Luego de que Ecuador sea sacudido por un desastre natural inmisericorde y sin conocer aún sus consecuencias más allá del temor, muertes y un profundo daño en la infraestructura de ciudades y pueblos enteros, hay algo que ha sobresalido de entre la adversidad: la solidaridad. La sociedad civil, entendida como las familias, organizaciones religiosas, organismos no gubernamentales y empresas privadas, no tardaron en hacer llegar recursos y voluntarios a la zona afectada. La respuesta espontánea de los ecuatorianos nos ha recordado el verdadero significado de la palabra.

Aunque por años el término estuvo asociado al estado de bienestar y confundido con la subsidiariedad, la solidaridad es una virtud inherente al ser humano que busca cambiar para bien la vida del prójimo.

El terremoto de Haití que golpeó severamente a ese país en el 2010, sirve como ejemplo de la espontánea solidaridad humana: horas después de ocurrida la catástrofe, los haitianos participaron en los esfuerzos humanitarios, ayudando directamente a las poblaciones y trabajando con las organizaciones de ayuda. De la misma forma, numerosas empresas proporcionaron bienes, servicios y asistencia técnica para ayudar a través de acuerdos comerciales y probono. Empresas de telefonía móvil, de tecnología y servicios financieros trabajaron juntos para proporcionar, recibir y procesar información, para crear nuevas plataformas de transferencia de recursos e incluso para canalizar la información de las organizaciones humanitarias a las personas afectadas por el desastre y solicitar información de aquellos con necesidades.

El pensador y economista estadounidense Thomas Sowell, en su libro Economía básica, señala que la sociedad civil por su naturaleza actúa más rápido y mejor cuando se trata de desastres naturales y, por el contrario, los intereses políticos pueden incluso retrasar la ayuda a las víctimas. Un ejemplo de ello es cuando hubo miles de muertes como consecuencia de un ciclón que golpeó a la India en 1999: el Gobierno informó en la prensa que no estaba dispuesto a solicitar ayuda a los organismos internacionales por el temor de que esto sería visto como admitir la insuficiencia del propio gobierno. El resultado fue que muchos pueblos se quedaron sin ayuda e información hasta dos semanas después de la catástrofe.

Finalmente, el caso de Chile es alentador. La sociedad civil jugó un rol fundamental en las iniciativas de reconstrucción luego del terremoto y tsunami de inicios del 2010. Instituciones como Un techo Para Chile, la Asociación de Guías y Scouts de Chile y la Confederación de Estudiantes de Chile aportaron de manera crucial a través del voluntariado e incluso ayudaron directamente en la construcción de las viviendas de emergencia. Además de estas instituciones, la empresa privada y sus intereses en el área afectada agilitaron la reconstrucción.

Contrario a los gobiernos y clase política, que tienen una agenda y votos que tomar en consideración de sus acciones, la ayuda proveniente de la sociedad civil es ágil, eficiente pero sobre todo voluntaria, con la más pura finalidad de aliviar al prójimo.

Es muy probable que el 16 de abril de 2016 pase a la historia como el día que en ocurrió uno de los desastres naturales más calamitosos de la historia de Ecuador, pero también como el día en que la sociedad civil se levantó y unió en solidaridad con las víctimas y damnificados. Por voluntad propia.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 25 de abril de 2016.

Mientras que miles de personas honestas y trabajadoras se esmeran por un mejor porvenir sin perjudicar a terceros, un grupo de manifestantes en estos días se han hecho dueños de Asunción cerrando las calles a su antojo y capricho impidiendo el libre tránsito, una clara garantía constitucional. El estado por medio de la policía ha abdicado de su función principal, la de resguardar la seguridad, dejando además de lado el principio de igualdad ante la ley. Esto no está bien.

Vemos la exacerbación de los ánimos para hacer valer por medio de la fuerza pretensiones --como la condonación de deudas-- que sumirá al país en un descalabro no solo político económico sino también moral, puesto que de darse este antecedente, sus efectos hará cambiar definitivamente principios de libertad, justicia y responsabilidad por los propios actos. Mientras tanto, los símbolos de viejas ideas fracasadas que llevan la hoz y el martillo del Partido Comunista que tanto daño causaron a millones de personas en el mundo empiezan a recorrer las calles azuzando el miedo, la intolerancia y el odio hacia la sociedad libre. Paraguay no debe caer presa de esta dañina tendencia.

