Gabriela Calderón de Burgos considera que la obligación de declarar el patrimonio invierte la carga de la prueba: pasa del Estado al ciudadano y expone al este último a una peligrosa filtración de datos.

Ryan Bourne y Nathan Miller sostienen que Hablar de los beneficios fiscales de la inflación mientras los votantes están tan enojados por los precios, semanas antes de las elecciones intermedias, es extraño tanto desde el punto de vista político como económico.

Jai Kedia y Norbert J. Michel afirman que no existe ningún escenario en el que aumentar los impuestos, restringir el comercio y obligar a las personas a aceptar empleos que de otra manera no existirían vaya a mejorar el nivel de vida de los estadounidenses.

Jeffrey A. Singer y Adam Omary explican que un médico que administra un tratamiento a un adulto competente en contra de la voluntad del paciente viola uno de los principios éticos más fundamentales de la medicina: el consentimiento informado.

Johan Norberg dice que cuando la propiedad estatal reemplaza a la privada, la retroalimentación de un mercado descentralizado es sustituida por el cabildeo organizado y la autopreservación institucional.

Katherine Thompson dice que cuando los comandantes militares adquieren más poder que los civiles ante los ojos de los medios de comunicación, de Washington y de los líderes mundiales, se rompe un equilibrio fundamental.