México termina este año con 15.000 asesinatos relacionados a la violencia del narcotráfico —un récord para el gobierno de Felipe Calderón que empezó su período hace cuatro años declarando una guerra sin cuartel contra el narco. La violencia de la guerra contra las drogas se disparó desde que Calderón llegó a la presidencia, y ha cobrado hasta ahora más de 30.000 vidas. A pesar de que es una guerra imposible de ganar entre cuyas consecuencias se encuentran el aumento de la corrupción y el debilitamiento de las instituciones de la sociedad civil, está siendo utilizada tanto por quienes creen en la guerra contra las drogas como por sus escépticos para presionar por sus proyectos favoritos, que van desde más ayuda externa hasta más cooperación militar.

Un ejemplo reciente viene del Washington Post, diario que esta semana se manifestó en un editorial a favor de un plan de la administración Obama para detener el flujo de armas a México, y el mismo día publicó un reportaje citando la aseveración de que el 90 por ciento de las armas decomisadas al narcotráfico en México provienen de EE.UU. (aunque el Post también indicó que los gobiernos de México y de EE.UU. se niegan a publicar sus rastreos de armas). Mi colega David Rittgers indica aquí que la propuesta de regulación de armas es ilegal y aquí ha explicado que una cifra más realista para las armas provenientes de EE.UU. es de alrededor del 17 por ciento. En un boletín de Cato a principios de este año, el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, calculó una cifra similar y explicó por qué intentar controlar el comercio de armas estadounidenses es una pérdida de tiempo:

“De hecho, solo sabemos con certeza que alrededor del 18 por ciento de las armas proceden de EE.UU., de acuerdo a fuentes mexicanas y estadounidenses. El resto seguramente proviene de Centroamérica, países de la antigua Unión Soviética y otros. Como naciones tan diversas como Brasil, Paraguay, Somalia y Sudán lo pueden atestiguar —todos con una proporción de armas per cápita más alta que México— no se necesita una frontera con EE.UU. para tener un acceso fácil a armas de fuego. Aún así, la posibilidad real de limitar la venta de armas en EE.UU. no es inminente, para decirlo de una manera diplomática. Además, pedirle a EE.UU. que detenga el tráfico de armas del norte al sur es cómo pedirle a México que controle su frontera de sur a norte, ya sea para drogas, personas o cualquier otra cosa. No va a suceder”.

En agosto pasado advertí sobre las señales preocupantes que estaba enviando el presidente panameño Ricardo Martinelli. Electo en el 2009 con un programa de gobierno que enfatizaba ciertas reformas de libre mercado, Martinelli rápidamente adoptó políticas económicas intervencionistas (particularmente un aumento importante en el gasto público) que tarde o temprano afectarán la estabilidad macroeconómica de Panamá. También señalé el todavía más alarmante patrón de compadrazgos, erosión de los pesos y contrapesos propios de una democracia y ataque a la prensa por parte de la administración Martinelli.

Un cable revelado por WikiLeaks esta semana parece confirmar muchos de estos temores. Fechado en agosto del 2009 y firmado por la entonces embajadora de EE.UU. en Panamá, Barbara Stephenson, el documento describe “las tendencias autocráticas” de Martinelli, enfatizando la solicitud que le hiciera al gobierno estadounidense para que le ayudara a intervenir las llamadas telefónicas de sus opositores políticos —pedido que fue rápidamente negado por la embajada de EE.UU. en Panamá. Stephenson agrega que, luego de reunirse con el presidente panameño, cree que Martinelli “podría estar dispuesto a dejar de lado el Estado de Derecho con el fin de alcanzar sus objetivos políticos y de desarrollo”.

De acuerdo al cable, Martinelli ha recurrido a “la intimidación y al chantaje” de empresas privadas. Stephenson afirma que el presidente panameño le dijo que “ya se había reunido con los presidentes de las cuatro empresas de telefonía del país y había discutido los métodos para obtener información de llamadas”. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional (donde la coalición de Martinelli goza de una amplia mayoría) que “requeriría un registro de los teléfonos celulares pre-pagados y obligaría a las operadoras de telefonía celular a entregar datos de llamadas al gobierno para investigaciones criminales”. Martinelli también le dijo a Stephenson que “él había presionado a los operadores de los casinos y amenazado con cancelar sus concesiones si no pagaban los impuestos que debían y cortaban sus lazos con figuras políticas de la oposición, quienes les habían entregado sus generosas concesiones”.