Para que ello no ocurra, el Congreso en la que se encuentran los representantes del pueblo debe rechazar la antojadiza e injusta pretensión de los manifestantes de condonar las deudas por los préstamos en las que han asumido responsabilidad. Todas las personas deciden por sí mismas acerca de cómo disponer sobre su futuro, y ciertamente es una tarea difícil al momento de tener que asumir responsabilidades; sin embargo, y luego de haber hecho uso del dinero prestado no es justo ni mucho menos reporta un bien para la sociedad que solicite se perdone la deuda como si la misma haya sido objeto de un regalo o una dádiva en especial que no tiene origen.

Por supuesto que aquí nada hay de regalo porque sencillamente nada es gratis como parece así lo entienden los que pretenden se les condone sus deudas. Esos préstamos en realidad es un dinero contante y sonante que no ha caído de los árboles como por arte de magia; proviene del ahorro, el trabajo y la inversión de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos, ya sean contribuyentes de hecho o de derecho, entre los que se encuentran los más pobres y necesitados de este país que ni siquiera --vaya paradoja-- no han accedido a ningún préstamo pese a que de ellos también salio ese dinero y que ahora (si se aprueba la condonación) también deberán cargas sobre sus espaldas una nueva deuda sin haber percibido ni un solo guaraní.

No solo sería ciertamente política y económicamente equivocada la decisión del Congreso de condonar la deuda de los campesinos que así hoy lo solicitan. Sería además absolutamente inmoral puesto que los congresistas no tienen la potestad de perdonar deudas para luego cargarlas sobre otras personas. Igualmente también sería una grave decisión la condonación por cuanto que una cuestión así traería aparejada un precedente nefasto debido a que también miles de personas en difícil situación financiera tendrían el mismo seudo derecho invocado por los manifestantes.

La pretendida condonación de deudas que tiene como motor la imposición de la fuerza que los manifestantes utilizan en contra de la ciudadanía honesta y trabajadora de este país debe ser rechazada en el Congreso sin más trámite que la de hacer valer principios morales de honestidad y responsabilidad por los propios actos; los cuales además de las cuestiones político económicas, son la base de la sociedad a la que aspiramos en libertad, justicia e igualdad ante la ley.

Un tema interminable es la proclividad de los intelectuales para defender sistemas políticos erróneos y apoyar regímenes totalitarios. Sartre fue un fan de la Unión Soviética incluso cuando los abusos del sistema comunista eran conocidos por todos. García Márquez mantuvo una amistad con Fidel Castro, uno de los mayores tiranos de Latinoamérica.

A menudo nos gusta pensar que los intelectuales están por encima del resto de los mortales: en imparcialidad, en inteligencia, en conocimiento, en humanidad, en humildad. Lo cierto es que los intelectuales, como cualquier mortal tienen defectos, les cuesta reconocer y rectificar errores, no son expertos en todas las áreas del conocimiento, pueden ser proclives al adulo y la lisonja y no están exentos de disfrutar de los placeres terrenales.

Jesús Huerta de Soto (un intelectual), citando a Bertrand de Jouvenel (otro intelectual), da 3 razones al por qué los intelectuales en una gran proporción rechazan el sistema de libre mercado: 1) por ignorancia, 2) por soberbia y 3) por resentimiento y envidia.

La ignorancia no debe ser tomada en un sentido peyorativo. Todos somos ignorantes en la mayoría de las áreas del conocimiento. Un poeta puede ser un completo ignorante en matemáticas, un matemático puede ser un ignorante en neurología, un neurólogo ser un ignorante en gastronomía y un chef ser un ignorante en filosofía. La ciencia que estudia el mercado es la economía e incluso la economía tiene muchas ramas lo que hace que los economistas también sean ignorantes de la totalidad de las áreas de esta ciencia social. Los intelectuales en su mayoría no entienden la economía y sus ideas políticas están más influenciadas por sus pasiones que por conocimiento.

Los intelectuales a menudo cometen la soberbia de creerse superiores a los demás y por tanto capaces de decidir mejor que el resto de la sociedad lo que le conviene a toda la sociedad. Es lo que Hayek llamó "la fatal arrogancia".

Y los intelectuales, cegados por su ignorancia de los procesos de mercado y su soberbia intelectual, caen en el resentimiento y la envidia al ver que apenas se ganan la vida haciendo poemas que nadie quiere comprar mientras un vende pollos se llena de dinero. Consideran injusto que un empresario que vende lo que la sociedad demanda gane más que él que tiene una inteligencia superior.

