Un periodista británico escribía hace días que existen pocas cosas más ineptas que un comité de expertos. Individualmente, argumentaba el columnista de The Telegraph, Fraser Nelson, se puede encontrar brillantes científicos, escritores y abogados, pero ponerlos juntos hace que su experticia descienda a un pensamiento grupal.[1] Nelson señalaba esto en el marco de una carta abierta firmada por 150 académicos de la Universidad de Cambridge explicando las razones por las que el Reino Unido debería permanecer como miembro de la Unión Europea, decisión que tomarán los británicos en junio mediante referéndum. Nelson explicaba que esta carta es parte de la estrategia del Primer Ministro británico, quien apoya la permanencia. Este grupo de académicos seguramente busca que los votantes comunes puedan estar seguros que 150 eruditos hicieron el ejercicio de pensar por ellos y llegaron a una respuesta estudiada, y por lo tanto, correcta.

Esto mismo pasa con la Asamblea Nacional en Ecuador. Me refiero al grupo de eruditos que jamás se ha opuesto a un proyecto orquestado por el Ejecutivo. No hay duda que su erudición ha descendido a un pensamiento grupal y esto no fuera un problema si ese pensamiento no hubiera tenido a nuestra economía pre-terremoto en recesión. Las cosas por su nombre: los shocks externos sólo agravaron una crisis que ya tenía al sector privado paralizado, convirtiendo a estos shocks en convenientes excusas. Las medidas que se votaban en la Asamblea previo al terremoto, ya buscaban enmendar una crisis o, en palabras de los expertos, “equilibrar las finanzas públicas”.

Un mes después de un terremoto que sacudió aún más la economía, es imperativo dinamizarla, pues es evidente que el gobierno no puede solo. Lo correcto entonces sería darle los incentivos a las empresas para que creen riqueza y empleos. Necesitamos que inversionistas y aquellos con altos patrimonios, inviertan a nivel local. Para ello debe captarse capital extranjero nuevo y permitir repatriar capitales que huyeron por medidas tributarias no competitivas. Esto es categórico porque hoy el gobierno ni siquiera es capaz de pagar a sus proveedores, por lo tanto, que asuma todo el peso de la reconstrucción, por muy “solidario” que suene, es una mezcla nociva entre necedad y soberbia.

Una vez planteado el problema, ¿cómo las medidas post-terremoto de nuestro comité de expertos son gravar más el consumo y el patrimonio? La economía básica dice que un incremento del impuesto sobre el consumo (IVA) puede reducir el consumo e incluso llevará a consumir en otros países con menor tributación. Una baja tributación puede aumentar la recaudación porque incentivará la actividad, incluso atrayendo empresas extranjeras, incrementará el consumo y disminuirá la evasión. Respecto a los impuestos al patrimonio, estos trasladan a los inversionistas a otros países con menor tributación. Podría pensarse que si van a evadir, pues qué más da que se vayan, pero la realidad es que al tener un ritmo de vida alto, son las que más consumen en proporción y generan una recaudación por IVA elevada. Así, países con bajos impuestos sobre el patrimonio consiguen una alta recaudación ya que compensan menores ingresos de las rentas del capital con altas recaudaciones de IVA.

Esos son los hechos y la teoría económica. Juzgue usted mismo a nuestros asambleístas eruditos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 23 de mayo de 2016

Nota:

[1] The endorsement of celebrities, scientists – even the Queen – will make no real difference to the EU debate. The Telegraph. 10 Marzo, 2016.

El proyecto de dinero electrónico empezó a ejecutarse en el 2012. Desde entonces han existido diversas regulaciones y reformas que han ajustado el modelo a los requerimientos del Gobierno. Dos años después la legislación al respecto sigue siendo débil y los riesgos se han acentuado. Todo apunta a que el Gobierno busca consolidar no solo una forma de financiamiento sino un sistema monetario paralelo o nuevo. Ahora lo llama ℮fectivo.

¿En qué consiste? En entregar al Banco Central del Ecuador (y ahora a los bancos y telefónicas que deseen ofrecer el servicio) dólares reales que serán acreditados en una cuenta personal o monedero electrónico. La cuenta podrá utilizarse desde cualquier teléfono celular.