El cable termina señalando cómo en “gran parte de los nombramientos [del gobierno de Marinelli] ha predominado la lealtad en vez de la capacidad”. En otras palabras, en el gobierno de Martinelli prevalece el compadrazgo —tal y como escribí en agosto.

Aparte del cable de WikiLeaks hay más evidencia reciente que confirma las preocupantes inclinaciones autocráticas de Martinelli. Por ejemplo, varias organizaciones internacionales de prensa han criticado al gobierno de Martinelli en los últimos meses por su acoso a los medios de comunicación independientes. Reporteros sin Fronteras rebajó en 30 posiciones a Panamá en su último Índice de Libertad de Prensa, indicando que el país “ha tomado una dirección opuesta, en una atmósfera que se está volviendo cada vez más tensa entre la prensa y las autoridades”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dice en su más reciente informe sobre Panamá que “a lo largo de los últimos seis meses, la libertad de prensa se vio amenazada por acciones de instituciones del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, así como del Órgano Judicial y el Ministerio Público”. Como señalé en mi artículo de agosto, Martinelli ha nombrado a personas cercanas a él (y controversiales) en la Corte Suprema y el Ministerio Público.

El cable diplomático revelado por WikiLeaks así como estos reportes de organizaciones internacionales fortalecen el argumento de que Ricardo Martinelli es una amenaza cada vez mayor para el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de Panamá. Los panameños tienen muchas razones para estar preocupados.

El viernes de la semana pasada el juez de la ciudad de Lago Agrio, Ecuador llamó a “autos para sentencia”, en el juicio que se le sigue por varios años a la empresa petrolera Chevron-Texaco, por presuntos daños ambientales. Esta es una decisión que marca el fin de la etapa de presentación de pruebas y anuncia un inminente fallo. Llega en un momento en el cual Chevron ha estado encontrando toneladas de evidencias que muestran una evidente colusión entre la parte acusadora, coordinada por el abogado Steven Donziger, y el gobierno del Ecuador, presidido por Rafael Correa, para extraerle a Chevron, con ayuda de acciones fraudulentas, unos $100.000 millones por concepto de daños ambientales en la región amazónica.

He seguido este caso por casi dos años, recabando información de ambas partes, de Chevron y de los acusadores. Desde el principio olí a algo podrido en conexión con el “experto” nombrado por la corte, quien en mi criterio no tenía, ni remotamente, las credenciales necesarias para llevar a cabo una tarea tan compleja. También me extrañó que PetroEcuador, el socio mayoritario de Texaco durante la actividad de esa empresa en Ecuador, no fuera parte acusada, ya que en mi opinión cualquier daño ambiental que hubiera podido causarse era responsabilidad de ambos socios. Texaco obtuvo antes de irse un reconocimiento por parte de PetroEcuador y del gobierno de la época de que no había nada más que reclamarle. Sin embargo, años después, utilizando informes falsos, mentiras, presiones, chantajes y terrorismo judicial, el grupo de acusadores y el mismo gobierno del Ecuador, se han confabulado para tratar de sacarle una gigantesca suma de dinero a la empresa Chevron.

Lo que Chevron ha podido desenmascarar es una historia increíble de acciones de una naturaleza que el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York define como “criminales”, por parte del abogado Steven Donziger y su equipo de asistentes técnicos y legales. El video que se ha podido ver completo, sin recortes, muestra como este agente conspiró activamente para presionar al juez, para escribirle el informe al “experto”, para poner al gobierno de su lado, todo esto mientras se reían muy satisfechos de lo que estaban haciendo. Y ahora han comenzado a salir a flote los documentos y correos electrónicos de Donziger. Estos hallazgos han sido una verdadera tragedia para los acusadores de Chevron. La decisión del juez de Lago Agrio significa, creo yo, que la nueva evidencia encontrada a partir de hoy no sería tomada en cuenta por el juez. Sin embargo, lo que ya se conoce es tan abrumador que, si el juez dicta sentencia contra Chevron, después de todo lo que se ha encontrado en los últimos meses, ello se convertiría en un tremendo escándalo internacional y podría tener consecuencias legales y políticas que arrastrarían hasta al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien aparece claramente involucrado en la maniobra contra la empresa.

