EE.UU. es la doceava economía más libre del mundo según Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2014 (en inglés). Co-publicado la semana pasada por el Cato Institute y el Fraser Institute, este informe encuentra una relación sólida entre la libertad económica y el bienestar humano.

El ranking estadounidense es parte de un preocupante declive en la libertad económica que empezó hace más de una década. Por décadas, EE.UU. se encontró en el segundo o tercer lugar del índice. En 2000 se ubicó en la posición No. 2, aún así para 2005 se encontraba en la posición No. 8 y continuó su caída precipitosa hasta hace poco. En una escala que va desde el 0 hasta el 10, la calificación de EE.UU. ahora es de 7,81, comparado con 7,74 el año pasado, lo cual muestra una pequeña mejora. El nivel de libertad económica en EE.UU. es más bajo hoy que lo que era en 1980. Desde 2005, Canadá se ha ubicado en una posición más alta que EE.UU.

Los autores del informe indican que EE.UU. ha caído en las cinco áreas que ellos miden: el tamaño del Estado; el sistema legal y los derechos de propiedad; una moneda estable y sólida; la libertad de comerciar a través de las fronteras; y la regulación. Pero el indicador del Estado de Derecho (sistema legal y derechos de propiedad) ha visto el mayor declive y, como muestra el gráfico, este ha sido enorme.

El declive de EE.UU.

El deterioro medido en el Estado de Derecho es consistente con el trabajo académico en ese campo y, según este informe, es el resultado del “creciente uso del derecho de expropiación para transferir propiedad a poderosos intereses políticos, las ramificaciones de las guerras contra el terrorismo y las drogas”, y otras violaciones a los derechos de propiedad. Dado que el Estado de Derecho es, por supuesto, una piedra angular no solo de la libertad económica sino de todas las libertades, y porque hay una relación fuerte entre la libertad económica y las otras libertades (civiles y políticas), todos los estadounidenses deberían estar preocupados con las conclusiones del informe.

Un deterioro del Estado de Derecho también debería preocupar a Hong Kong. Este es el territorio con el puntaje más alto en el índice, donde las recientes protestas resaltan el peligro que la interferencia de Pekín con el sistema legal (o incluso la percepción de que se de), constituye para las libertades y el éxito económico de Hong Kong.

El año pasado en Guayaquil, Ecuador, conocí a Fernando Palacio y a Dailén Rojas, quienes habían logrado salir de Cuba y experimentaban el mayor grado de libertad en Ecuador (en relación a Cuba) con la emoción de un niño que recién empieza a caminar. Cuando me reuní con ellos en un café para despedirme antes de que volvieran a Cuba, recuerdo que Fernando mostró mucho interés en enviarme artículos de él y de sus amigos para que sean difundidos en sitios Web o blogs. Le prometí que estaría atenta a sus correos. Dailén y Fernando nos explicaban a un grupo de guayaquileños lo que parecía un víacrucis de principio de los 90: conexión a velocidad tortuga, a tan alto costo en moneda convertible que a penas lograban conectarse unos 20 minutos por semana. Agréguele a esto que el gobierno cubano censura el acceso a muchas páginas entonces Dailén y Fernando acuden a una embajada para poder tener un acceso más libre al Internet.

Les cuento todo esto porque esta semana recibí un correo de Fernando en el que me envía un artículo de su amiga Eroisis Gonzales Suares (en la foto) que les quiero dejar copiado aquí. En este artículo Eroisis llama la atención sobre algo que curiosamente recibe escasa o nula atención en la prensa internacional: el persistente racismo dentro de la isla.

Cuba: Tema racial y sociedad civil

En Cuba el tema racial sigue siendo una gran problemática social, cultural y política. Los negros y mulatos cubanos han sentido en carne propia la exclusión social. El tema del racismo es uno de los más escabrosos en el actual contexto sociológico del país.