¿Para qué sirve y cómo se usa? Para pagos, envíos y transferencias. Se usa por medio de un sistema USSD[1]. Es decir, a través de mensajes vía celular.

¿Dónde se puede usar? En los establecimientos y con los usuarios que acepten este tipo de pagos y posean cuenta de dinero electrónico. Puede revisar la lista aquí.

A pesar de que técnicamente la idea del dinero electrónico es muy buena[2], y los beneficios y usos muy atractivos, el esquema propuesto en Ecuador preocupa. El problema de fondo es que la administración del sistema está en manos del Banco Central del Ecuador (BCE). Situación que se agrava con su débil institucionalidad y la crisis de confianza (y de liquidez) que atraviesa el régimen.

La realidad es que el BCE no ha sido un buen administrador. En un artículo anterior comenté sobre las“Travesuras del Banco Central en dolarización”. Básicamente expuse cómo, a través de las nuevas disposiciones legales patrocinadas por el Ejecutivo, el BCE utiliza los recursos de sus depositantes (banca privada, banca pública, gobiernos seccionales, IESS, etc.) para financiar al Gobierno Central. Además, y más grave, cómo y por qué traslada el riesgo financiero del Gobierno al sistema financiero privado al tomar el dinero de las reservas bancarias para realizar préstamos al régimen. La situación ha empeorado desde entonces. El BCE ha prestado más de $1.500 millones al Gobierno y ha utilizado las Reservas Internacionales al punto que ya no cubren los depósitos del sector público y parte de las reservas bancarias. Por eso, el principal riesgo de que el BCE administre el dinero electrónico es que no reserve el 100% de las captaciones sino que en su defecto las use para financiar las arcas públicas.

¿Pero qué buscaría el Gobierno? Muchos monederos electrónicos y una chequera fiscal. Entre más usuarios gane la moneda virtual, más efectivo recaudará el BCE. Luego, con el uso masivo del dinero electrónico se legitimaría a sí mismo para utilizarlo para sus pagos a proveedores y servidores públicos. Eso le facilitaría la expansión del gasto público sin mucha necesidad de financiamiento sino a través de la “emisión monetaria” de dinero electrónico, algo que no puede hacer con el dólar americano. En otras palabras, a solicitar dinero electrónico al BCE sin o con poco respaldo en dólares. Por esa razón es que el oficialismo se ha valido de la legislación recientemente aprobada para introducir mecanismos e incentivos al uso del dinero electrónico. Sin embargo, lograr esto podría requerir algún tiempo. Pues tras cuatro años de implementación solo existen unos 66.000 usuarios que juntos no superan los $800.000 en total. Aquí es cuando toma sentido que en la Ley del Terremoto se haya dispuesto la liberación por un año de toda restricción del BCE para emitir dinero electrónico.

Por eso el dinero electrónico administrado por el BCE es un verdadero peligro para la dolarización. Si lo dicho anteriormente se cumple, es muy peligroso que las autoridades gubernamentales puedan “emitir” dinero sin respaldo para financiar las actividades del Estado. Pues si lo que el Gobierno busca es mantener el excesivo gasto público (que ya es insostenible) por esta vía, no pasará mucho tiempo para que los dólares no alcancen para cubrir todo el dinero electrónico que se haya emitido. Cuando eso pase nadie querrá los dólares electrónicos sino los reales, los verdes. Entonces dejaremos de recibir dólares cuando queramos cambiar el dinero virtual por el real, el BCE tendrá que imprimir el dinero electrónico para poderlo entregar a sus dueños, tendremos una nueva moneda devaluada y el Gobierno podrá seguir gastando. Volveríamos al sucre. El resto ya lo saben: inflación, deudas multiplicadas, costo de vida disparado, pobreza, etc.

Por eso, si de verdad el objetivo es la bancarización, y dadas las actuales condiciones económicas y políticas, lo más razonable sería promover la adopción de dinero virtual sin injerencia estatal. En Perú por ejemplo, el dinero electrónico solo puede ser emitido por el sistema financiero y administradoras de fondos privadas[3]. De lo contrario es inaceptable y la única opción prudente sería eliminarlo.