Me interesa este caso de manera especial porque es un excelente ejemplo de como la ideología política, el odio contra la empresa privada y la falta de ética se pueden aliar para tratar de cometer un crimen. Ayudados por la tendencia que muestra la gente, quizás de buena fé, a pensar lo peor de las grandes corporaciones, ayudados por actrices de Hollywood y hasta congresantes estadounidenses, ayudados por organizaciones ambientalistas y expertos en propaganda mediática, los acusadores montaron un caso espectacular contra una empresa petrolera. Y perdieron. Ya la verdad ha salido a flote y lo que se sabe es demasiado incriminatorio en contra de los acusadores y sus cómplices.

Es posible que algun día esté en contra de Chevron por otras razones. Pero en esta ocasión estoy de su lado.

Ayer regresé de Chile luego de una visita de una semana donde tuve la fortuna de compartir con prominentes intelectuales y tomadores de decisiones de ese país. Cualquiera que recorre Santiago y sus alrededores se maravilla por el nivel de desarrollo que ha alcanzado Chile. Es por mucho el país más moderno y próspero de América Latina. Sin embargo, lo que encontré más sorprendente fue la actitud de los chilenos hacia su nivel de desarrollo: no se dan por satisfechos, quieren más. Prueba de ello es la principal meta del gobierno de Sebastián Piñera de enrumbar a Chile en un ritmo de crecimiento anual del 6% en la próxima década que lo deje en el 2020 como el primer país desarrollado de América Latina, con un nivel de ingreso per cápita similar al que tienen actualmente Portugal y Grecia. Ya los chilenos se dejaron de comparar con América Latina, y ahora se tratan de dar de tú a tú con los países desarrollados de la OECD.

Me resulta imposible no comparar esta actitud de los chilenos con la que predomina en amplios sectores de Costa Rica, donde el conformismo por ser los primeros en Centroamérica parece muchas veces ser la norma. Estamos satisfechos con ser los campeones de segunda división. Dos artículos recientes publicados en La Nación exponen esta cruda realidad: “El país que se durmió siendo el más feliz del mundo” del politólogo Daniel Calvo y “Latinoamérica avanza, Costa Rica en reversa” del ex embajador Jaime Daremblum. Los datos no mienten: Costa Rica se ha dormido en sus laureles y se está quedando rezagada en muchas áreas. Veamos tan solo algunos ejemplos:

• En facilidad de hacer negocios, Costa Rica se ubica en la posición 125 de 183 países de acuerdo al Banco Mundial.
• En materia de competitividad, nuestro país está de 56 entre 136 países según el último Reporte de Competitividad Global, sin embargo, cuando se analiza únicamente el ambiente macroeconómico, este reporte nos delega a la posición 108.
• En infraestructura portuaria, el informe del World Economic Forum nos coloca en la posición 132 de 136 países. Es decir, solo hay 4 naciones en el mundo con peores puertos que los costarricenses.
• En materia tecnológica y de telecomunicaciones, Costa Rica se encuentra en la última posición de América Latina según el más reciente Índice Tecnológico Latinoamericano publicado por el Latin Business Chronicle.
• El porcentaje de familias bajo la línea de pobreza ha permanecido estable en las últimas dos décadas, e incluso ha habido cierto retroceso en este indicador en los últimos dos años.
• Ya ni siquiera podemos presumir con ser el país más desarrollado de Centroamérica. Desde el 2004 Panamá supera en ingreso per cápita a Costa Rica, y desde entonces la brecha entre ambos países se ha venido ensanchando.

Este último punto es importante recalcarlo. Conforme pasa el tiempo y continuamos dormidos en nuestros laureles, se hace cada vez más difícil alcanzar la meta de llegar a ser una nación desarrollada. Por ejemplo, si el PIB per cápita costarricense creciera a un ritmo del 6% anual, nos tomaría 13 años en alcanzar el nivel actual de Portugal, el país menos próspero de Europa Occidental. Sin embargo el crecimiento del ingreso nacional per cápita ha promediado únicamente un 2% en la última década. A este ritmo nos tomaría 38 años en alcanzar el desarrollo actual de Portugal (ni qué decir de otros países más ricos).