Yo añadiría una cuarta razón: la conveniencia. A los intelectuales les puede convenir ser anticapitalistas para ser parte del discurso popular, para decir ser parte del pueblo, para conseguir la subvención del Estado y tener el adulo de los tiranos.

La prudencia es uno de los cuatro valores cardinales. Algunos la definen como "la capacidad de analizar y comprobar información antes de tomar una decisión, evaluando sus consecuencias". Ciertamente todos en la vida hemos pecado de imprudentes, saltando a conclusiones, señalando culpables y exigiendo cuentas de manera precipitada. Pero se supone que con los años –y las lecciones que nos da la vida– aprendemos la virtud de ser prudentes y de meditar bien nuestras acciones. Esta semana, con las revelaciones de los Papeles Panamá, es un buen momento para ejercer la prudencia.

Me referiré aquí exclusivamente a las revelaciones que tienen que ver con nuestro país, ya que el espacio no da para comentar el alcance mundial de la filtración de todos los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca. Pero incluso si nos limitamos a Tiquicia, hay mucho que comentar.

Imprudencia de medios de comunicación: A dos medios de comunicación nacionales se les confió la publicación en Costa Rica de los documentos filtrados: Semanario Universidad y AmeliaRueda.com. Según el primero, desde hace 5 meses vienen trabajando en la información (74.958 documentos), por lo que cualquier impertinencia cometida a la hora de publicar la noticia no se le puede achacar a la premura. Lamentablemente el Semanario Universidad, ya sea por torpeza o por agenda política, desde un inicio incurrió en publicaciones tendenciosas cuyo resultado ha sido atizar una cacería de brujas.

Su nota principal "Empresarios y banqueros de Costa Rica refugian fortunas en paraísos fiscales", cita a un gran número de personas (encabezados por Otto Guevara, obvio) que "aparecen" en los documentos. Pero de primera entrada el periódico no aclara en qué calidad es que estos individuos son mencionados. A partir de la publicación el domingo en la tarde, los descendientes criollos de Robespierre salieron a las redes sociales a demandar la cabeza de los implicados. Conforme han pasado las horas, y más por iniciativa de las personas aludidas que por los oficios del Semanario, hemos descubierto que muchos de estos individuos no participaron en ningún negocio turbio ni mucho menos ilícito. En algunos casos son mencionados simplemente porque iban copiados en alguna comunicación, o porque sus nombres aparecían en un papel membretado.

Lo que pudo ser una investigación interesante sobre evasión fiscal en Costa Rica, degeneró en una operación de embarre con ribetes ideológicos y políticos. Está muy claro.

Hacer negocios en Panamá no es un crimen: Para poner en perspectiva, la filtración revela el modus operandi de un bufete en Panamá dedicado a crear sociedades anónimas en el extranjero. Por lo que nos estamos enterando, en algunos casos se trataba de negocios perfectamente legítimos, en otros casos había un interés claro por eludir impuestos y en otros la intención sí era abiertamente evadirlos.

Sin embargo, la reacción ha sido ver con ojos de criminal a cualquier persona que tenga cuentas, sociedades y negocios en Panamá. Para ello debemos tener presente que dicho país no solo es nuestro vecino geográfico, sino que es un importante socio comercial con el que intercambiamos aproximadamente $800 millones en bienes y servicios cada año. Es imposible mantener una relación comercial de esta envergadura sin que coterráneos nuestros utilicen el sistema financiero y legal panameño.

Por eso, mantengamos la perspectiva (y la cordura).

Entendiendo offshore, elusión y evasión: A raíz de este escándalo, varios términos se están utilizando de manera indiscriminada y algunos de ellos están siendo satanizados injustificadamente. Por ejemplo "offshore", que significa contar con un activo u operación en otro país o jurisdicción. Por ejemplo, yo siendo residente en EE.UU., cuento con una cuenta bancaria offshore en Costa Rica. Esto no me hace criminal. Y hay que decirlo: toda persona es libre de tener su plata donde mejor le parezca, sea debajo del colchón, en una caja fuerte, en una cuenta en el banco de la esquina, o en otro país. Nada lo obliga a uno a mantener en Costa Rica la plata que se ganó honradamente. Ahora bien, ciertamente hay gente que usa sociedades o cuentas offshore para eludir o evadir impuestos, lo cual nos lleva a la siguiente definición.

