Yo tengo la siguiente hipótesis: si Hugo Chávez, al llegar a la presidencia de Venezuela no hubiera hecho absolutamente nada, es decir, si no hubiera pasado ninguna nueva ley o decreto, hubiera dejado que las cosas sigan como estaban y simplemente se hubiera dedicado a robar, Venezuela estaría hoy en mejor situación. Mi hipótesis, como muchas en las ciencias sociales, es de imposible demostración ya que no podemos hacer experimentos controlados, pero existen indicios que apuntan a darme la razón.

Cuando Chávez llegó al poder, el precio del petróleo estaba en aproximadamente 20 dólares por barril y sin embargo no faltaba leche o papel higiénico en los hogares venezolanos, no había desabastecimiento y no había la crispación política actual. Hoy el precio ronda los 50 dólares, es decir un 150% mejor que cuando Chávez asumió la presidencia por lo que no tiene sentido atribuir la crisis venezolana a la caída del precio del petróleo. Ni siquiera considero que la crisis haya sido causada por el robo de las arcas del Estado por parte del chavismo.

La crisis venezolana es producto de malas políticas bautizadas bajo el eslogan de “socialismo del siglo XXI”; es producto del paulatino cercenamiento de la potestad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida y su propiedad, para decidir por ellos mismos qué necesitan comprar o vender y a cuánto, disponiendo libremente de su propiedad, sea esto papas, tomates, casas, vehículos o leche.

Estas prerrogativas que naturalmente le pertenecen al individuo, fueron paulatinamente usurpadas por el gobierno. Y para asegurarse que los ciudadanos no puedan ejercer el derecho de disponer de su propiedad como les plazca, el gobierno se llenó de mecanismos de control: de precios, de tipos de cambio, de importación, de producción, etc. Y como frecuentemente sucede en los regímenes socialistas, se crearon controles para controlar a los que controlan y se estructuró un Estado burocrático, policiaco, enemigo de la libertad y la producción. Maduro ha decretado que desde ahora los funcionarios públicos venezolanos trabajen solo 5 horas y media por día. Esto es una buena medida que va en la dirección correcta, aunque sería aun mejor para Venezuela y los venezolanos que Maduro decretase que los funcionarios públicos, incluidos él y la Asamblea, no trabajasen nada, se vayan a sus casas, devuelvan las libertades usurpadas y dejen a la gente en paz.

Usualmente se nos presenta al poder como sinónimo de dinero. Como Axel Kaiser de la Fundación Para el Progreso (Chile) explica aquí:

"El dinero es un medio de intercambio de bienes y servicios que siempre requiere de una voluntad concurrente para operar. Si usted hace algo por dinero lo hace voluntariamente, si lo hace con una pistola en la cabeza lo hace en contra de su voluntad. Lo primero no es poder, lo segundo si".

Kaiser se refiere en su artículo a una escena en la popular serie de Netflix "House of Cards". Esto me recordó a una escena de la taquillera película "The Dark Knight Rises" (2012) donde también se aprecia la cristalina diferencia entre tener poder y tener dinero. Bane, el villano de la película, le hace entender al millonario Daggett quién está a cargo realmente:

Aquí traduzco las partes relevantes del diálogo:

Daggett: "Quédate aquí, yo estoy a cargo".
Bane: "¿Te sientes a cargo?" (mientras le pone la mano detrás del cuello)
Daggett: (en voz baja) "Te pagué una pequeña fortuna".
Bane: "¿Y esto te da poder sobre mi?"
Daggett: "¿Qué es esto?"
Bane: "Tu dinero y tu infraestructura han sido importantes...hasta ahora"
Daggett: "¿Qué eres?"
Bane: "Soy el Día del Juicio de Gotham. Estoy aquí para acabar con el tiempo prestado del que han estado viviendo"
Daggett: "Tu...¡tu eres la maldad pura!"
Bane: "Soy el mal necesario"

La creencia de que un mayor gasto público social conlleva directamente a una reducción de la pobreza, ha llevado a muchos gobiernos a abusar de las arcas públicas y a hacer uso del discurso populista propio del Estado benefactor para, entre otras cosas, mantenerse en el poder. Argentina no es la excepción.

El abrupto aumento del gasto público en Argentina no logró reducir sustancialmente el porcentaje de personas bajo los niveles de pobreza. Por el contrario, durante los últimos tres años y según los estudios llevados a cabo por el Observatorio Social de la UCA, los niveles de pobreza han mostrado leves aumentos. A esta situación se le suma además las cuestionadas cifras presentadas del INDEC, que, al no revelar la verdadera inflación argentina, muestran que la pobreza ha disminuido significativamente a lo largo de la década kirchnerista.

La política de aumento del gasto público, impulsada en una primera instancia por el gobierno de Néstor Kirchner y luego seguida por Cristina Fernández, se ha intensificado a partir del año 2005. El incremento de las erogaciones públicas tuvo como destino subsidios al sector energético, pago a empleados públicos, la incorporación de más de cuatro millones de personas sin aportes al sistema previsional y planes sociales.