________________

[1] Para una mejor comprensión, el sistema USSD es el mismo que usan las telefónicas para brindar servicios como consulta de saldos, transferencia de saldos, etc. En Claro por ejemplo es el *123# y en Movistar el *120#.

[2] Bill Gates Says Cellphones Are The Key To Solving Poor People’s Banking Problems, Business Insider.

[3] Ley del dinero electrónico, Banco Central de Reserva del Perú.

Este artículo fue publicado orignalmente en Panchonomics (Ecuador) el 20 de mayo de 2016.

*artículo escrito en colaboración con Garret Edwards.

El mercado laboral argentino parece no tener respiro alguno ante tanto manoseo político. El pasado 27 de abril, por un lado, la oposición argentina dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que prohíbe los despidos y suspensiones sin justa causa por 180 días y, a su vez, establece un sistema de doble indemnización, declarando emergencia ocupacional por el mismo período. Por el otro, quizá más encaminado a una solución razonable, el actual Presidente Mauricio Macri presentó el programa “Primer Empleo” para promover la ocupación en jóvenes de 18 a 25 años. Sin embargo, en la mayoría de las propuestas gubernamentales el común denominador es la fuerte presencia del Estado como árbitro económico. Ahora bien, cabe preguntarse si un país con mayores regulaciones laborales es condición necesaria y suficiente para garantizar el éxito del mercado laboral, entendido éste como la creación de empleo genuino, calificado y de largo plazo.

Mientras se discuten las cifras de destrucción del empleo, éste sigue sin crearse, aunque desde el gobierno aseguran que no es tal la devastación masiva. Si bien el macrismo, en un intento de achicar la elefantiasis burocrática (heredada del kirchnerismo) desvinculó a miles de personas de la Administración Pública, las medidas llevadas a cabo dan la impresión de estar cada vez más lejos de aquellas recomendaciones que el mercado sugiere. No obstante, un relevamiento de la consultora Manpower concluyó que no habrá creación de puestos de trabajo hasta junio y que ya suman 107.000 los despidos denunciados por sindicatos en lo que va del año.

Está claro que la herencia dejada por la anterior Administración no tiene precedentes, y que las medidas aplicadas por el nuevo gobierno no estarían acertando en incentivación de la producción y la flexibilización del mercado laboral. Por el contrario, el foco, hoy por hoy, está puesto en seguir asfixiando al empresariado con mayores trabas, rigideces y presiones impositivas, cuando la clave está en promover la inversión a través de incrementos en la productividad.

Es probable que el Presidente Mauricio Macri se vea obligado a vetar la que ha dado en conocerse, equivocadamente, como ley antidespidos, cuyos efectos macroeconómicos podrían estar lejos de ser positivos. Aunque, de aprobarse, obturará con un candado las chances de generar nuevos puestos laborales genuinos, dificultando el acceso al trabajo para aquellos que deseen insertarse o reinsertarse al mercado.

Así lo sostiene Alberto Benegas Lynch (h): “No son pocos los argentinos que han comprendido, después de larga y amarga experiencia, que el sistema laboral ‘populista’ no brinda protección sino desempleo, que no brinda ’beneficios laborales’ sino costos y que cierra las puertas a las oportunidades de progreso personal”.

Además del impacto nocivo que esta nueva legislación podría tener sobre el mercado laboral, no puede soslayarse el hecho de que las inversiones proyectadas, algunas anunciadas y otras por anunciarse, se encuentran, lógicamente, paralizadas ante la inseguridad jurídica que el ordenamiento jurídico actual y futuro provee. Casi como una aplicación práctica de una modificada máxima sarmantiniana: las inversiones son amigas de las instituciones, y rehúyen del desorden.

