 2009 en el diario Siglo Veintiuno.

Espada no accionó como individuo cuyo honor hubiera sido puesto en duda; sino al amparo de la vicepresidencia y presuntamente alegando que los señalamientos de la periodista ponen en peligro la institucionalidad. El caso pues, ha sido llevado al orden político por Espada.

Creo que la movida del Vicepresidente tiene sentido por dos razones principales: (1) Si lo convierte en algo político, y de apariencia institucional, el VP despersonaliza el asunto y se aleja personalmente de los señalamientos que le hace Marta Yolanda en su columna. (2) La denuncia en cuestión allana la posibilidad de que la administración socialdemócrata de Los Colom –en la misma línea que lo han hecho administraciones como la de Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega– inicie procesos de control de la Prensa independiente.

Resultaría muy conveniente para la administración y para el Vicepresidente que la razón de estado fuera un elemento a considerar cuando se avance en las investigaciones de este asunto.

Adicionalmente, la administración de Los Colom ya hace ratos que le lleva ganas a la Prensa independiente y a la libertad de expresión: En octubre de 2008, Alvaro San Nicolás Colom dijo estar hasta la coronilla de la cobertura periodística que recibía su administración y amenazó con revivir el delito de desacato, que es una figura delictiva propia de la represión y que por ello fue declarado inconstitucional en 2006. En septiembre de 2008, la administración insinuó la posibilidad de que ¡hasta los correos electrónicos fueran censurados! si resultaban ofensivos para quienes ejercen el poder.

El control absoluto de la prensa independiente, y de la libertad de expresión, es una pieza clave para el futuro de la socialdemocracia en Guatemala y esa práctica tiene una tradición que podría servirles a Los Colom: La primavera revolucionaria de Guatemala, con Juan José Arévalo a la cabeza, promulgó una Ley Mordaza, y ese mismo régimen les cobraba impuestos a las personas por sus radios de transistores. Claro que la Asociación de Periodistas de Guatemala surgió para luchar contra aquella legislación abusiva, y claro que ahora se espera que las asociaciones de periodistas actúen en consecuencia; porque parece ser un hecho que Los Colom se encaminan tras los pasos de Arévalo, Chávez, Correa y Ortega.

¿Por qué querría la socialdemocracia chapina controlar a la Prensa independiente y anular la libertad de expresión? Porque saben que a cualquier costo deben ganar los próximos comicios.¿Y por qué a cualquier costo? Porque: Si pierden el poder ya no lo recuperarán y hasta podrían desaparecer como le ocurrió a la Gran Alianza Nacional, al Partido de Avanzada Nacional, al Frente Republicano Guatemalteco, al Movimiento de Acción Solidaria, y a la Democracia Cristiana Guatemalteca.Si pierden el poder, y con la historia de corrupción que están acumulando, algunos de sus dirigentes podrían ir a parar a prisión, como le ocurrió a Juan Francisco Reyes, vicepresidente de Alfonso Portillo y a otros funcionarios de la administración del FRG.

A mí me parece evidente que la socialdemocracia chapina aprendió de los errores de sus antecesores y que está consciente de que debe controlar la libertad de expresión, la educación, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y al Ejército, para asegurarse de que no perderá el poder.

Por lo pronto, acciones como las del Vicepresidente tienen efectos muy graves entre los ciudadanos y para la libertad de expresión.

En mayo pasado, el proceso contra el twittero @jeanfer, erradicó de todos los medios de comunicación la necesaria discusión acerca de una auditoría forense en el banco que el asesinado abogado, Rodrigo Rosenberg, mencionó en su denuncia póstuma.

Atemorizados por la posibilidad de ser perseguidos, ¿quiénes nos atreveremos a mencionar bancos, o a cuestionar a funcionario alguno?

Como lo demuestra el caso de @jeanfer, es fácil para la administración controlar la libertad de expresión, aún con los instrumentos legales poco refinados con los que cuenta. ¿Qué ocurrirá si Los Colom avanzan como han avanzado Chávez, Correa y Ortega?En el gran esquema de las cosas, no hay tal cosa como el caso @jeanfer, o el caso Marta Yolanda; y frente a un momento de inflexión, en el contexto político latinoamericano, el caso es el de la libertad de expresión en Guatemala por lo que vale recordar que, como dijo Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia.

Actualización: Lea una entrevista con Marta Yolanda tituladaColom sabe de esas reuniones; y la columna de Jorge Jacobs titulada La espada-mordaza. El editorial del diario La Hora, también se refiere a este tema.