El secreto para hacer de Costa Rica un país desarrollado es tener un alto crecimiento económico. Pero la clase gobernante ha optado por la redistribución de la riqueza y el asistencialismo social. El país cuenta con uno de los gastos sociales más altos de América Latina, y aún así la pobreza no disminuye. Y si algo se puede concluir del primer plan nacional de desarrollo de la administración Chinchilla, es que continuaremos por el mismo camino los próximos 4 años: más programas sociales, más gasto público y, por supuesto, más impuestos.  Chile en cambio apostó al crecimiento económico y ha visto su nivel de pobreza caer del 40% en 1990 al 15% actual. Mientras Costa Rica distribuye la riqueza, Chile la crea.La interrogante es si estamos contentos con nuestra realidad. ¿Queremos ser un país desarrollado en una generación o seguiremos conformándonos con ser los campeones de segunda división (y ya ni eso)? La respuesta la tenemos sólo nosotros.

Acá pueden ver el discurso de Mario Vargas Llosa ante la Academia Sueca en Estocolmo esta semana y aquí lo pueden leer.

Hay dos preguntas que me gusta hacerle a la gente: “¿Qué opina usted de los políticos?” Usualmente las personas contestan con todo tipo de calificativos negativos: mentirosos, oportunistas, corruptos, ineptos, mediocres, entre otros que no puedo reproducir aquí. Inmediatamente les pregunto de nuevo: “¿Cuál piensa usted que debe ser el rol del Estado en una sociedad?” La mayoría responde que el Estado debe velar por la justa distribución de la riqueza, la paz social, la educación, la salud, la regulación de las actividades económicas, la promoción de la moral y las buenas costumbres, el bien común, el impulso de la cultura y las artes, la lucha contra los vicios, y un muy largo etcétera. La dicotomía entre ambas respuestas me atormenta. ¿Cómo es que tenemos una opinión tan negativa de los políticos y al mismo tiempo le queremos dar al Estado (que es manejado por políticos) tanto poder sobre nuestras vidas?

Hago esta observación a raíz del video divulgado por Telenoticias de las declaraciones de la ministra de Deportes de Costa Rica, Giselle Goneyaga, en el Cuarto Foro Internacional Paz y Deporte en el Principado de Mónaco (pueden verlo aquí). Sobran las palabras para describir la ridícula errática presentación de la ministra, y en las redes sociales la interrogante de rigor es: “¿qué hace esta señora al frente de un ministerio?”. Sin embargo, estoy seguro que si hacemos un sondeo en Facebook y Twitter, la mayoría de las personas estarían a favor de que exista un Ministerio del Deporte.

Lo mismo ocurre con la Asamblea Legislativa. Constantemente escuchamos todo tipo de quejas sobre la labor que realizan los diputados, y con justa razón. En la actual Asamblea Legislativa tenemos personajes que se han subido en monumentos nacionales, que no hacen quorum por representar portales vivientes, que han soltado en canto en medio discurso en el Plenario, que dicen necesitar ganar más para comprarse mejores trajes, etc. Y aún así nuestra principal queja con los diputados es que no pasan suficientes leyes al año, legislación tendiente a controlar de alguna u otra forma nuestras vidas.

Tampoco hay que ser injustos. En el sector público hay grandes profesionales y con muy buenas intenciones. Pero estos tienden a ser gratas sorpresas. La realidad es que el Estado es manejado por gente imperfecta, cuyos errores, en gran o menor medida, tienen un alto impacto sobre todos nosotros. Algunos dirán que es cuestión de quitar a la gente mala de las posiciones de poder y poner a gente buena. Sin embargo el proceso político es de tal natulareza que, por lo general, es la gente menos buena la que prevalece. Prueba de ello es que en la pasada campaña un candidato hasta se promovió como “el menos malo”.

De ahí que yo sea liberal. No me gustan los políticos, y es por eso que quiero reducir la capacidad de estos de tomar decisiones por mí, sobre lo que más me conviene. No les quiero confiar mi salud, ni la educación de mis hijos. Tampoco quiero que me digan qué puedo consumir o con quién puedo casarme. Ni me parece que me digan cómo debo ahorrar para mi pensión o que me quiten impuestos para financiar una religión en la que puedo o no creer. Sí, a mi parecer debe haber un Estado que vele por la seguridad de las personas, que administre la justicia, que financie la educación primaria y secundaria y que esté ahí por los que no pueden valerse por sí mismos, entre otras pocas funciones. Pero fuera de eso, la gente está mejor cuando se organizan por sí mismas sin que los políticos tomen decisiones por ellos.