De los creadores del cepo cambiario nos llega, entonces, su secuela: el cepo laboral. Siguiendo la tesis de Bernard Mandeville sobre los efectos inesperados, una ley puede tener fines loables, como la supuesta protección de los trabajadores (recalcando lo de supuesta), buenas intenciones, aunque se esté profundamente equivocado en los métodos, y no tener en cuenta que no pueden mensurarse todos los desenlaces y consecuencias de su puesta en marcha. Por si ello no fuera suficiente, las leyes no nos pueden resolver la vida mágicamente, ya que ello sería creer en arcanos, en cuestiones de rigor místico. De funcionar las leyes de esa forma, se habría aprobado hace varios años una ley anti-inflación, y tendríamos una economía como corresponde.

Pretender burlarse del mercado de esta manera resulta bastante torpe. El único desenlace de una norma como la referida es crear una barrera adicional para la integración de las personas socialmente más vulnerables, desde que nadie estaría dispuesto a contratar personal si se dobla el costo de despido o si resulta inviable la desvinculación. De la misma forma, funcionaría como incentivo para el crecimiento del mercado informal y del trabajo clandestino y/o deficientemente registrado. En definitiva, estas medidas solo aumentan los costos para aquellos que se encuentran fuera del mercado, disminuyendo la demanda de trabajo y favoreciendo la sustitución de trabajo por capital. Por ende, si el objetivo es atraer inversiones para la reactivación económica y salir del pozo en que el populismo hundió al país durante doce años, será fundamental dejar de cavar.

Seguimos buscando soluciones mágicas y de corto plazo a problemas sumamente complejos y que vienen gestándose desde hace años producto de la mala administración y despilfarro político. Aprobar una ley antidespidos no solo encarecerá el costo de contratar nuevos empleados frenando así la creación de nuevos puestos de trabajos, sino que también destruirá capital, aumentará el desempleo y discriminará en contra de los menos calificados. Resulta necesario mover el eje de la discusión y poner la mirada en el largo plazo. Argentina debería buscar la forma de atraer nuevos capitales del exterior, dar un respiro fiscal a las empresas para que vuelvan a invertir y establecer reglas de juego claras. Es así como aumentará y mejorará la calidad del empleo.

Este artículo fue originalmente publicado en Cartas de Lectores en La Capital (Argentina).

El proceso electoral despierta, debido a su polarización, lo peor de los peruanos. Racismo, clasismo y, en general, desprecio por “el otro” –que no reconocemos como igual–, son pan de cada día. Son ignorantes los votantes de izquierda; son ignorantes los votantes del sur; son ignorantes y/o corruptos los votantes del fujimorismo.

Mucha de esa polarización se ha centrado en la superioridad de la economía de mercado sobre el socialismo (o viceversa), y en esa disputa también han proliferado las descalificaciones. Gente de todos los “bandos” ha caído en ese lamentable juego; pero personalmente me preocupa que varios autodenominados liberales lo hayan hecho, mostrando escasa o nula empatía por quienes reclaman una mayor intervención del Estado en la economía; o simplemente mayor Estado en funciones que incluso la ideología liberal reconoce. Se ha llegado a tildar a los votantes de izquierda de “ignorantes”, de querer un “puestito” en el gobierno, de “vagos”, de “anti-sistema”, de “comunistas” y hasta de “terrucos”.

Aunque creo firmemente en la superioridad de la economía de mercado sobre el socialismo como sistema de asignación de recursos; el liberalismo tendrá siempre una gran desventaja, sobre todo en un país como el nuestro, si no es empático (y en los izquierdistas uno generalmente sí encuentra empatía); y si no conecta con nuestra realidad.

Hace algunos meses, Jeffrey Tucker publicó un genial ensayo contra el “libertarismo brutal” (“Against Libertarian Brutalism”)^[1] en el que, valiéndose de una analogía con una corriente arquitectónica (el “brutalismo”), critica al liberalismo que “reduce la teoría a sus más crudas y fundamentales partes, y aboga por la aplicación de esas partes en primer término. Pone a prueba los límites de la idea al deshacerse de toda elegancia, refinamiento, gracia y equipamiento. No le importa la causa mayor de la civilidad ni la belleza del resultado”^[2].

