El presidente provisional de Honduras, Roberto Micheletti, publica hoy un artículo en el Wall Street Journal que merece ser leído por toda la comunidad internacional que ha condenado la remoción de Manuel Zelaya de la presidencia de su país como un "golpe de Estado", y que demanda su inmediata reinstalación en el poder.

Micheletti claramente señala que "El pueblo de Honduras debe confiar en que su Congreso es una rama del gobierno igualmente importante. Deben tener la seguridad de que el imperio de la ley en Honduras se aplica a todo el mundo, incluso a su presidente, y que las órdenes de su Tribunal Supremo no serán desestimadas y desechadas como obstáculos inconvenientes por otros países".

La comunidad internacional debe entender de una vez por todas que en Honduras existe separación de poderes, y que cualquier arreglo a la presente situación debe tomar en cuenta los pronunciamientos y fallos de las cortes y del Congreso.

Estuve en un foro discutiendo con otros editorialistas la reforma a las universidades en Ecuador. Me sorprendió que ninguno de los presentes consideró tres asuntos que yo creo esenciales para reformar las universidades en el país: los incentivos, la verdadera autonomía universitaria y la libertad para elegir de cada estudiante.

• Incentivos: Si se prohíbe por ley que las instituciones educativas tengan fines de lucro, se obstaculiza la creación de un mercado dinámico de educación superior. Como el mercado de educación es tan poco surtido y controlado por el Estado, se reduce al mínimo la competencia entre las instituciones educativas.
• Autonomía universitaria: ¿De qué autonomía (real) hablan aquellas universidades que reciben y dependen de fondos del Estado?
• Libertad para elegir: Nadie protesta porque ambas propuestas de reforma a las universidades ecuatorianas (la del Gobierno y la del Consejo Nacional para la Educación Superior) atentan contra la libertad para elegir de cada estudiante. Porque ambas pretenden determinar "qué carreras se deberían ofrecer...de acuerdo a la realidad nacional". Eso significa que si el Estado decide qué carreras se deben ofrecer (de acuerdo a lo que unos burócratas creen que el país necesita) el estudiante ecuatoriano verá su libertad para decidir por sí mismo que estudiar severamente limitada.

Si se ignoran estos tres puntos claves, no creo que cambie mucho la educación universitaria en el país.

Desde la semana pasada venimos publicando en ElCato.org varios artículos, entrevistas en audio y video, comunicados de prensa y aquí en LibreMente comentarios y documentos en relación a la crisis constitucional en Honduras. Para facilitarle la búsqueda de información a nuestros visitantes hemos reunido todo el material aquí.

La prensa internacional y la OEA han condenado --con justa razón-- la decisión del gobierno interino de Micheletti de imponer un estado de sitio, aunque sea este temporal.

Solo quiero recordarle a José Miguel Insulza, a sus compañeros del ALBA, y a EE.UU. que en Cuba --país re-admitido a la OEA hace apenas unas semanas-- esas libertades han estado suprimidas desde hace más de 50 años. Además, la lista de libertades suprimidas en ese país supera con creces el número de libertades que han perdido los hondureños por tres días.

Ojalá la pérdida de ciertas libertades básicas por tres días en Honduras y la extraña aparición de Raúl Castro entre líderes que dicen estar defendiendo la democracia, despierte por fin el debate acerca de la falta de libertades en la isla y la presión internacional para que por fin se les garantice a los cubanos las libertades que hoy se demandan para los hondureños.

Este es el documento de orden de captura que la Corte Suprema de Justicia de Honduras emitió de manera unánime a las Fuerzas Armadas contra Manuel Zelaya por los delitos de "traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones". Y esta es la acusación formal que el Ministerio Público hizo ante la Corte Suprema donde se solicita la suspensión en el cargo y se detallan los diferentes delitos cometidos por los cuales dicha pena aplicaba.

No se explica aún el porqué de la expulsión de Zelaya del país, lo cual sí parece haber sido un abuso y, como señala el excelente artículo de Fernando Zamora ayer en La Nación, una violación a la constitución. Pero queda claro que la decisión de removerlo del cargo fue tomada por civiles mediante un proceso que comprendió una denuncia y un fallo judicial.