Blog Home

Archivo por Febrero 2012

Es difícil explicarle a extranjeros cómo se destruyó la democracia desde adentro en Ecuador entre 2007 y 2012. No obstante, el ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado hace un excelente resumen en la segunda parte de su ensayo titulado "De la democracia a la dictadura".

Consideremos este extracto donde se relatan los atropellos al Estado de Derecho en tan solo los primeros 6 meses del gobierno de Rafael Correa en 2007:

"Como ocurría en las dictaduras militares, la Constitución está vigente en cuanto no se oponga a los fines de la llamada 'revolución ciudadana'. En la ceremonia en la que asumió la presidencia Correa se negó a jurar que en su ejercicio respetaría el orden constitucional, para luego, desconociéndolo, convocar a una consulta popular con el propósito de reemplazarlo mediante una Asamblea Constituyente a la que se le encargó expedir una nueva Carta Política. Al intentar el Congreso Nacional impedir que se consumara este atentado contra el estado de derecho, el Gobierno consiguió que el Tribunal Supremo Electoral destituyera a los 56 diputados que intentaban frenar el atropello; y cuando el Tribunal Constitucional se aprestaba a dejar sin efecto tamaño abuso de poder sus integrantes fueron cesados, primero mediante la acción violenta de un grupo de agitadores y luego con una írrita resolución de una mayoría que el Gobierno conformó en el Congreso con diputados suplentes".

En el resto del ensayo Hurtado señala que en el Ecuador de hoy no existe la división de poderes y cita ejemplos de la falta de independencia de la justicia, la Asamblea Nacional y los órganos de control. El ensayo termina con un importante recordatorio de que esta tremenda concentración de poder en el Ejecutivo, incluso para "meter las manos en la justicia", se logró con apoyo popular en las urnas.

Ya comenzó el ataque a mansalva contra Henrique Capriles Radonsky por parte de los medios de comunicación oficiales venezolanos tras su contundente victoria en las primarias del domingo. Capriles es ahora el candidato de la coalición opositora y se enfrentará a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de octubre. Como informa el Wall Street Journal, los ataques malintencionados contra Capriles incluyen, entre otras cosas, insinuaciones de que es homosexual y un agente sionista.

Esta elección no será para nada justa. Chávez no solo controla la mayoría de los medios de comunicación venezolanos, sino que su gobierno también está aumentando drásticamente el gasto en programas sociales. Alrededor de 8,5 millones de venezolanos ya reciben algún tipo de ingreso permanente o asistencia por parte del Estado (4 millones de ellos son empleados públicos). El régimen chavista amenaza e intimida a aquellos que reciben ayuda estatal y se atreven a mostrar algún tipo de simpatía con la oposición. Por otra parte, ya que el voto en Venezuela es electrónico muchos temen —tal vez justificadamente— que sus votos no sean secretos. El gobierno alimenta tácitamente estos temores.

Eso no es todo. Chávez también controla el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Debido a la incapacidad de la oposición en el pasado de vigilar cada uno de los centros de votación del país, los resultados que son anunciados el día de las elecciones podrían no ser exactos. El Consejo Electoral por lo general toma mucho más tiempo del necesario para tabular los resultados de cada votación —algo inusual en un sistema electrónico—lo cual ha aumentado también la preocupación de que haya actividad fraudulenta.

Una preocupación importante es el registro electoral, según lo documentado por Gustavo Coronel en un estudio de Cato en el 2006. Coronel escribió que un análisis independiente del registro electoral contenía muchas irregularidades:

"tales como la existencia de 39.000 votantes mayores de 100 años. Esa cantidad de personas dentro de ese grupo etario equivale a la existente en Estados Unidos, donde la población es 10 veces mayor. De esas 39.000 personas, 17.000 nacieron en el siglo XIX, ¡y una tiene 175 años de edad y sigue trabajando! 19.000 votantes comparten día y año de nacimiento en el estado Zulia. Hay miles de personas que viven en la misma dirección".

De tal forma, encima del apoyo de sus seguidores (algunos entusiastas, otros intimidados), que fluctúa alrededor del 45% de la población, Chávez también puede confiar en un margen de error —un “colchón” de fraude electoral— si no consigue los votos suficientes para su reelección. He hablado con algunos venezolanos que dicen que dicho margen puede ser tan alto como ocho puntos porcentuales. Es decir, si la elección se decide por menos que eso (y es casi un hecho que así será), Chávez puede alterar los resultados a su favor.