Episodios como los de Goneyaga deben servirnos para que, la próxima vez que queramos que el Estado haga algo por nosotros, recordemos quién por lo general está al frente de éste. En mi caso, yo opto por la libertad.

Mientras el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla clama por el respeto a la legalidad en foros internacionales para resolver el conflicto fronterizo que Costa Rica mantiene con Nicaragua, este lunes pasado en la Asamblea Legislativa se aprobó uno de los presupuestos más ilegales en tiempos recientes. Peor aún, no solo el plan nacional de egresos del 2011 viola la ley, sino que también aumenta significativamente el gasto público en tiempos de crisis y por lo tanto empobrece a los costarricenses.

El flamante presupuesto del 2011 equivale a ¢5,5 billones ($10.925 millones). De este total, un 46% corresponde a endeudamiento, es decir, por cada ¢2 que el gobierno gaste el próximo año, casi que ¢1 lo tendrá que pedir prestado. Mucho de este endeudamiento irá destinado a financiar gastos corrientes (salarios, equipo de oficina, etc.), en contraposición a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos Nacionales, que indica que el Estado no podrá endeudarse para pagar gastos corrientes. La administración Chinchilla trató de brincarse esta prohibición legal con una jugarreta semántica: catalogó que los gastos en educación, salud y vivienda son “inversión”, y por lo tanto están exentos de la prohibición del endeudamiento. Sin embargo, como dice el dicho, “la mona aunque se vista de seda, mona se queda”. El presupuesto es ilegal a todas luces.

Además, este plan de egresos es empobrecedor ya que aumenta significativamente el gasto público en Costa Rica. El presupuesto en vigencia aprobado el año pasado es de ¢4,6 billones ($9.137 millones), lo que representa un 24,6% del PIB de este año. El presupuesto del 2011 crece con respecto al del 2010 en aproximadamente 14,5% en términos reales, y sube el gasto público a un 27,1% del PIB (utilizando las estimaciones del Banco Central de Costa Rica para el PIB del próximo año). Ya que el presupuesto ordinario no es el monto final del total de egresos del Estado en un año (también están los presupuestos extraordinarios), existe la posibilidad de que el gasto público rompa el próximo año la barrera del 30% del PIB.

Este presupuesto catapulta cada vez más cerca a Costa Rica al nirvana socialdemócrata de un Estado que gasta a manos llenas como en los países escandinavos. Lo doloroso es cómo se financiará este gasto. Ayer trascendió que el Ministerio de Hacienda pretende cambiar el actual impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado que cubriría todos los servicios (incluyendo educación y salud) y que además aumentaría la tasa del 13% actual al 15%. El ministro Fernando Herrero incluso no descarta que la tasa sea mayor al 20% (¡Bienvenidos a Europa!). La tasa general del impuesto de renta permanecería en un 30%, y se incluiría una tasa del 15% que gravaría intereses, dividendos, ganancias de capital, etc. Según los amantes de los impuestos, todos esto, por supuesto, hará a Costa Rica igual de rica que Europa, un continente cuyo modelo fiscal es digno de copiar en este momento.

Mayor endeudamiento público también significa mayores tasas de interés, ya que el Estado acapara el crédito y deja menos disponible para el sector privado. Justo lo que necesita el sector productivo en estos momentos en que la economía costarricense coquetea con una recaída en la recesión: más impuestos y mayores tasas de interés.

No puedo terminar este comentario sin sacar a relucir que este presupuesto ilegal y despilfarrador fue aprobado gracias a los votos del partido Movimiento Libertario. La otrora agrupación política liberal que defendía la racionalización del gasto, menores impuestos y el respeto a la ley en materia presupuestaria ha morfado en un apéndice del oficialismo. Según me dicen, algunos de sus diputados incluso aseguraron partidas específicas en el presupuesto. Al apoyar este presupuesto, el ML ha perdido toda autoridad moral para oponerse a nuevos impuestos. ¿O es que creen que el gasto se financiará con maná caído del cielo?