Cuenta la historia que, en una ocasión, el ministro francés Colbert le preguntó a un grupo de fabricantes qué podía hacer por la industria. Un fabricante llamado Legendre contestó: "¡Laissez-nous faire!" (¡Déjenos trabajar!). El valiente fabricante hacía alusión a las asfixiantes políticas llevadas a cabo por este ministro y el gobierno absolutista de Luis XIV, quienes, siendo los primeros partidarios del estatismo moderno, creían que las reglas gubernamentales pueden crear prosperidad, con lo que implementaron incontables controles y minuciosas reglas que terminaron sofocando la actividad empresarial, y el resultado fue un deprimente fracaso.

Trayendo la lección al presente: debemos ser capaces de ver que la solución a nuestros problemas no pasa por elevar impuestos a las "grandes empresas", entregar la educación al Estado o combatir la desigualdad con más intervencionismo estatal, sino que, por el contrario, la solución está en arrancar poder al Estado para devolverlo a las personas: que no intervenga beneficiando a determinadas empresas, asfixiando con esas regalías a quienes quieren emprender y competir; que no dicte lo que los colegios deben enseñar, castrando toda creatividad e innovación; que no haga que sea más beneficioso quedarse en la casa antes que salir y trabajar, borrando el esfuerzo que nos ha caracterizado como país. Gritemos: "¡Laissez-nous faire!"

Recordemos que eso que llamamos Estado no es un ente que funciona por sí solo, sino que es manejado por esos mismos políticos que tan mal calificamos en las encuestas. Así mismo deberíamos desconfiar de éste.

Esta carta al editor fue publicada originalmente en El Mercurio (Chile) el 30 de enero de 2012.

Dime a quién le pedís consejo y te diré a cuál despeñadero nos querés llevar. El vicepresidente Luis Liberman ha llamado “miopes” ha todos aquellos que por algún motivo no entendemos las bondades del paquete de impuestos que impulsa la administración Chinchilla. Sin embargo, el gobierno encontró esta semana a alguien que sí entiende: Georgious Papandreou, el fatídico ex primer ministro socialista de Grecia quien tuvo que renunciar a su cargo hace unos meses por la manera incompetente en que lidió con la crisis fiscal de su país.

Papandreou estuvo de visita en el país esta semana en el marco de la conferencia de la Internacional Socialista, de la cual él es presidente. Como reportara ADN Radio, luego de dar el discurso inaugural de la conferencia, Chinchilla aprovechó para pedirle consejos sobre temas fiscales a Papandreou. ¡A qué árbol se arrimó la presidenta!

Recapitulemos antes lo acontecido en la nación helénica: Papandreou llegó al poder en octubre del 2009 bajo una plataforma política que prometía más gasto y beneficios sociales. El problema es que al asumir el mando, descubrió que su antecesor, el conservador Kostas Karamanlis, había cocinado los libros y le había heredado un desastre fiscal de enormes proporciones. El déficit fiscal era mucho peor de lo que se esperaba, a un 12,7% del PIB. Sin embargo la debacle griega no fue el resultado de un gobierno en particular, sino de todo un modelo económico socialdemócrata, impulsado por gobiernos socialistas y conservadores por igual, que siempre enfatizó al Estado sobre el mercado, como bien lo describiera el periodista Takis Michas en un artículo publicado en La Nación hace un par de años.

Papandreou inmediatamente tuvo que pedir ayuda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional para salir del atolladero. A cambio de sendos rescates económicos, la UE y el FMI demandaron que Atenas implementara un fuerte programa de austeridad que involucraba privatizaciones, recortes de gasto y aumentos de impuestos. El socialista Papandreou se puso manos a la obra. ¿Dos años después qué había sucedido? A pesar del discurso de austeridad, Papandreou enfocó su programa de consolidación fiscal en aumento de impuestos y no recortes de gastos, al punto que en diciembre el FMI advirtió el margen de maniobra para seguir incrementando impuestos se había agotado. Mientras, las privatizaciones nunca se hicieron, y los recortes fueron simbólicos. Por ejemplo, The Economist señaló en su edición de hace dos semanas que de los 470.000 griegos que han perdido su trabajo desde el 2008, ni uno solo vino del sector público. El aumento de impuestos y la incertidumbre producto de la inminente bancarrota del estado griego ha contribuido a que la economía de ese país se contrajera en 12.5% desde el 2008 y se espera que caiga 3% más este año. La incapacidad de Papandreou de arreglar las finanzas de Grecia —el déficit fiscal del 2011 al final fue mayor al del 2010— terminó sacándolo del poder luego de que sus socios europeos perdieran la confianza en él.