De esta forma, el gasto público creció más de 651% entre el año 2005 y 2013. Como muestra el gráfico anterior, el exorbitante aumento del gasto no se condijo con una marcada reducción de los niveles de pobreza. Del 33% de pobres que se registraban en 2005 según cifras del INDEC y de la UCA, en 2013 la cifra cayó al 26%. Esto significa que con más de $870 mil millones únicamente pudieron salir de la pobreza poco más de 3 millones de personas en casi nueve años.

Por otro lado, las cifras del INDEC, manipuladas desde el año 2007, arrojan resultados muy alejados de la realidad. Para el organismo internacional la cantidad de personas que lograron salir de la pobreza entre el 2005 y 2013 fueron 12 millones, cuatro veces más que las mediciones de UCA. Claramente debería recordarse que estas cifras son elaboradas por el mismo organismo que en el año 2012 afirmó que una persona podía comer con $6 por día.

Los últimos dos años del período ofrecen un análisis con particularidades que merecen puntualizarse. En el 2011, los datos de la UCA mostraban que el 23% de la población era pobre. Dos años más tarde esa cifra ascendió al 26%. Para el mismo período, el gasto público creció $400 mil millones. Esto significa que el aumento del gasto no solo no fue suficiente para al menos mantener los niveles de pobreza, sino que la situación empeoró a tal medida que un millón de personas se sumaron a los millones de argentinos que no logran satisfacer necesidades básicas.

Las cifras anteriores dejan a entrever que el aumento del gasto público no implica reducciones en los niveles de la pobreza. Como se ha indicado en informes anteriores, el camino hacia la mejora de la calidad de vida de las personas va más allá de meros subsidios sociales, que, en gran medida, son utilizados políticamente. Es necesario hacer hincapié en las instituciones. Si hoy en día nos encontramos en una situación en donde las estadísticas oficiales han sido bastardeadas por el intervencionismo estatal, poco podrá hacerse a fin de reducir la pobreza.

Actualmente el gobierno de Ecuador está desesperado por obtener financiamiento para mantener su política de expansión fiscal y afrontar los próximos pagos de deuda externa. En un contexto de precios de petróleo para el crudo ecuatoriano cayendo a un promedio de menos de $45 dólares y un dólar apreciado en lo que va del 2015, el gobierno dejó de financiar el 40 por ciento de las pensiones de los jubilados afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ante esto último algunos representantes del IESS propusieron que se incremente en un 20 por ciento el impuesto al rol de pagos para financiar el déficit actuarial generado de está manera que según el mismo Presidente Correa implica que el IESS quebraría en 20 años, mientras que para otros analistas en unos doce.

Lo inverosímil es que el mismo gobierno está imponiendo un plan masivo de viviendas valuadas en $70.000 dólares o menos para personas que todavía no poseen una. Este plan se financiaría tanto con dinero que le “sobra” al IESS como con los depósitos en los bancos del Ecuador. Si sabemos algo acerca de la última crisis financiera internacionales que golpeó a Estados Unidos y Europa Occidental es que está podría ser la semilla para afectar seriamente la salud financiera de los bancos. Toda está estrategia es, por supuesto, para ganar apoyo ante las elecciones del 2017.

El despilfarro fiscal durante estos ocho años ha tenido sus consecuencias. Este gobierno no pagó una porción de la deuda externa ecuatoriana en el 2008, y ahora está pidiendo dólares de donde vengan, otros gobiernos con China como su principal acreedor, multilaterales, el mercado de bonos internacional, bancos extranjeros, el IESS y hasta su propio banco central. Hace poco el gobierno colocó bonos por $750 millones a una tasa de interés del 10,5 por ciento con sólo cinco años de plazo, la tasa más alta y el plazo más corto otorgado comparado con otros países similares. El margen entre está tasa y un bono del Tesoro de Estados Unidos con cinco años de vencimiento es de 8,94 por ciento, el más alto en la historia financiera del Ecuador. Así de desesperados están. En la deuda que ellos no pagaron por calificarla de ‘ilegítima’ este margen rondaba el 6 por ciento.

Está versión latina de un Estado de Bienestar creada por la “Revolución Ciudadana”, financiada por el boom petrolero parece estar terminándose. Justo al mismo tiempo en que muchos ecuatoriano que emigraron a España después de la crisis de 1999 están regresando con o sin dinero luego de la crisis financiera que afectó a ese país. La irresponsabilidad fiscal es, nuevamente, la causa fundamental como sucedió en casos similares en Grecia. Lamentablemente, está vez puede haber otra víctima: el dólar americano.

Adicionalmente, el ataque al dólar en Ecuador viene del frente financiero. Desde el pasado septiembre (2014) el gobierno y la asamblea han aprobado varias leyes y regulaciones cuyo principal objetivo es utilizar los depósitos del sistema bancario como se lo mencionó antes. Entre estos cambios los más importantes son: la creación del monopolio de la billetera electrónica por el Banco Central, la creación de una Junta Monetaria y Bancaria que tomará decisiones importantes y supervisará que los bancos cumplan con sus dictámenes de hacia donde deben dirigir los depósitos de todos los ecuatorianos, y la centralización de reservas en el Banco Central tanto del dinero papel como electrónico. Este último tipo de dinero, además, puede estar respaldado incluso por pasivos del Estado. Todo esto para seguir en está continua campaña electoral y así mantenerse en el poder, destruyendo la economía y la democracia. ¿Hasta cuándo durará?

