En este video respondo a los comentarios que surgieron luego de la publicación de mi artículo en La Nación (Costa Rica) acerca de reducir las pensiones de lujo que tienen algunos grupos privilegiados.

La reciente publicidad de una empresa de muebles, donde una modelo aparece desnuda ha despertado las reacciones más campechanas en el país. Los activistas han salido a criticar el spot como machista, degradante contra la mujer, llegando a pedir sanciones penales contra la empresa. Incluso el mismo defensor del pueblo ha acusado a la empresa de “cosificación de la mujer” y otros supuestos delitos. Tal vez el hecho de que un tipo mediocre que llegó al cargo por servilismo y para no molestar al partido de gobierno se involucre en la demanda, demuestra lo pueril de la misma.

Al parecer ciertos sectores de la sociedad creen que la empresa cometió un delito y quieren una sanción penal. Pero para que exista un delito debe existir una víctima y entonces viene la pregunta ¿dónde está la víctima? La modelo que participó del spot, es mayor de edad, posee plenas facultades mentales e hizo lo que hizo por una remuneración mutuamente acordada y con pleno conocimiento de los requisitos y las consecuencias de sus actos. Es más, ella está contenta con toda la repercusión mediática. Entonces ¿quién es la víctima? La respuesta que quieren dar algunos es que las víctimas son la mujer, todas las mujeres lo cual equivale a decir que nadie es la víctima.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mujer tuvo un rol de servidumbre y sumisión, algo que en realidad existe hasta nuestros días en mayor o menor medida de acuerdo a cada sociedad. Si el ideal es dar a la mujer igualdad de condiciones, pues ese ideal debe traducirse en libertad para las mujeres: libertad para ser modelos publicitarias y salir desnudas en un spot, libertad para ser ingenieras civiles, pilotos de avión, prostitutas, jugadoras de fútbol, dueñas de empresas, abogadas, políticas, etc. Los grupos que intentan criminalizar los spot sexistas lo hacen bajo el argumento de que quieren proteger y dignificar a la mujer. En realidad lo que hacen es robarle su dignidad al tratarlas como niños incapaces de tomar sus decisiones, quieren robarle su libertad y encasillarlas en un molde único de lo que ellos creen que debería ser el rol y la imagen de la mujer, de manera similar a como se las trataba en la edad media.

No hablo aquí de la calidad estética o moral del spot. Quienes lo consideren ofensivo, tienen todo el derecho a protestar y repudiarlo y expresar su descontento cambiando el canal y no comprando productos a la empresa. Pero entre el repudio civil y la criminalización del hecho existe una gran diferencia que quienes defienden la libertad y la dignidad de las mujeres no debemos cruzar.

Publicado originalmente el 27 de septiembre de 2016.

He seguido muy de cerca el proceso de paz de Colombia desde que fue anunciado hace 4 años.

Durante todo este tiempo he leído de cerca sobre lo negociado en La Habana, he hablado con docenas de colombianos (incluyendo uno de los negociadores), he visto de primera mano en Colombia la maquinaria mediática del gobierno de Santos, he participado en decenas de programas de Club de Prensa | NTN24 y otros medios donde se han comentado los pormenores del acuerdo, he organizado eventos en Cato con expertos a favor y en contra de lo negociado y he leído los puntos más importantes del acuerdo, en especial los referentes a la llamada justicia transicional. Así que nadie me puede acusar de brindar una opinión desinformada.

Un fenómeno que marcó las negociaciones desde su arranque es el hecho de que los sondeos de opinión mostraban de una manera muy contundente que los colombianos querían paz, pero también rechazaban por completo otorgarle impunidad a los líderes de las FARC. Resolver este meollo llevó al presidente Santos a decir que si los colombianos querían un acuerdo con las FARC, debían tragarse varios sapos, es decir, debían tolerar cierto grado de inmunidad.

Sin embargo las FARC fueron muy hábiles en su negociación y lo que Santos prometió que sería un proceso de "meses" desembocó en años. Las FARC sabían muy bien que en frente tenían a un presidente vanidoso cuya mayor ambición personal era ser galardonado con un Premio Nobel de la Paz. De tal forma, dilataron las negociaciones y sacaron concesiones cada vez más leoninas. Concesiones que, un pueblo desangrado por 52 años de guerra, no pudo tolerar.

