Daniel Ortega atacó a Estados Unidos y al libre comercio durante su discurso ante la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas hoy. El presidente nicaragüense manifestó que:

"Las políticas de libre comercio empobrecen a los pueblos y equivalen a poco más que la ley de la selva... a ver quién es el más fuerte y se ha de imponer lógicamente, el más fuerte. Lo que necesitamos en el mundo es el comercio justo, lo que el mundo demanda es finalmente, un cambio en los países capitalistas globalizados, imperialistas".

Extrañas palabras viniendo de un presidente que se ha rehusado a sacar a su país del TLC que tiene con Estados Unidos. Más aún, Ortega ha enviado misiones comerciales a Costa Rica para tratar de tentar a los inversionistas extranjeros afincados en ese país para que se vayan a Nicaragua, utilizando el TLC como aliciente, puesto que Costa Rica aún no ratifica el tratado.

La belleza del doble discurso.

Acabo de regresar de Lima en donde asistí a la V Conferencia Internacional de Economía organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y uno de los panelistas era Jaime de Althaus, periodista y conductor de televisión en el Perú.

De Althaus acaba de publicar un libro titulado La revolución capitalista en el Perú en el que deshace varios mitos acerca de la revolución capitalista en el perú que a continuación les resumo:

1. El mito de la "desindustrialización": No se ha desindustrializado el país ya que la participación de las exportaciones de manufacturas en el PIB continúa siendo la misma con la diferencia de que ahora estas son de mayor valor agregado y más integradas a los recursos locales. Entre 2006 y 2006 el empleo manufacturero se aumentó por caso 20%.

2. El mito del arrasamiento de la producción de alimentos: Perú pasó de ser importador neto de leche en polvo (LEP), azúcar y papa a ser un competitivo exportador neto. La importación de LEP se redujo de 32.564 t. en 1997 a 5.870 t. en 2005 (ahora exporta). La importación de azúcar pasó de 300.000 t. en 1980 a 11.000 t. en 2003. Los cultivos de papas, arrasados por la eliminación de las tierras como capital a raíz del gobierno de Velasco Alvarado, se redujeron de 300.000 has. en 1970 a 146.000 en 1990. Luego de la liberalización comercial, se está recuperando el nivel de cultivos de papas habiendo en 1997 240.000 has. sembradas.

3. El mito de la reprimarización del modelo primario exportador: exportaciones no tradicionales crecieron cuatro más en volumen. Además se evidencia un creciente valor agregado en todas las ramas--agricultura, pesca, maderas (58% manufacturada), textiles, entre otras.

4. El mito del incremento de la desigualdad: entre 1991 y 2006 el ingreso del cuarto más pudiente de la población peruana creció por 13,5% mientras que el del cuarto más pobre por 145,5%. La tasa de crecimiento del ingreso del sector más pobre ha sido consistentemente mayor a la tasa de crecimiento del sector más pudiente desde 1991 con la excepción del periodo de recesión inducido por la crisis asiática (1998-2001).

5. El mito de la globalización excluyente: el crédito de consumo e hipotecario pasó de 8% en 1995 a 24,3% del PIB en 2005; el sistema privado de pensiones ha permitido que 2'100.000 peruanos pasen a participar de las ganancias de las empresas nacionales y transnacionales más importantes del país; y la cobertura de servicios básicos como telefonía y electricidad ha aumentado considerablemente luego de que ambos fuesen privatizados (parcialmente en el caso de la electricidad).

6. El mito de la desnacionaización de la economía: han aparecido nuevos grupos de extracción popular como nunca antes (Añaños de Big Cola, Wong con sus hipermercados, Huancaruna, entre otros) y por primera vez muchos se han internacionalizado (los Añaños ponen a temblar a los ejecutivos de Coca Cola cada que ingresan a un mercado nuevo). De ser país expropiador los peruanos han pasado a ser víctimas de expropiación como sucedió con la empresa peruana de metalmecánica nacionalizada por Evo Morales.

La Unión Europea ha decidido dejar por un año más los aranceles anti-dumping sobre las bombillas que ahorran energía hechas en China. Esto al mismo tiempo que se rasga las vestiduras por reducir la emisión de gases de efecto invernadero producto del alto consumo energético, y trata de imponer esta agenda sobre los países en desarrollo. ¿En qué quedamos?

Mucha popularidad ha adquirido la idea de que el Estado, a través de la justicia o los fallos judiciales, debe asignar beneficios económicos a grupos específicos. Cuando se hace por ley, ni siquiera se tiene el pudor de que tal beneficio sea parte de la ley del presupuesto anual del país, cosa que de por sí ya sería cuestionable. Y es más: en ocasiones, los legisladores o los jueces decretan que esos beneficios están a cargo de personas u organizaciones privadas. Es el caso de un proyecto que presentó ante el Congreso de Colombia un Senador y que ordena que haya un salario mínimo para profesionales, igual a tres veces el salario mínimo legal

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En algunos casos, esto no es más que pura y simple política. Pero en otros, especialmente cuando ocurre en las cortes, esto hace parte de cierta visión de la justicia que se ha hecho peligrosamente popular, y que consiste en ver a la justicia como un arreglo establecido y "demostrado" en libros de texto (mejor todavía si son los de Rawls), el cual simplemente hay que hacer cumplir mediante fallos judiciales. Y no me refiero a fallos en los que se establezca responsabilidad por contratos o por daños, casos en los cuales es perfectamente normal que se decreten beneficios económicos.

En el caso que me alarma, el beneficio se decreta simplemente porque se considera justo de acuerdo con un concepto de justicia política. ¿Y cómo se financia? Dentro de esta visión, no importa, pues tal beneficio es visto como un derecho constitucional, cuya vigencia no debería depender de restricciones fiscales. Hermosa teoría. Sobre sus efectos fiscales, mi amigo el profesor Juan Carlos Echevery, de la Universidad de los Andes, trata de alertar de manera elocuente, cuando pregunta a sus alumnos: "¿contra quién giran las Cortes? Contra esta cartera (señala la suya propia) y la de cada uno de ustedes".

Panamá corre el riesgo de quedarse sin TLC con Estados Unidos luego de que un político ligado con el crimen de un soldado estadounidense en 1992 fuese electo presidente de la Asamblea Nacional de ese país. Washington ya ha expresado su "profunda decepción" por la elección de Pedro Miguel González y no hay duda que el tema será explotado por el Congreso estadounidense, que no quiere saber nada de tratados de libre comercio con otros países.

Si bien la elección a un alto cargo nacional de alguien buscado por la justicia estadounidense parece ser una buena excusa para enfriar las relaciones entre los dos países, rechazar o engavetar el TLC con Panamá no es la más apropiada. Aún existen muchas sensibilidades entre Panamá y Estados Unidos, especialmente por la invasión de 1989. Sería poco afortunado si Washington da la impresión de querer inmiscuirse e imponer sus puntos de vista en otro país soberano.  Situaciones similares han sido aprovechadas en la última década por populistas latinoamericanos para ganar elecciones e imponer su agenda.

Panamá es un país que despunta en Latinoamérica. Con un crecimiento superior al 10%, la administración de Martín Torrijos se ha embarcado en una agenda reformista tendiente a convertir a ese país en el "Singapur de la región".  ¿Por qué abrir heridas del pasado y castigar a un país que está haciendo las cosas bien?