"Elusión" es tomar acciones por vías legales para evitar o reducir el pago de impuestos. Por ejemplo, ante la fecha límite para declarar impuestos en EE.UU. (15 de abril), este fin de semana iré a H&R Block, una empresa de asesoría tributaria, para que me ayuden a descontar al máximo mi cuenta impositiva. Ahí, yo estoy eludiendo impuestos. Cada vez que alguien hace uso de una exención o portillo legal para reducir la cuenta que le debe al fisco, está incurriendo en elusión, lo cual no solo no es un crimen, sino que no tiene nada de inmoral, puesto que uno no está obligado a pagar en impuestos más de lo estrictamente requerido por ley.

Hay que agregar que, entre más complejo sea el sistema tributario, más oportunidades brindará para la elusión. Y aquellas personas con más recursos para contratar a los mejores contadores y tributaristas serán los que más provecho le sacarán a la complejidad de las normas tributarias.

"Evasión" sí es un crimen, ya que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de evadir el fisco. Si se demuestra en esta filtración que empresas o individuos costarricenses usaron estos instrumentos legales para EVADIR (y nótese la diferencia con ELUDIR), entonces ahí sí corresponderá a las autoridades nacionales realizar las investigaciones y sentar las responsabilidades del caso.

Eludir, o incluso evadir, no es lo mismo que robar: He visto a mucha gente catalogar el impago de impuestos con robarle al Estado y a la sociedad. Dejemos algo claro: el Estado (ni la "sociedad") es dueña del dinero que uno produce. Robar implica el acto de apropiarse de algo ajeno contra la voluntad del dueño. Tratar de quedarse con el dinero de uno no es un robo.

Sí, evadir impuestos es un crimen. Uno cuenta con una obligación legal de pagar lo que la ley dictamina que uno debe. Pero esto en ningún sentido debería interpretarse como que el Estado tiene un reclamo moral sobre mis ingresos. Incluso cuando el dinero de uno pasa a manos del fisco, no deja de ser mío. No hay tal cosa como "recursos del Estado", sino de los contribuyentes. El Estado es un simple custodio y el gobierno es el administrador.

Una sociedad no puede funcionar sin impuestos y el Estado es el único ente que puede tener la legitimidad para despojarnos de un porcentaje de nuestros ingresos A CAMBIO de brindarnos ciertos servicios. Nótese el quid del asunto: no es que el Estado nos quita plata simplemente porque puede o le da la gana, sino bajo el entendido de que debe proveernos algo a cambio: justicia, salud, educación, transporte, etc. Y por supuesto que la LEGITIMIDAD del Estado a gravarnos cae proporcionalmente con el aumento en la percepción de deterioro de los servicios que recibimos a cambio de nuestros impuestos. En otras palabras, el gobernante viola este contrato social cuando incurre en corrupción y despilfarro.

Cuando en Costa Rica pagamos un impuesto al ruedo altísimo por carreteras que se encuentran entre las peores del planeta, ¿quién le está robando a quién? Cuando vemos que el dinero de los contribuyentes no se va a brindar servicios de calidad, sino a pagar salarios inflados que no guardan proporción con la realidad económica del país, ¿quién está asaltando a quién? Cuando Costa Rica se encuentra en la posición 118 entre 144 países en cuanto a la calidad del gasto público, según el último Informe sobre Competitividad Global, ¿con qué autoridad moral pueden acusar a los contribuyentes de robar por tratar de reducir su pago de impuestos? Cuando un candidato se lanza a presidente diciendo que no hace falta aumentar los impuestos, pero luego llegado a Zapote es lo primero que intenta, ¿quién es el que incurre en fraude?

Con la agenda tributaria del gobierno nos hemos topado: No había tardado en salir el primer tuit sobre los Papeles Panamá, y ya estaba la administración Solís diciendo que todo esto justifica su agenda impositiva, en particular su proyecto sobre defraudación fiscal que contiene el registro único de accionistas. Ya en La Nación expliqué por qué me opongo a esta iniciativa.

Prueba de que tener un registro de accionistas no habría hecho mayor diferencia en este caso, es que países que cuentan con ese instrumento salen en esta filtración con ciudadanos involucrados. En otras palabras, el registro único de accionistas es una falsa solución ante el percibido problema de las sociedades offshore.