La oposición se ha comprometido a tener fiscales en cada uno de los centros de votación del país para observar la votación. El Consejo Nacional Electoral probablemente impedirá que vengan observadores internacionales a monitorear las elecciones. Esto crea el escenario para que la noche de la elección presidencial, tengamos resultados contradictorios de la oposición y del Consejo Nacional Electoral. Lo que sucederá después es una incógnita.

Iba a suceder tarde o temprano. Hace tres años, un trío de ex presidentes latinoamericanos denunció la prohibición de las drogas e hizo un llamado a "romper el tabú" en la discusión de políticas alternativas como la despenalización. Unos meses más tarde tuvimos a un ex presidente mexicano pronunciándose a favor de la legalización completa de todas las drogas. A finales del año pasado, el actual presidente colombiano dijo que él favorecería la legalización si "el resto del mundo así lo decide". Este fin de semana, el actual presidente de Guatemala dijo que propondrá la legalización de las drogas para América Central en una próxima cumbre regional.

Otto Pérez Molina se convierte así en el primer Jefe de Estado en ejercicio en proponer el fin de la guerra contra las drogas. Al ser un ex general conservador cuya campaña prometió una "mano dura" contra el crimen organizado, Pérez Molina resulta ser un sorpresivo defensor de adoptar una reforma sensible en política de drogas. Como lo describe en su propuesta: "No sería un crimen el transporte ni el movimiento de las drogas. Todo tendría que ser regulado". Pérez Molina dice que con la legalización, “Se estaría quitando el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y la corrupción que ha penetrado en fiscales, jueces, policía e instituciones completas en el Gobierno, problemas que no sólo afectan a nuestro país, sino a la región”.

América Central es uno de los campos de batalla más cruentos en la guerra contra las drogas impuesta por Washington. Guatemala, junto con sus vecinos Honduras, El Salvador y Belice, están entre los países más violentos del mundo. La mayor parte de la violencia proviene de las guerras territoriales entre pandillas juveniles, pero los cárteles de droga mexicanos están intensificándola a medida que amplían su influencia y operaciones en la región.

Como dijo Pérez Molina, la mayor debilidad de América Central en su lucha contra el crimen organizado es su fragilidad institucional. Jueces, policías, políticos y soldados son fácilmente comprados por los cárteles. A pesar de aumentar sus presupuestos de seguridad en un 60% en los últimos cinco años, los países centroamericanos gastaron aproximadamente $4.000 millones en seguridad y justicia en el 2010. Esa cifra empequeñece en comparación al estimado de $25.000-$35.000 millones que ganan cada año los cárteles mexicanos —que son los que manejan el narcotráfico en Centroamérica.

El problema con la propuesta de Pérez Molina es, por supuesto, Washington. América Central no es más que una zona de transporte de cocaína desde la región andina hacia México y luego a EE.UU. Se estima que el 90% de la cocaína consumida en EE.UU. pasa a través de Centroamérica. En los últimos meses también se han descubierto laboratorios de metanfetaminas en Guatemala, lo que podría indicar un desplazamiento de la producción de drogas sintéticas de México a América Central.

A pesar de representar un paso en la dirección correcta, la propuesta de legalizar las drogas en uno o todos los países centroamericanos difícilmente solucionará todos o la mayoría de los problemas asociados con el narcotráfico, especialmente si el resto del hemisferio mantiene la prohibición.

Sin embargo, esto no le resta importancia al hecho de contar con un presidente en ejercicio a favor de la legalización. El presidente Pérez Molina debería conversar pronto con Juan Manuel Santos de Colombia sobre este tema. Ambos podrían brindar un muy necesario liderazgo en un tema donde América Latina lo requiere desesperadamente.

Precisiones sobre la racionalidad

Publicado por Javier Paz

Alberto Bonadona en su artículo "Racionalidad económica limitada" (El Deber,Bolivia, 28 de enero de 2012), entre divagaciones y errores conceptuales, hace una crítica de la racionalidad.

En primer lugar confunde los fines u objetivos, con los medios e intenta analizar la racionalidad de los objetivos. También critica la “forma simple de razonar” de los economistas. Sin embargo, ¡implícitamente iguala la racionalidad económica con la búsqueda de acumulación de riqueza! Nada es más simplista que esto.