"Nadie se sienta a negociar para ir a la cárcel", dijo alguien. Es cierto. La norma es que un acuerdo de paz involucra algún grado de inmunidad. Lo hemos visto en El Salvador, en Irlanda del Norte, y otros lugares. También es difícil pensar en inmunidad cuando hablamos de masacres, terrorismo urbano, reclutamiento de niños, secuestros, extorsión, abortos forzados de mujeres guerrilleras, etc. Muchos de estos son crímenes de lesa humanidad que en buena práctica de derechos humanos no pueden ser perdonados.

Pero el acuerdo de La Habana fue más allá de un simple perdón: le garantizaba a las FARC 26 escaños en el futuro Congreso, le otorgaba 31 frecuencias de radio, un canal de televisión y un centro de pensamiento financiado por los contribuyentes para que hicieran propaganda, establecía que la indemnización a las víctimas corría por cuenta de los contribuyentes colombianos y no de las FARC, cuyo capital se estima en $10.000 millones. Las FARC pasarían a ser el partido político mejor financiado y con una cuota de poder político significativa sin siquiera tener que obtener un solo voto a su favor.

En todo este tiempo siempre dije que la decisión final era de los colombianos. Y era una decisión que era mucho más compleja que simplemente querer paz o guerra, como lo ha querido caricaturizar la prensa extranjera. Hoy una mayoría de colombianos votó en contra de este acuerdo, pero les garantizo que ninguno votó por más guerra. Todos los colombianos que conozco que votaron por el NO son gente decente que aspiran a vivir en un país en paz, pero con justicia. Sin impunidad.

Antes de saltar a acusar a los colombianos de insensatos, guerreristas o compararlos con los votantes de Trump (el hombre de paja de nuestros tiempos), saquemos un tiempo para entender mejor las motivaciones de esa mayoría de colombianos que hoy dijo NO en las urnas.

Recientemente pasé unos días en EE.UU., concretamente en las ciudades de Nueva York y Boston. A raíz de mi estadía allí, cobré cabal conciencia de la estrecha relación que existe entre la cultura e ideas predominantes en una nación y la calidad de vida de sus habitantes.

Los primeros días al salir a la calle estaba tensa, cuidando atentamente mi cartera, escondiendo mis pertenencias y crispándome cada vez que alguien en moto o bicicleta se me acercaba. Asimismo, al caminar en medio de la muchedumbre trataba de no ser presa de posibles rateros. Esa actitud está tan incorporada a mi persona -a raíz de la inseguridad existente en Uruguay – que sólo me di cuenta de ello al notar con asombro, la conducta de los estadounidenses.

En efecto, el ambiente que se respira en los lugares públicos de las ciudades mencionadas, es de tranquilidad. En los restaurantes las mujeres dejan despreocupadamente sus bolsos en el suelo, incluso, abiertos. La gente está relajada. No se percibe ese estado de alerta continua que domina actualmente a los uruguayos; de desconfianza mutua que va enturbiando las relaciones sociales.

Obviamente que en EE.UU. hay delincuencia pero uno se siente a salvo en la calle. Algo a destacar, es que esa seguridad emana de una autoridad que ejerce su función sin hacer alarde de ello. Al Estado prácticamente no se lo ve físicamente aunque se deduce su presencia porque las cosas funcionan correctamente.

La seguridad pública es un tema fundamental para cualquier país. Ese factor es tan esencial para la calidad de vida de las personas, que constituye uno de los fines primarios del Estado. Es decir, que si no cumple correctamente con esa función, su existencia no tiene razón de ser. Los ciudadanos pagamos impuestos en el entendido de que ese dinero será usado por los gobernantes para brindarnos ciertos bienes públicos; la seguridad personal es uno de los más relevantes.

En Uruguay, el auge de la delincuencia vino de la mano de los gobiernos izquierdistas que nos gobiernan desde el 2005. Anteriormente uno de los activos que nuestra nación ofrecía al mundo, era precisamente la tranquilidad que reinaba en  estas tierras. Era una realidad que nos enorgullecía y que tornaba placentera la vida aquí, a pesar de que económicamente no era el lugar más recomendable para progresar.

Ya no es así. Los delitos han aumentado en cantidad y ferocidad. La violencia se nota en todas partes, hasta en el tráfico. Es usual que rapiñen a alguien cuando detiene su auto en un semáforo o cuando baja para entrar a su casa. A pesar de que la prensa no informa mucho sobre ese asunto, los copamientos de viviendas son frecuentes. Lo que los medios ocultan, se sabe por el boca a boca.

Esta situación no es una “tendencia mundial” como esgrimen excusándose nuestros gobernantes. La prueba es que en la mayoría de los países desarrollados ese tema está bajo control. La delincuencia se ha exacerbado debido a las ideas, el discurso, las prácticas y leyes aprobadas por los gobernantes izquierdistas.