Al igual que Papandreou, Laura Chinchilla llegó al poder para descubrir que le habían heredado un desastre fiscal (el gobierno del cual ella fue vicepresidenta, no olvidemos). Y al igual que Papandreou, Chinchilla se rehusa a hacer recortes de gasto y enfatiza la consolidación fiscal en aumentos de impuestos. Y al igual que Papandreou, Chinchilla amenaza con llevar al país al despeñadero si logra que le aprueben su paquete de impuestos. No es de sorprender entonces que Papandreou declarara públicamente que apoya el “plan fiscal” del gobierno. Por su parte Bernal Jiménez, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), felicitó a Papandreou por la manera en que manejó la crisis griega. El ex gobernante helénico debe estar pensando seriamente venirse a vivir a Costa Rica, el único país donde se le trata como todo un estadista.

Como escribiera hace 2 años, el déficit fiscal que dejó la administración Arias amenaza con convertir a Costa Rica en la Grecia Centroamericana. La diferencia es que Costa Rica siempre puede recurrir al Banco Central para financiar el gasto del gobierno —una amenaza que ya ha hecho explícita el presidente del BCCR (Banco Central de Costa Rica). Grecia, al adoptar el euro, renunció a esa posibilidad. Esta semana nos quedó claro que la administración Chinchilla y el gobernante Partido Liberación Nacional ven a Grecia como el modelo a seguir. Que el último en salir apague la luz…

Uno escucha con cierta frecuencia la analogía del presidente como padre y al resto de los ciudadanos como los hijos a los que tiene él que cuidar.

La relación padre-hijo implica poder y posesión. El padre, por lo menos hasta cierta edad, es dueño y responsable absoluto del hijo. Un padre ordena a su hijo qué comer, cuándo dormir, estudiar y divertirse, cuáles programas de televisión mirar, etc. El padre tiene potestad sobre el hijo y le inculca sus valores. Además el padre manda y el hijo obedece.

La relación padre-hijo no es análoga a la de presidente-ciudadanos. No es, ni debe ser la potestad del presidente decirnos que programas de televisión mirar o que valores morales adoptar. El balance de poder no es el mismo. Mientras un padre tiene tuición casi absoluta sobre sus hijos, la cual solo puede ser revocada en casos extremos de abuso y abandono, el presidente no tiene tal tuición sobre el resto de los ciudadanos (con la excepción de las dictaduras).

La noción de que el presidente es como un padre de los ciudadanos es peligrosa por dos motivos. El primero porque implica que el presidente tiene poderes casi absolutos, como lo tiene un padre con su hijo. Y la historia es por demás de contundente con respecto a los abusos que cometen los gobernantes que acumulan tal poder. El segundo motivo es que incentiva al ciudadano a convertirse en irresponsable y dependiente del Estado. Hacer del presidente un padre, implica equiparar a ciudadanos adultos con niños. Implica que miles de personas adultas no tienen la capacidad de pensar, de razonar y decidir lo que está bien o mal y que necesitan de un quien los guíe. Por supuesto para quienes quieren vivir a costas del Estado, esta situación de sentirse hijos es conveniente (que el papá Estado les dé de comer sin trabajar o trabajando para el Estado que muchas veces es lo mismo). Sin embargo la mayoría de los ciudadanos nos valemos por nosotros mismos y no aceptamos que el Estado nos trate como niños ni se atribuya funciones que no le pertenecen.

Más adecuado es comparar al presidente con un gerente de empresa. El gerente no manda sobre los dueños de la empresa, sino que al contrario, debe rendirles cuentas. El gerente tiene la potestad para decidir sobre ciertos asuntos de la empresa, pero enmarcándose en las normas internas, así como un presidente no puede estar por encima de la constitución y las leyes. Por último un gerente toma decisiones en nombre de los propietarios, pero solo en aquellos aspectos en los que los propietarios se lo permiten. Esos aspectos se enmarcan en el manejo de la empresa y no van más allá: un gerente no les ordena a los propietarios cómo deben vestirse, qué hacer con sus utilidades o qué hacer en sus momentos de ocio. De la misma manera los dueños del país y del Estado somos todos los ciudadanos. Como dueños delegamos ciertas funciones a los políticos y los elegimos mediante elecciones: los hacemos gerentes de nuestro país.