Pero si algo podemos aprender de una filtración, es del peligro latente de tener información centralizada. En este caso, que Tributación cuente con la información completa de cada uno de los socios de las más de 500.000 sociedades anónimas registradas en el país, incluido el monto de su capital accionario, es una filtración esperando a ocurrir.

¿Cómo luchar contra la evasión? Hay dos maneras de luchar contra la evasión fiscal. Una es darle al Estado todos los poderes y herramientas legales que pide para poder levantar chingos, revisar colchones y no dejar una sola piedra sin voltear. Sin duda en Costa Rica hay gente que cree en este enfoque, y es por eso que abogan no solo porque Tributación tenga acceso irrestricto y directo a toda la información sobre accionistas en el país, sino también para que se elimine el secreto bancario y se le den poderes al fisco para embargar bienes sin que medie un proceso judicial.

Todo esto en el entendido de que estos poderes extraordinarios que atentan contra nuestra privacidad y derecho de propiedad nunca serán abusados. Basta con ver la arbitrariedad con la que Tributación actúa cada año en el cálculo y cobro del marchamo para tener una idea sobre qué podría ocurrir en este escenario. La realidad es que mucha gente sacaría su dinero del país, se llevaría sus negocios a otra parte y no solo Costa Rica terminaría empobrecida, sino que incluso el mismo Estado acabaría con menos recursos.

El otro escenario es hacer de Costa Rica un país atractivo para que la gente deje su plata aquí y no se la lleve a otras partes. Eso se logra con niveles impositivos bajos, un sistema tributario sencillo y sin tanto recoveco y, también, un Estado que invierte bien los recursos de los contribuyentes. Costa Rica se encuentra en la posición 80 entre 189 países en cuanto a la facilidad que brinda para el pago de impuestos, según el Banco Mundial (hemos mejorado porque el año pasado estábamos en la 119). La tasa impositiva total que paga una empresa promedio es del 58% sobre sus ganancias, más alta que el promedio latinoamericano (47,7%) y que de las naciones mayormente desarrolladas de la OECD (41,2%). Y como mencioné arriba, en materia de gasto el Estado costarricense destaca a nivel mundial por su despilfarro e inoperancia.

En mi opinión, la mejor manera de combatir la evasión es haciendo al país más atractivo al capital, bajando tasas y simplificando el cobro y pago de impuestos, además de mejorando significativamente la calidad del gasto público de tal forma que el contribuyente sienta que recibe servicios óptimos por sus tributos. Es posible que incluso en estas circunstancias habrá gente que buscará no pagar su parte. A ellos corresponderá responsabilizarlos como se debe.

En resumen, me temo que el escándalo que se busca hacer en nuestro país a raíz de los Papeles Panamá es parte de una ofensiva ideológica de quienes buscan engordar aún más a un Estado ya de por sí elefantiásico y además pretenden otorgarle poderes irrestrictos sobre nuestras vidas y propiedades. No es por nada que Albino Vargas lo llamó "un gigantesco insumo para nuestra lucha por la justicia tributaria". Tengamos una discusión seria sobre cómo reducir la evasión de impuestos, pero no hagamos cacerías indiscriminadas en el proceso o generalizaciones ideológicas. Las buenas políticas públicas surgen de discusiones sopesadas y no de efervescencias al calor del último escándalo en la prensa.

Publicado originalmente en el blog Por la libre del diario El Financiero (Costa Rica) el 4 de abril de 2016.

Desde la asunción el 10 de Diciembre de 2015 el gobierno se dedicó con absoluta razón y sin ninguna otra alternativa a sacar la basura debajo de la alfombra y ponerla sobre la mesa. Situación desagradable si las habrá. Inevitable y mal explicada. La proliferación de tarifazos, aumentos en naftas, transportes, energía, tipo de cambio, y las consecuentes remarcaciones de precios no es un plan económico. Es un intento desesperado de ordenar la casa.

La actual administración encontró una casa desordenada, inconsistente, con riesgo de venirse definitivamente a pique y con sendos rastros de haber sido saqueada. Una casa derrumbada por décadas, con las mismas miserias de la década anterior, que a su vez venían de otras décadas. Una casa en decadencia.