Por ejemplo, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) su ministro del Interior, José Díaz, sostenía que los delincuentes eran “víctimas de la sociedad”. Afirmaba que la culpa de que cometieran delitos era de la sociedad uruguaya, porque había sido incapaz de ofrecerles oportunidades para que pudieran llevar una existencia honrada. En consecuencia, hizo aprobar la ley No. 17.897, titulada “Régimen Excepcional de libertad provisional y anticipada” que dejó libre a gran parte de los reclusos.

En aquel momento se levantaron voces advirtiendo la irracionalidad de esa norma y que los delitos se iban a disparar, como efectivamente sucedió.

La “doctrina Díaz” tiene sus seguidores. Lo prueba una reciente resolución de un Tribunal de Apelaciones que redujo la pena de un delincuente que en cinco años cometió 8 delitos, con el argumento de que al calibrar el castigo era necesario tener en cuenta  "la coculpabilidad social" porque el acusado no terminó Primaria y pertenece "a la clase social más desfavorecida".

Los habitantes de los países desarrollados en general y de EE.UU. en particular, asumen la responsabilidad personal. Los delitos se reprimen y se ejerce la autoridad. No se difuma la responsabilidad de cada quien con el sofisma de que la “culpa la tienen otros”. La víctima es la que sufre un delito y no a la inversa.

Podría decirse que ese aire de seguridad que se respira en Nueva York, se originó en un diagnóstico acertado de las causas de la delincuencia y en la consiguiente repuesta. Fue así que en 1994 su alcalde, Rudolph Giuliani, puso en práctica la doctrina de la tolerancia cero. Según esta postura, el camino a la criminalidad comienza con infracciones menores como por ejemplo pintar graffitis o beber alcohol en la vía pública, que con el correr del tiempo se van agravando. En consecuencia, no se dejan pasar y son sancionadas con severidad.

Actualmente, las autoridades de ciertos países desarrollados están mostrando el mismo ingenio para otorgar seguridad a los ciudadanos sin entrar en autoritarismos. Una de las iniciativas muestra un grado de creatividad increíble, dado que se basa en utilizar a favor la pokemanía.

La puso en práctica la policía de Manchester (New Hampshire, EE.UU.) con el objetivo de capturar a delincuentes prófugos. Se hizo circular por el Facebook de ellos el siguiente mensaje: “Atención a todos los jugadores de Pokémon Go: hemos descubierto recientemente que hay un Charizard en nuestra área de registro. Como el Charizard es un personaje tan excepcional, el número de personas que invitamos es limitado. Si tu nombre aparece en la siguiente lista, eres uno de los afortunados. Date prisa antes de que el Charizard se vaya".

Por su parte en Bélgica, la policía de Rotterdam planea utilizar a los jugadores de ese videojuego para que sean  "ojos adicionales", los ayuden a "cazar" delincuentes y a prevenir delitos en la ciudad. La idea es utilizar "cebos" especiales hecho con personajes de Pokémon, con el fin de atraer a jugadores a lugares donde se suelen cometer delitos y de ese modo desalentar a los delincuentes.

Fórmulas creativas para combatir la delincuencia que se basan en asumir la realidad tal como es y no sacarle el cuerpo a la propia responsabilidad.

Todo lo contrario de lo que hacen los gobernantes uruguayos que utilizan su ingenio pero para falsear la realidad, para atribuirse triunfos que no son tales. Desde el gobierno de José Mujica (2010-2015) en adelante, se modificó la forma de evaluar los datos de seguridad en el país. Anteriormente, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior realizaba reportes anuales y completos, con todos los datos sobre los delitos cometidos en el país. Ya no hay reportes periódicos ni continuidad preestablecida sino que se van difundiendo datos aislados, en la medida y oportunidad en que sean beneficiosos para el gobierno.

Ese cambio provocó que en 2011 Rafael Paternain –director del Observatorio- renunciara alegando de que “hay mucha confusión en la información que se presenta”. El experto cuestionó una práctica que se continúa haciendo hasta el día de hoy: "Hay una mezcla de tiempos, de geografía, de períodos y no se interpreta todo linealmente. El objetivo (del monitoreo) es evaluar el impacto de los operativos", pero de este modo es imposible.

Es obvio que la intención de Mujica y Vázquez ha sido presentar una realidad distorsionada con respecto a la seguridad pública. Ellos dirán que los delitos bajan pero lo cierto es que los ciudadanos sabemos bien, que estamos cada vez peor en ese aspecto. Por consiguiente, perdiendo aceleradamente calidad de vida.