Entender que el rol de un presidente se asemeja más al de un gerente que al de un padre es vital para entender hasta donde deben llegar los límites de su poder.

Luego de muchos meses de no publicar datos oficiales acerca del número de asesinatos relacionados al crimen organizado, el gobierno mexicano anunció ayer (en inglés) que en los primeros nueve meses del 2011, 12.903 personas murieron en episodios de violencia relacionada al narcotráfico. Las autoridades mexicanas, batallando para darle un giro positivo a la noticia, señalaron que la cifra revela una disminución significativa en el ritmo de crecimiento de la tasa de homicidios con respecto a años anteriores.

La táctica es similar a la contabilidad creativa (en inglés) de Washington cuando se trata de “recortes” de gasto: el gasto continúa aumentando, pero a un ritmo menor que el estipulado originalmente. Por lo tanto, el gasto ha sido “recortado”. De igual forma, el número de personas asesinadas en la guerra contra las drogas de México continuó aumentando en 2011, pero a un paso menos acelerado que en el 2010. Por lo tanto, la tasa de homicidios ha disminuido. Además, el aumento del 11 por ciento en la cantidad de asesinatos en el 2011 tiene como base el 2010, año en que se rompieron todos los récords de violencia.

* Cálculo de la BBC.
Fuente: Oficina del Fiscal General Federal de México.

De acuerdo a un cálculo de la BBC (en inglés), el número total de muertes relacionadas a las drogas en el 2011 fue de aproximadamente 16.700 personas. Eso significa que más de 51.000 personas han sido asesinadas en México desde que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006. Y el número podría ser todavía mayor (en inglés).

Como dijo (en inglés) el ex canciller mexicano Jorge Castañeda en noviembre durante la conferencia de Cato “Acabando con la guerra mundial contra las drogas”, el número de personas asesinadas en la guerra contra las drogas en México pronto igualará al número de estadounidenses que murieron en Vietnam. Y recordemos que la población de México es un tercio de la de EE.UU. y que el conflicto en Vietnam duró el doble de lo que lleva la ofensiva contra los carteles de Calderón.

La principal preocupación para el 2012 no es que los asesinatos relacionados con las drogas se estabilicen en una tasa alta —aunque eso sería terrible— sino que la violencia llegue a otras zonas del país que han mantenido una paz relativa, como Ciudad de México. Si eso ocurre, a las autoridades mexicanas se les dificultará todavía más identificar “victorias” en su guerra contra el narco.

Había una vez, en una tierra cálida y de sol, una enorme empresa en la que los empleados se burlaban de sus jefes y accionistas. Cuando se animaban a presentarse, llegaban tarde al trabajo. Se aprovechaban con descaro de los recursos de la empresa, adquiriendo bienes que solo los favorecerían a ellos y no a los millones de accionistas que la empresa tenía como último fin beneficiar. Algunos, tenían la desvergüenza de llegar borrachos a su trabajo, y con excusas que casi nadie creía, lograban huir de las consecuencias de sus bochornosos actos.

A los encargados de las cuentas de la empresa, se les habían acabado los polvos mágicos del sentido común y parecían no haber aprobado ningún curso de finanzas al permitir que los gastos fueran muchísimo mayores que los ingresos, apoyándose en una deuda sobre otra. El problema, seguramente, se debía a que nunca le entendieron bien el concepto de deuda a sus profesores, y seguramente se imaginaban que equivalía a un pozo mágico e infinito de dinero que no había que devolver nunca. La mayoría de gastos además, no iban dirigidos a apoyar las actividades productivas: cuando más se necesitaba aumentar las capacidades de producción e invertir en nuevas y mejores máquinas, se gastaba en pintar los edificios, y comprar inmobiliario de oficina. También se destinaban bastantes fondos en complacer los deseos y caprichos de muchos de los amigos de los empleados, con el fin de quedar bien con ellos, prefiriendo eso a cumplir con sus deberes frente a los accionistas de la empresa.