Yo diría, en términos más simples que los de Tucker, que ponemos la idea por encima de las personas (sobre todo, de “el otro”); lo cual le quita todo el mérito a toda idea y a todo sistema de organización político o económico de la sociedad. Da la impresión, a juzgar por ciertas opiniones y comentarios, de que algunos liberales lo son no porque piensan que la economía de mercado nos conduce a una mejor sociedad; sino porque quieren proteger su propio status, incluso si eso implica aceptar situaciones injustas de pobreza, discriminación y desigualdad extrema.

No es este, por cierto, un llamado a un liberalismo que comprometa sus principios (la coherencia es importante, finalmente), pero sí a uno que sea empático, humilde y abierto a adoptar soluciones de compromiso.

El liberalismo debe ser empático. No sólo por razones elementales de decencia humana; sino porque eso ayudará a hacer su mensaje más sólido. Se me ocurre, por ejemplo, que al discutir el tema de la remuneración mínima vital, no basta explicar que genera desempleo o informalidad. Eso puede ser y es percibido como un mensaje que “toma más en cuenta los números que a la gente”. Hay que explicar que si se está en contra o se pide cautela al regular el sueldo mínimo es porque precisamente afecta a los más pobres, cerrándoles la puerta del mercado laboral. Los liberales debemos dejar claro que nos importa “el otro”.

El liberalismo debe ser humilde, incluso cuando sepamos (digo, cuando sea el caso, que no siempre lo es) más que el otro de economía o de políticas públicas. No olvidemos que uno de los argumentos para apostar por un sistema de libre intercambio tiene que ver precisamente con nuestra ignorancia sobre las necesidades y preferencias subjetivas del individuo. En palabras de Hayek (The Case for Freedom), “la posición en defensa de las libertades individuales descansa principalmente en el reconocimiento de nuestra inevitable ignorancia en lo que respecta a muchos de los factores de los que depende la consecución de nuestros objetivos y nuestro bienestar”^[3]. Esto implica aceptar (y saber explicar) que las soluciones liberales no conducen a un estado ideal de las cosas (ningún sistema lo hace), y que los mercados perfectos no existen. Esto implica, además, aceptar que en ocasiones las intervenciones en el mercado se justifican y hasta funcionan bien.

El liberalismo debe ser abierto a soluciones de compromiso. Debemos dejar claro, para empezar, que nos importan la democracia y las instituciones, y que respetamos los acuerdos a los que se llega en democracia incluso cuando se aparten del “modelo” liberal. Debemos dejar claro no estamos dispuestos a adoptar “atajos” hacia una sociedad más liberal. No podemos ser lo que Mario Vargas Llosa llama “logaritmos vivientes”, “dispuestos a hacer tales concesiones en el campo político a la extrema derecha y al neofascismo que han contribuido a desprestigiar las ideas liberales y a que se las vea como una máscara de la reacción y la explotación”^[4].

Por otro lado, como bien apunta Tyler Cowen, debemos aceptar que muchas veces la batalla por la libertad trae consigo, paradójicamente, más Estado^[5]. Hay que aceptar que a veces las reformas liberales vienen “en paquete” con otras que no encajan en el recetario; o que a veces implican crear derechos o intervenciones estatales que en abstracto no nos parecen necesarias ni ideales[6].

Si no adoptamos estas tres actitudes, los liberales estaremos destinados a no salir de debates poco fructíferos y, por ende, a no avanzar la causa liberal. Estaremos, además, destinados a ser etiquetados como egoístas, individualistas o, peor aun, brutos.

—————–

[1] No trataré en este post las diferencias entre liberalismo y libertarianismo. Baste por ahora aclarar que el análisis planteado por Tucker aplica también a los liberales.

[2] Traducción libre del siguiente texto: “It strips down the theory to its rawest and most fundamental parts and pushes the application of those parts to the foreground. It tests the limits of the idea by tossing out the finesse, the refinements, the grace, the decency, the accoutrements. It cares nothing for the larger cause of civility and the beauty of results”.

[3] Traducción libre del siguiente texto: “The case for individual freedom rests chiefly on the recognition of the inevitable ignorance of all of us concerning a great many of the factors on which the achievement of our ends and welfare depends”.