Resulta claro que un estado totalitario no puede enarbolar ni legislar la práctica de las reivindicaciones específicas de un grupo social, cuando la filosofía política y jurídica del poder se basa en la discriminación de la ciudadanía por criterios ideológicos, políticos, económicos y hasta religiosos. Por ende, abrir la discusión del problema negro, permitirles organizarse para abogar por sí mismos, agrietaría la estructura del sistema totalitario, además otros grupos sociales podrían emerger al escenario político o al menos al civil.

En la mayor de las Antillas, el tema racial es uno de los que menos se debaten, por la falta de información que tiene la población o por la falsa forma de pensar que la élite gobernante cubana ha creado en toda la sociedad de que en no existe el racismo y que no hay ni negros ni blancos y que todos somos mestizo. Tenemos que darnos a la tarea como sociedad civil y luchadores de los derechos humanos de trabajar duramente para abrir el debate racial y sobre las formas de discriminación, utilizar el mismo en cada calle, con cada ciudadano y demostrarles que si es real la existencia de este flagelo en nuestro país.

Uno de los principales inconvenientes que tiene nuestra sociedad civil, a la hora de abordar este tema, es la manipulación del gobierno, ya que cuando se realiza cualquier campaña sobre el mismo, surgen estereotipos que en la mayoría de las veces responden única y exclusivamente a experiencias particulares. Hoy la población cubana no divisa de forma espontánea el problema racial como una de sus prioridades, lo ve como algo normal que surgió de nosotros y que debe continuar.

El problema racial cubano y sus formas de discriminación es mucho más grave y serio de lo que parece, mientras el mismo continúe encasillado, nunca se podrá ver en su justa dimensión, a menos que se aborde el tema con una visión capaz de proyectarnos hacia el futuro, solo así se podrá encontrar soluciones realistas y practicas al problema, cualquiera que sea su naturaleza. No se puede salvar a ninguna raza si primero no se salva a los seres humanos.   

Un salario mínimo que sirva de referencia para que aumenten todos los salarios es una de las causas de inflación y desempleo, como en México en los años 80 y en Argentina durante muchas décadas, por citar algunos ejemplos. Al convertirse en un aumento generalizado por ley, que afecta todos los niveles de salarios, no solo a los mínimos, pues todos los salarios se manejan al aumentar el mínimo, genera el despido de quienes no tienen una productividad mayor a ese salario o que el mayor costo de ese salario se traslade a los consumidores mediante un aumento de precios.

En ningún país del mundo los aumentos de salarios por decreto han incrementado los niveles de vida de la mayoría de los trabajadores. Si eso fuera posible, ya no habría pobres en el mundo, simplemente un gobierno con un poder equiparado al de Jesucristo al multiplicar los panes, podría reducir la pobreza mediante leyes y lograr que milagrosamente aumentaran los salarios.

La única fuente real para elevar los salarios reales de los trabajadores, no solo los nominales, es el incremento de la productividad del trabajador al que se le aumenta el salario, no la productividad promedio, que es solo un indicador macro. Y para aumentar la productividad es necesario invertir en mejores maquinarias y capacitación de los candidatos a utilizarlas. Un trabajador con una máquina o tecnología a su disposición y capacidad de manejarla, son las únicas fuentes estructurales de aumento de salarios.

Todo político, funcionario o candidato que prometa un aumento de salario por ley o decreto, ignora cómo funcionan las leyes y mecanismos económicos o parte de la premisa de que quienes lo escuchan son ignorantes. Les quiere hacer creer que si él llega a ser legislador o Presidente los salarios aumentarán. El cuento de los salarios mínimos sirve para ganar votos no para mejorar el nivel de vida de los trabajadores.

Si realmente un político, funcionario o legislador quiere ayudar a elevar los salarios reales, tienen que crear leyes que impulsen la inversión en maquinaria, tecnología y capacitación, que se traduzcan en la creación de empresas que ofrezcan más empleos y mejores salarios. Cualquier política que no genere incentivos para la inversión, la capacitación y una mayor creación de empresas son cuentos chinos, aunque ya no es válido ese dicho, pues los chinos ya no creen en esos cuentos.