La primera función ante semejante desastre es poner las cosas en orden. Limpiar alguna que otra mugre (corrupción) y poner las cosas en su lugar. A eso se lo llama recomposición de precios relativos. Poner las cosas en orden o lo que es lo mismo recomponer los precios relativos en modo alguno no es agradable ni placentero. Tampoco constituye un plan económico en sí mismo sino el reconocimiento de un desastre anterior. Los tarifazos son claramente hijos de la herencia. Una herencia delirante donde el principal default fue conceptual.

Durante doce años un grupo de funcionarios y políticos nos hizo creer (y lucró con ello) que la gratuidad era una opción posible. Que no pagar los servicios, ni los transportes, ni la energía era una panacea nacional y popular. Y que para financiarlo era posible extraer recursos de algún sector castigado, de la emisión, de la deuda oculta o de alguna confiscación socialmente aceptada.

Este delirio alguna vez iba a terminar. Necesariamente iba a venir alguien a poner las cosas en su lugar, con todo el costo que ello significa. El ajuste es por demás doloroso. Obliga a cada familia a revisar sus presupuestos, ajustar los gastos, posponer decisiones de consumo y ahorro, etc. Las familias están pagando plenamente el precio de la fiesta. Una fiesta que en parte disfrutaron (la gratuidad de los servicios, en especial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires) y en parte no. Algunos se beneficiaron más que otros. Algunos llegaron a pesar el dinero.

Ahora viene el plan. Con los precios relativos puestos en realidad y toda la basura sobre la mesa y la decisión política de arreglar la casa lo que necesitamos ver es el plan económico de la nueva administración. ¿Cómo pensamos disminuir la pobreza? ¿Con más asignaciones y distribución del ingreso o con mejores oportunidades laborales y creación de riqueza? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas habitacionales? ¿Con planes de gobierno tipo Procrear o con millones de créditos hipotecarios ofrecidos por bancos privados a tasas internacionales y largo plazo? ¿Qué tipo de estado queremos? ¿Un estado proveedor de funciones básicas o un paternalismo chamuyero que miente más de lo que soluciona?

¿Qué impuestos vamos a cobrarle a la sociedad? ¿Vamos a insistir con los tributos actuales esquilmando a la población? ¿O vamos a un esquema tributario más bajo respetando el esfuerzo de los contribuyentes? Y por último, ¿quién va a seguir pagando la fiesta (pasada y presente)? ¿Seguirá siendo la sociedad o alguna vez pagarán los que hicieron del estado un auténtico botín?

De estas definiciones, del verdadero plan que pronto debería conocerse, depende que los actuales aumentos de precios, tarifas y tipo de cambio sean “de una vez y para siempre” y no el inicio de una carrera con final conocido.

Como en una película de suspenso en el momento menos pensado la bomba explotó por la investigación llamada los Papeles de Panamá.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung en asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —más de 100 medios de comunicacion— efectúo la investigación que ha sacado a luz las actividades de la empresa Mossack Fonseca, firma panameña especialista en crear compañías offshore para sus clientes.

El suceso al igual que una película tiene villanos y héroes. En esta los buenos son los periodistas que han destapado lo oculto. Entre los malos usuales está Vladimir Putin y sus amigos. 

Pero también han aparecido villanos inesperados. Nombres como Lionel Messi, futbolista del Barcelona FC y Sigmundur Gunnlaugsson, Primer Ministro de Islandia. Gunnlaugsson recientemente dimitió a su cargo después que 10.000 personas se manifestaran en su contra ante los señalamientos de finanzas fraudulentas.

Con esa protesta pública se manifiestan los verdaderos protagonistas de la historia: la población. 

La opinión pública parece condenar a cada persona cuyo nombre figure dentro del escándalo de los Papeles de Panamá, sin importar si su dinero ha sido bien habido o no. La población olvida que si una persona ha ganado honradamente su dinero, puede hacer con éste lo que desee. Eso incluye enviarlo al territorio que considere mejor para sus intereses.

Aquí es donde el guíon de esta película empieza a ser confuso y queda a discreción de los protagonistas juzgar a los héroes y villanos sobre el uso de los paraísos e infiernos tributarios. 

Usar un llamado “paraíso tributario” para crear una empresa es una acción totalmente legal.

El incentivo para crear una empresa es que esta rinda ganancias. En algunos países corre el riesgo que caiga en manos de presidentes arbitrarios quienes de un día para otro pueden notificar su expropiación. Tal vez no pase algo tan drástico, pero una empresa puede estar inscrita en un país donde los gobernantes cambian las reglas de juego. De poder hacerlo, ¿no quisiera cualquier persona inscribir su empresa en un lugar más estable?