Cada persona tiene diferentes valores éticos y objetivos personales. Unos quieren ser ricos, otros ascetas, unos poetas, otros don juanes, unos jugar fútbol, otros ayudar a los pobres, etc. Como indica Ludwig von Mises, los objetivos de cada ser humano no están sujetos a un análisis de racionalidad y nada tiene que decir el economista sobre estos. Sin embargo, para lograr nuestros objetivos, los seres humanos disponemos de recursos, que siempre son escasos. Es el uso de la razón lo que lo que nos permite que tomemos decisiones con respecto al uso adecuado de los recursos para alcanzar nuestros objetivos. Y es el trabajo del economista estudiar el uso racional de los recursos. Para ello debe presumir cierta racionalidad de los individuos; sin esta presunción su trabajo se hace imposible. Corresponden a la psicología y la psiquiatría el estudio de la irracionalidad. Bonadona confunde la presunción de racionalidad como herramienta de análisis con juicios de valor de carácter ético. Por ejemplo dice que “Escoger el propio interés de acumular capital, por ejemplo, puede llevar a un ser humano a esclavizar a otros”. Efectivamente esclavizar a otros es éticamente deleznable, pero no es en sí mismo, racional o irracional. Bonadona ni siquiera entiende la definición de libre mercado, cuya característica principal precisamente excluye situaciones de esclavitud: el comercio de esclavos y la trata de personas no son mercados libres.

Bonadona confunde racionalidad con conflicto de intereses y luchas de poder (y nuevamente la asocia a actividades anti-éticas) cuando dice que “preservar lo que escogió un grupo por la posición que en un momento ocupa (conquistador, hacendado o gobernante de turno) significa mantener la condición de extrema pobreza de otros grupos, tal elección será ‘racional’ para el grupo poderoso, pero no para el grupo sometido. ¿Cómo explicar, entonces, que este segundo grupo pudo ser económicamente irracional?”. La racionalidad del explotador no implica la irracionalidad del explotado ni viceversa: ambos grupos pueden estar actuando racionalmente en un escenario de explotación y abuso de poder. Por cierto este tipo de situaciones donde ciertos grupos mantienen privilegios es característico de los Estados: los mercados competitivos tienden a reducir los privilegios sectoriales, en cambio los gobiernos tienden a crear grupos privilegiados a costa del resto.

Finalmente Bonadona llega a la insólita e infundada conclusión de que la causa parcial de la pobreza en el mundo es que “se privilegia como única la concepción de la racionalidad económica”. Por supuesto, su simplista y errónea concepción de la racionalidad económica lo lleva a este desenlace.

María Corina Machado, una de las candidatas de la oposición en las primarias que se realizarán en Venezuela el 12 de febrero, causó un revuelo cuando le dijo al presidente Hugo Chávez "expropiar es robar" (video). Además de hacerle perder la compostura a Chávez (quien le contestó a una invitación a debatir con la indecorosa frase "águila no casa moscas" ), Machado logró que Fidel Castro la dedicase unas líneas en una de sus largas "reflexiones" publicadas en Granma.

Vale la pena leer la carta con que María Corina le ha contestado al dictador cubano, donde no solo le reafirma que de hecho "expropiar es robar" sino que también le señala la inconsistencia entre su constante perorata acerca de la soberanía nacional de Cuba y su persistente intervención en los asuntos internos de Venezuela. Ver texto de la carta aquí abajo:

Caracas, 5 de enero de 2012

Sr. Castro,

Me dirijo a usted en la oportunidad de responder a las alusiones que hizo de mí en sus Reflexiones sobre “La Genialidad de Chávez” del 26 de enero pasado.

Me referiré a dos aspectos de su escrito: el que se refiere a mi intervención en la Asamblea Nacional y el relativo a sus opiniones sobre la política venezolana. El presidente Chávez intentó usar su presentación en la Asamblea para dos propósitos muy evidentes.

En primer lugar, para mostrar un país de paz y prosperidad que no existe. Venezuela, con todos sus recursos humanos y naturales, vive los embates de la pobreza, el crimen y la humillación; en segundo lugar, quiso utilizar a los diputados de la oposición para mostrar al mundo un juego democrático que ha sido vulnerado por su gobierno, mediante el control abusivo de todas las instituciones del Estado y la represión hacia la disidencia.

Frente a esta manipulación y la indignación que me produjo, tomé la palabra para denunciar que no existe ese país que describió Chávez y que, por el contrario, está signado por la escasez y el racionamiento, el crimen desatado y la acción vil e impune del Estado, que roba la propiedad privada mediante la figura de las expropiaciones. Por eso, cuando pronuncié la frase “expropiar es robar”, los venezolanos en su mayoría, sobre todo los más humildes, se sintieron expresados.

No fueron frases que pusieron a prueba, como usted dice de Chávez, “su caballerosidad y sangre fría”, sino su engaño y el teatro que escenificaba hasta el momento de mi exposición.