Sin necesidad de continuar con el cuento, que más parece historia de terror, cualquier lector podría imaginarse que la empresa no iba en el rumbo del éxito, sino de la perdición total. En este cuento, al que le sobran las brujas y dragones, y que carece de héroes, parecería además que los accionistas, y por lo tanto, jefes, se merecen los malos tratos de los que son víctimas por el letargo de ingenuidad y apatía en el que se encuentran sumergidos y que los deja inertes ante los abusos y saqueos que se efectúan con sus contribuciones.

La ventaja de este cuento es que, aunque parece fácil de prever, el final no está escrito todavía. Depende en gran medida de que de despierten los accionistas del letargo de cuento de hadas en el que se han encontrado desde hace muchos años permitiendo en mayor o menor medida los horrores antes descritos. Depende de que algunos de estos accionistas se vuelvan héroes, dispuestos a hacer las cosas de diferente manera y venzan las tentaciones del poder con las armas de los ideales. Depende de que al salir del letargo, los accionistas se decidan a ser más activos en la supervisión de sus empleados. Depende de que los empleados que incumplieron reglas importantes paguen las consecuencias, para sentar un precedente y que el cuento se convierta en la amenaza con la que hacen comer a los niños y no en el contenido diario de los periódicos.

Este cuento, que no es más que la triste realidad en la que se encuentra el país, tiene como protagonistas y autores a la ciudadanía, los verdaderos accionistas de la gran empresa que implica sacar adelante a El Salvador. Solo falta que salgamos del letargo, del que no nos va a sacar el beso de ningún príncipe, sino la responsabilidad ciudadana y la concientización sobre nuestros derechos. Este es un cuento, en el que el “felices para siempre”, depende de nosotros. ¡Feliz 2012!

Publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 8 de enero de 2012.

Una de las principales críticas que nos hacen a los liberales es nuestra supuesta indiferencia ante los pobres. Esta percepción nace del hecho de que los liberales nos oponemos a gran parte del llamado “gasto social” del Estado. Para nosotros, en lugar de regalarles cosas a los pobres, el Estado debería facilitar que estos puedan trabajar y salir adelante mediante sus propios medios. En resumen, es la parábola de que en lugar de regalar pescado, hay que enseñar a la gente a pescar. Esto no significa que los liberales nos opongamos por completo a toda ayuda social. Friedrich Hayek, premio Nóbel de economía y uno de los principales exponentes del liberalismo en el siglo XX, enfatizaba la necesidad de que el Estado brinde una “red de protección social” para aquella gente que no puede valerse por sí misma. Milton Friedman, otro Nóbel de economía, promulgó la idea de un “impuesto de renta negativo” mediante el cual la gente que gana por debajo de un nivel mínimo de ingreso recibe una transferencia del Estado en lugar de pagarle impuestos a éste. Sin embargo, en todos estos casos, la ayuda estatal debe ser la excepción, no la regla.

En Costa Rica hemos apostado por un abotagado Estado Benefactor que, según el último estimado, comprende 44 programas contra la pobreza llevados a cabo por 24 instituciones públicas y que en el 2010 gastó aproximadamente $976 millones, o el equivalente de 2,2% del PIB. Este Estado de Bienestar se ha convertido en un artículo de fe de la clase política costarricense. Cada campaña electoral nos trae la promesa de un nuevo programa social. Oscar Arias nos trajo “Avancemos”. Laura Chinchilla la “Red de Cuido”. Cualquiera que ose proponer la eliminación de uno de estos programas o a tratar de racionalizar el gasto es rápidamente acusado de ser un desalmado “neoliberal”.

¿Está funcionando todo este gasto social? Las estadísticas no mienten. Costa Rica lleva casi dos décadas en que el nivel de pobreza no baja del 20% de la población. Más bien en los últimos 3 años ha experimentado un ligero aumento. Y hoy El Financiero reporta que Costa Rica es el segundo país en América Latina donde más ha crecido la desigualdad en la última década. Docenas de programas estatales y cientos de miles de millones de colones en gasto social no están haciendo mella en el nivel de pobreza que ostenta el país. ¿Nos sorprendemos? En lo absoulto. En diciembre un informe de la Contraloría señaló que el Estado no sabe en qué se está gastando toda esa plata destinada a la lucha contra la pobreza. Ana Isabel García, ex viceministra de Desarrollo Social, afirma que “No hay manera de saberlo. Costó dos años determinar que había 44 programas. Pero nadie sabe si la ayuda llega a quien lo necesita, ni si esa ayuda hace bien”. Mientras tanto, la pobreza en Costa Rica permanece incólume y la desigualdad va en aumento.