¿Será que son ilegales estas acciones? ¿Se puede condenar moralmente a una persona que ha decidido legalmente usar su dinero de la manera que mejor le plazca?

Estas son las preguntas que el guion de esta película no contesta a simple vista. La investigación estima que más de 214.000 compañías en aproximadamente 200 países han utilizado los servicios de Mossack Fonseca. Nadie niega que muchas de ellas lo hayan hecho para ocultar dinero obtenido fraudulentamente. Pero, ¿se puede asegurar que el 100% de estas compañías han creado empresas offshore para ocultar movimientos ilícitos?

Como todo en la vida, dependiendo el uso que se le dé a una herramienta esta puede ser buena o mala. Las sociedades offshore en sí mismas no son poco éticas o ilegales. Esto parece ser olvidado por la opinión pública y por muchos de los reportajes periodísticos que inundan la red. Usar una sociedad offshore para lavar dinero u ocultar transacciones con criminales sí es incorrecto.

Los Papeles de Panamá muestran cómo funciona la competencia entre legislaciones. Ganan aquellos territorios cuya carga tributaria es baja y pierden los tienen una carga tributaria tan alta que en vez de atraer las inversiones las ahuyentan.

Este suceso puede servir de lección a muchos países: ¿por qué no cambiar las leyes tributarias para atraer inversión?

Cada día surgirá un nuevo ángulo de esta crónica. Los Papeles de Panamá son una muestra de la mutación del periodismo en la era digital: lejos están los días de Bob Woodward y Carl Bernstein cuyas fuentes eran entrevistadas cara a cara. Parece que en este tiempo las fuentes serán letras y documentos a través de una computadora. Los escándalos ya no son regionales, son mundiales.

La población parece clamar por un castigo a las personas cuyos nombres aparecen en esos documentos, pero no hay que olvidar que como en toda buena película de suspenso, el malo no necesariamente es quien lo parece a primera vista.

El 2007 estando en Caracas le pregunté a alguien qué opinaba de la decisión de Hugo Chávez de prohibir las telenovelas en su país. Yo esperaba una respuesta principista, pero lo que me contestó el señor fue que a él no le gustaban las novelas así que le parecía bueno lo hecho por el gobierno. Semanas más tarde, en Quito le pregunté al recepcionista del hostal su opinión sobre la decisión del presidente Rafael Correa de expulsar a los diputados opositores del Congreso. Nuevamente la respuesta fue decepcionante: los diputados de la oposición eran corruptos así que le parecía bien que los expulsen violentamente y se apoderen del Congreso.

A menudo escucho a la gente protestar por el egoísmo de los políticos, por su falta de principios y su tendencia a pensar en su propio bienestar antes del bienestar de la nación. Sin embargo los ejemplos anteriores muestran que la gente común no es muy diferente a los políticos, y que la gente no toma decisiones en base a principios universales, ni pensando en el bien común sino en el propio interés. Cuando en política apoyamos a candidatos o acciones, solamente en base a la utilidad que nos genera, y no a su justicia, entonces estamos permitiendo el ascenso de dictadores, mientras sus ideas concuerden con las nuestras. Si estamos de acuerdo que un gobierno prohíba la carne porque somos vegetarianos, o que prohíba los rábanos porque a nosotros nos desagrada su sabor, o el cigarrillo porque nos molesta el humo, estamos actuando en base a nuestra utilidad y conveniencia dejando de lado los principios y valores para juzgar la idoneidad de los políticos y sus acciones.

La actitud utilitaria, por cierto no es exclusiva de gente pobre o de baja educación. Entre los más ricos y mejor educados abundan quienes quieren protección del Estado, a través de subvenciones, barreras arancelarias, protección de monopolios, accesos preferenciales al crédito y una serie de privilegios. La premisa de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas es común entre los dueños de empresa.

Los políticos actúan de acuerdo a los incentivos de los votantes. Si los votantes demandan populismo, populistas tendremos. Si el votante elije de acuerdo a su utilidad inmediata y sacrifica los principios, si no demanda que los políticos actúen con honestidad, capacidad, justicia y apego a la ley, no puede esperar que los políticos sean honestos, capaces y justos.

Santa Cruz de la Sierra, 27/03/16