El video abajo muestra cuando el presidente interino de Argentina, Adolfo Rodríguez Saá (fue presidente durante una semana) anuncia en el Congreso en diciembre de 2001 que Argentina dejaría de pagar su deuda —el default soberano más grande de la historia. Rodríguez fue interrumpido por una ovación y cantos de “¡Argentina! ¡Argentina!”

Una década después, en mayo de 2012, el Congreso de Argentina aprobó de manera abrumadora la expropiación (sin compensación hasta la fecha) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera más grande del país, cuyo paquete accionario mayoritario pertenecía a la empresa española Repsol. Cuando el voto de 207 versus 32 fue anunciado, estalló una celebración con diputados abrazándose y cantando:

Esta es solo una muestra de lo débil que es el Estado de Derecho en Argentina.

Este lunes, Buenos Aires anunció que reabrirá el canje de 2010 a través del cual reestructuró su deuda reemplazando bonos viejos con bonos nuevos con un descuento considerable. El anuncio llegó ante la probable decisión por parte de la Corte Suprema de EE.UU. (EE.UU. tiene jurisdicción sobre la deuda emitida bajo la legislación de Nueva York, como sucede en este caso) de no revertir la decisión de una corte de apelaciones que establece que el gobierno argentino primero debe pagar a los acreedores que reclamaron el valor negociado inicialmente, esto es, los tenedores de bonos que no aceptaron los términos de los anteriores canjes de deuda. El gobierno argentino ha declarado de manera categórica que no les pagará.

En un intento por evitar un default técnico, Argentina ofrecerá a los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 nuevos bonos emitidos bajo jurisdicción argentina. El Economist Intelligence Unit tiene un buen análisis de este caso aquí (en inglés).

Los tenedores de bonos argentinos ahora se enfrentan a una disyuntiva terrible: o retienen sus bonos emitidos en EE.UU. y se enfrentan a un probable default, o aceptan la oferta de Argentina de nuevos bonos emitidos bajo la “protección” de las poco confiables instituciones legales y políticas de ese país.

Antes de aceptar la oferta, los tenedores de bono deberían recordar el cántico: “¡Argentina! ¡Argentina!”

El gobierno ecuatoriano viene promoviendo con una intensa propaganda la idea de que el Puerto de Guayaquil está colapsado. El argumento más repetido para justificar el megaproyecto de un nuevo puerto en otro lugar de la costa ecuatoriana es que ahora supuestamente los puertos necesitan de 15 metros de calado para ser competitivos y el de Guayaquil solo llega a 9,75 metros. Pero en este gráfico que presenta hoy El Universo (con datos de la CEPAL) vemos que entre los principales puertos de Latinoamérica solamente Panamá tendría ese calado en el Puerto de Balboa (donde desemboca el Canal de Panamá). Además, como indica Fernando Donoso, expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, las embarcaciones grandes de más calado (15 metros) van a países que movilizan una gran cantidad de carga como Alemania, China y la India. Donoso agrega como ejemplo que a Valparaíso, cuyo calado máximo es de 13,8 metros, nunca ha llegado un buque que necesite toda esa capacidad. Por lo tanto, en lugar de construir un puerto nuevo afuera de la ciudad, más toda la infraestructura que requiere un puerto, lo más barato y eficaz sería incrementar el calado del Puerto de Guayaquil en aproximadamente metro y medio. Pero lo necesario y más económico no es lo que importa en un gobierno populista.

Tanto Venezuela como Ecuador tienen gobiernos populistas de izquierda que se han beneficiado tremendamente de ingresos sin precedentes por la venta de petróleo. Ambos gobiernos aprovecharon esos ingresos extraordinarios para aumentar considerablemente el gasto público. Sin embargo, hay una diferencia crítica entre estos países: mientras que Venezuela tiene su propia moneda (el llamado "Bolívar fuerte"), Ecuador adoptó el dólar de EE.UU. como su moneda oficial en el 2000. Eso significa que, sin importar qué tan irresponsable sea la política fiscal del gobierno ecuatoriano, este no puede imprimir dinero para financiar su gasto.

El resultado: Venezuela tiene la tasa de inflación más alta en América Latina mientras que Ecuador tiene una de las tasas más bajas en la región.

El parlamento de Uruguay votó ayer para permitir la producción, comercialización y distribución de cannabis, dando el primer paso para convertirse en el primer país en el mundo que legalizaría la marihuana. Aún cuando Uruguay nunca criminalizó el consumo personal, este voto, que aprobó la ley con 50 votos a favor y 46 en contra, es una medida mucho más atrevida.

La ley es mucho más elaborada que la propuesta que se presentó al parlamento uruguayo hace un año, la cual contenía solamente un artículo dándole al Estado el poder de regular el mercado de cannabis. Inicialmente, el gobierno contempló la idea de crear un monopolio estatal en la producción y venta de la droga. La ley aprobada esta semana permitiría un mercado privado, aunque estrictamente regulado, de cannabis. Los uruguayos podrán cultivar su propia marihuana (hasta seis plantas) o registrarse en un club que también podrá cultivar su propia marihuana (hasta 99 plantas). Todos los cultivos requieren una autorización previa del Estado.

Adicionalmente, los uruguayos podrán comprar marihuana de las tiendas de droga autorizadas (hasta 40 gramos al mes). Para poder hacerlo, también tendrán que enlistarse en un Registro Nacional de Consumidores. Aunque la ley estipula que el registro será privado y que la información contenida en este será considerada “sensible”, hay buenas razones para creer que no muchas personas correrán a un organismo estatal a registrarse como consumidores de marihuana. Las personas menores de 18 años no podrán tener acceso legal a la marihuana y todo tipo de publicidad de la droga está prohibida.

La ley ahora se dirige al senado donde se espera que sea aprobada. Una vez que entre en vigencia, Uruguay se convertirá en el estandarte de la reforma a la política de drogas. Aún siendo un país pequeño que no sufre del problema de la violencia relacionada a las drogas que hemos visto en México o Centroamérica, la legalización de la marihuana en Uruguay constituye un paso trascendental en el camino hacia el desmontaje del régimen de la prohibición que ha estado vigente por lo menos desde la década de los sesenta. Leyes para la legalización de la marihuana ya han sido introducidas en las legislaturas de países como Chile y México. Además, no olvidemos que el cannabis fue legalizado en noviembre del año pasado (mediante un referéndum) los estados de Colorado y Washington.

La administración Obama tiene que tomar una decisión: puede obstruir el impulso hacia la reforma, o puede involucrar a los países latinoamericanos en un debate abierto acerca de cómo acabar con una política fracasada que ha costado las vidas de cientos de miles de personas en la región. Eso sería un cambio en el que podemos creer.