[4] VARGAS LLOSA, Mario. Liberales y liberales. Diario El País, 25 de enero de 2014. Disponible en:http://elpais.com/elpais/2014/01/24/opinion/1390564257_262878.html

[5] COWEN, Tyler. The Paradox of Libertarianism. 11 de marzo de 2007. Disponible en: http://www.cato-unbound.org/2007/03/11/tyler-cowen/paradox-libertarianism

[6] Se me ocurre, por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario. Aunque lo ideal es que el Estado no regule el matrimonio, dado que lo regula para las parejas heterosexuales es necesario que lo regule también para las parejas homosexuales a fin de brindarles igualdad ante la Ley y la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida más libremente.

Este artículo fue publicado orginalmente en el blog de Mario Zúñiga (Perú) el 26 de abril de 2016.

Con los alumnos de Omma Madrid en la materia de Microeconomía leemos a Mises en “La Acción Humana”, capítulo IV donde define precisamente eso que da título a su obra pero, en definitiva, define lo que estudia la economía. Mucha gente cree que los economistas se ocupan de “cosas materiales”, como el dinero o la producción de bienes. Otros, ya economistas, creen que se refiere a decisiones que toma la “sociedad”, como si ésta existiera como un ser con vida propia:

“La economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién con los recursos escasos y limitados” (Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch & Richard Schmalensee, Economía, 2a. edición (Madrid : McGraw-Hill, 1989), pág. 3).

Mises, por el contrario, sostiene que la praxeología (nombre que él daba a la ciencia de la acción humana de la que forma parte la economía)… “no se ocupa propiamente del mundo exterior, sino de la conducta del hombre ante las realidades objetivas. La teoría económica no trata sobre cosas y objetos materiales; trata sobre los hombres, sus apreciaciones y, consecuentemente, las acciones humanas que de ellas se derivan. Los bienes, mercancías, la riqueza y todas las demás nociones de la conducta, no son elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente y de la conducta humana. Quien desee entrar en este segundo universo debe olvidarse del mundo exterior, centrando su atención en lo que significan las acciones que persiguen los hombres.”

“La praxeología y la economía no se ocupan de cómo deberían ser las apreciaciones y actuaciones humanas, ni menos aún de cómo serían si todos los hombre tuvieran una misma filosofía absolutamente válida y todos poseyeran un conocimiento pleno de la tecnología. En el marco de una ciencia cuyo objeto es el hombre, víctima con frecuencia de la equivocación y el error, no hay lugar para hablar de nada con ‘vigencia absoluta’ y menos aún de omnisciencia. Fin es cuanto el hombre apetece; medio, cuanto el actor considera tal.

Compete a las diferentes técnicas y a la terapéutica refutar los errores en sus respectivas esferas. A la economía incumbe idéntica misión, pero en el campo de la actuación social. La gente rechaza muchas veces las enseñanzas de la ciencia, prefiriendo aferrarse a falaces prejuicios; tal disposición de ánimo, aunque errada, no deja de ser un hecho evidente y como tal debe tenerse en cuenta. Los economistas, por ejemplo, estiman que el control de los cambios extranjeros no sirve para alcanzar los fines apetecidos por quienes apelan a ese recurso. Pero bien puede ocurrir que la opinión pública se resista a abandonar el error e induzca a las autoridades a imponer el control de cambios. Tal postura, pese a su equivocado origen, es un hecho de indudable influjo en el curso de los acontecimientos. La medicina moderna no reconoce, por ejemplo, virtudes terapéuticas a la célebre mandrágora; pero mientras la gente creía en ellas, la mandrágora era un viene económico, valioso, por el cual se pagaban elevados precios. La economía, al tratar de la teoría de los precios, no se interesa por lo que una cosa deba valer para quien la adquiere; nuestra disciplina analiza precios objetivos, los que efectivamente la gente estipula en sus transacciones; se desentiende totalmente de los pecios que sólo aparecerían si los hombre no fueran como realmente son”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Foro y el Bazar (Guatemala) el 3 de mayo de 2016.