Varios países de Latinoamérica afrontan serios problemas económicos. Argentina, por ejemplo, no sólo tiene serios desequilibrios, sino que en pocos meses tendrá elecciones presidenciales asumiendo la próxima administración en diciembre de este año. La salida de gobiernos populistas suele venir acompañada de un serio deterioro económico y esto genera el debate de si las reformas de política económica deben hacerse rápidamente (shock) o de a poco a medida que van teniendo efecto (gradualismo).

En esta nota de Infobae repaso el debate entre shock vs gradualismo y comento sobre tres casos generalmente referenciados de políticas de shock: Chile (1975), Bolivia (1985), y Polonia (1989).

"Llevar adelante reformas de manera gradual o mediante shock es un debate que va ganando presencia entre los candidatos presidenciales. Si bien ninguno es explícito sobre este tema, algunos candidatos hablan de, por ejemplo, quitar el cepo y eliminar la inflación rápidamente, otros, de tomarse varios meses o toda una gestión presidencial para bajar la inflación a un dígito. En síntesis: “shock” versus “gradualismo”.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo".

Acá pueden leer el artículo completo publicado en Infobae.

Esto parece sacado del libreto de otra película basada en la novela de George Orwell 1984 pero no, lamentablemente es la nueva propaganda de la Secretaría de Comunicación de la presidencia del Ecuador (SECOM). Aquí abajo les pongo el video de la misma y la espeluznante letra del jingle.

Este spot viene a ser la última de las múltiples propagandas en "neolengua" o "nuevahabla" que suele producir la poderosa SECOM. En un año en que el modelo estatista de la llamada "Revolución Ciudadana" hace agua (dependía de condiciones externas inusualmente positivas) y el gobierno se ha visto en la obligación de reducir el gasto público, a la SECOM le han aumentado su presupuesto de $39,8 millones a $42,9 millones.

Si esto es una dictadura, nos estuvieron engañando
Hasta hace poco yo creía, que un dictador era un tirano
Yo lo que veo en las calles, es un país que está cambiando

Si esto es una dictadura
Es porque les está dictando el corazón

Recuperamos la esperanza, que nos estaban robando
Recuperamos la auto estima, palmo a palmo trabajando
Redescubrimos la riqueza, del suelo que cultivamos

Si esto es una dictadura
Es porque les está dictando el corazón

Si esto fuera una dictadura, sería la dictadura del amor
La dictadura del Pueblo, Patria y Revolución
La dictadura del progreso y la educación

Si eso es una dictadura
Es porque les está dictando el corazón

Por todas partes se respira, aire revolucionario
Avanzamos somos Patria, somos el sueño de Alfaro
Recuperamos el orgullo, de sentirse ecuatoriano

Si esto es una dictadura
Un aplauso para el corazón que con amor está dictando

Hay una polémica en pleno desarrollo en EE.UU. por la exigencia de empleados, principalmente de Mc Donald’s, para más que duplicar el salario mínimo que cobran y llevarlo a 15 USD por hora. Devenido en un movimiento denominado #FightFor15, el 15 de abril convocó masivas manifestaciones en las principales ciudades de EE.UU.

Por nuestros lares, el gobierno anuncia con bombos y platillos cada vez que aumenta el Salario Mínimo Vital y Móvil. Es que, al menos en términos nominales, este subió desde mayo de 2003 un 2258%. Si se mide a dólar blue, la suba fue de un más modesto pero nada despreciable, 424% en estos 12 años.

Ahora, si bien esto debería ser motivo de festejo para referentes intelectuales del intervencionismo estatal, ya que supuestamente un mayor salario mínimo beneficia a los trabajadores en desmedro de los capitalistas, vale la pena leer las reflexiones del nuevo gurú del redistribucionismo, Thomas Piketty, acerca de este asunto.

En su nuevo libro, La economía de las desigualdades, busca la manera más óptima para redistribuir ingresos y, en ese marco, opina sobre la suba del salario mínimo, cuyas consecuencias juzga “nefastas para el trabajo”. En la página 56 de la obra afirma:

Si se busca redistribuir las ganancias del capital hacia el ingreso del trabajo al aumentar el salario que las empresas pagan por trabajador --y, por lo tanto, aumentar el precio del trabajo--, eso hará que las empresas y la economía en su conjunto utilicen menos trabajo y más capital y, luego, que el volumen de empleo baje y la parte del trabajo en el ingreso total aumente menos de lo que hubiera indicado la suba salarial inicial.

Como conclusión: a veces se dice que “hasta Hayek defendía un ingreso mínimo universal” (lo que no es cierto). Muy bien, ahora podremos decir también que “hasta Piketty reconoce los problemas de la política de aumento del salario mínimo”.