Mi diagnóstico es simple: En Costa Rica tenemos una clase gobernante a la que le interesa que los pobres estén inscritos en las planillas del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) en lugar de que salgan adelante honradamente mediante el trabajo. Una razón puede ser que estos políticos ven condescendientemente a los pobres como gente inútil que no puede ganarse el sustento por sí solos y necesita ayuda. Otra teoría más cínica (y creo que más realista) es que a la clase política le interesa contar con un segmento importante del electorado que dependa del asistencialismo y, por ende, sea susceptible al clientelismo.

El Estado es el principal agente empobrecedor en nuestro país: Les encarece los alimentos básicos a los más pobres mediante el proteccionismo agrícola. Les dificulta poder ganarse su sustento mediante mil y una regulaciones que les imposibilita poder ponerse un negocito. Les licúa sus ingresos a través de la inflación. Les niega un título de propiedad sobre los terrenos que habitan. El sistema mercantilista que Costa Rica ha adoptado de 1985 a la fecha ha generado un crecimiento anual promedio de la economía del 4,7% sin que la pobreza baje del 20% desde 1994 y con una desigualdad en crecimiento. No hay que ser brujo para llegar a la conclusión de que los beneficios de este crecimiento no están llegando a las clases más desfavorecidas.

La interrogante radica en cómo hacer para que los pobres se beneficien del crecimiento de la economía. La respuesta de las autoridades es que debemos gastar más en programas sociales y para eso necesitan más impuestos. Los liberales sostenemos que la mejor manera de ayudar a los pobres es permitirles que salgan adelante por sus propios medios sin tanta traba por parte del Estado. La evidencia es contudente en que aquellos que defienden el Estado de Bienestar lo hacen más basados en un acto de fe que en resultados concretos.

Si por los burócratas fuera, los tentáculos del Estado llegarían a cada rincón de nuestras vidas, regulando, supervisando, controlando todo para alcanzar un mundo mejor. Lo curioso, lo irónico es que el mismo Estado que regula las actividades de otros, cuando es comparado precisamente con aquellos a quienes regula, resulta ser el peor de todos. Me explico mediante ejemplos.

Por regulación estatal, los bancos en Bolivia no deben permitir que una persona espere más de media hora para ser atendida, caso contrario puede presentar una queja. Lo curioso es que no existe institución estatal donde uno haga una cola menor de media hora. Ir a Tránsito, Identificación, Ministerio de Trabajo, Caja de Salud o a Migración requiere sacrificar medio día sin trabajar. Y mientras en los bancos uno espera adentro con aire acondicionado y en cómodas sillas, con el Estado uno espera afuera, parado y no tiene a quien quejarse.

Mientras los colegios y universidades privados producen las mentes más brillantes del país, los empresarios más productivos, innovadores y generadores de fuentes de trabajo, en los colegios fiscales apenas aprenden a leer y escribir y no se puede soñar con que los jóvenes salgan con nociones de cálculo diferencial, idioma inglés o siquiera un nivel de redacción y comprensión aceptables. Y sin embargo es el Estado productor de colegios y universidades mediocres el que impone normas y regula la actividad de la educación privada. En la salud sucede algo similar.

Mientras que al Estado se le ocurre poner un ingenio azucarero donde no hay caña o hacer inmensas fábricas de leche donde no hay vacas, despilfarrando así millones de dólares del dinero de todos, los productores arriesgan sus capitales para producir la leche y el azúcar que alimentan al país, cuando les va mal pierden su propio dinero, y no el dinero ajeno y cuando ganan reinvierten, incrementando la producción y generando más fuentes de empleo. Y sin embargo es el Estado, campeón de la ineficiencia, quien regula y controla a los productores.

Y el Estado que regula a los demás, resulta ser el más chambón de todos, el que peor servicios brinda, el que más caro cobra por sus productos, el que más tiempo hace perder a sus usuarios, el que más errores comete, el que hace los peores negocios. Y cuando uno ve esto, se da cuenta que el Estado regulador es similar a un pirómano encargado del departamento de bomberos o a un pillo como jefe de policías. Entonces vale preguntarse ¿quién regula a los reguladores?