Usted asegura que “solo él fue capaz de responder con serenidad al insultante calificativo de ‘ladrón’ que ella utilizó para juzgar la conducta del Presidente por las leyes y medidas adoptadas”. Yo dije que expropiar es robar y lo sostengo. Fue el propio presidente Chávez quien se autocalificó de “ladrón” al asumir personalmente la responsabilidad de las expropiaciones, que son robos apenas revestidos de un barniz jurídico en el régimen actual.

Tan importante es la propiedad que después de medio siglo, Cuba, de la mano de su hermano y Presidente, la ha redescubierto en su programa de reformas.

Tampoco es verdad que, como usted asegura, Chávez “respondió a la solicitud individual de un debate con una frase elegante y sosegada 'Águila no caza moscas'”, y sin añadir una palabra, prosiguió serenamente su exposición”.

En ese momento el presidente Chávez perdió la compostura, su manoseada frase sobre águilas y moscas es una grosera manifestación de desprecio hacia sus interlocutores, que fue aderezada con una expresión según la cual yo no tengo “ranking” para debatir con él. Sólo un déspota considera que un parlamentario elegido por el pueblo no tiene credenciales para discutir con el presidente de su país.

Pero en el fondo tiene razón el Presidente Chavez: él y yo estamos en niveles muy distantes en cuanto a la moral y los principios.

Lo que usted, señor Castro, elude, es que mi interpelación al presidente Chávez expresó lo que un país hastiado de un régimen autocrático quiere decirle. Estas opiniones suyas no pasarían de ser la consabida lisonja que usted suele prodigar de tiempo en tiempo a Chávez si no fuera porque se atreve a incursionar en el debate político venezolano, como muestra del intervencionismo sistemático de su gobierno en los asuntos internos de mi país.

Señor Castro, usted intervino en Venezuela en la década de los 60, cuando personal militar a su servicio pretendió imponer un régimen en Venezuela como el que usted impuso en su país. Las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas de entonces lo derrotaron a usted, del mismo modo que las democracias latinoamericanas lo hicieron en toda la región. Su agresión causó muertes, incluyendo la de tantos jóvenes venezolanos que se hicieron ilusiones con su revolución.

Más adelante, una vez derrotado y abandonado por la Unión Soviética, los demócratas latinoamericanos le abrieron a su régimen las puertas a la comunidad regional a condición de que iniciara un proceso de democratización. Uno de los que le facilitó ese reingreso fue el presidente Carlos Andrés Pérez, con quien usted se solidarizó cuando ocurrió el golpe de Estado del teniente coronel Hugo Chávez. Los venezolanos recordamos la carta suya al presidente Pérez en la que le decía: “En este momento amargo y crítico, recordamos con gratitud todo lo que has contribuido al desarrollo de las relaciones bilaterales entre nuestros países y tu sostenida posición de comprensión y respeto hacia Cuba. Confío en que la dificultades serán superadas totalmente y se preserve el orden constitucional, así como tu liderazgo al frente de los destinos de la hermana República de Venezuela”.

Así se desmarcaba usted del golpe de estado de Chávez y expresaba su solidaridad al entonces Presidente, cuando su interés era retornar de algún modo a la comunidad latinoamericana debido a que los soviéticos habían dejado a su país sin oxígeno.

Sin embargo, más adelante encontraría un nuevo auxilio. Usted se prestó a darle una credencial revolucionaria a quien no habría pasado de ser uno más de los militares golpistas de América Latina a cambio de recibir colosales recursos de nuestro país que le son negados a los ciudadanos venezolanos. Si en los 60 usted invadió a nuestro país en contra de la voluntad de su liderazgo civil y de las FAN, ahora lo hace porque el gobierno del presidente Chávez le ha entregado nuestra soberanía. Su ataque a Rómulo Betancourt no puede ocultar un hecho que está inscrito en la historia: Betancourt lo derrotó a usted política y militarmente, su reconcomio por esta fatalidad es evidente.

No podía esperarse en sus consideraciones nada distinto al reconocimiento al general Henry Rangel Silva, recientemente promovido al cargo de ministro de Defensa de Venezuela. Es un militar cuestionado nacional e internacionalmente; en el exterior por supuestos vínculos con la guerrilla y el narcotráfico; dentro de Venezuela por haber amenazado en no reconocer el triunfo de las fuerzas democráticas en las próximas elecciones. Este oficial no representa a los militares institucionales de Venezuela, ni la protesta mayoritaria de éstos en contra de la invasión cubana a nuestra FAN.

Usted ha invocado muchas veces como razón de su rebelión en la década de los 50 la intervención de los EE.UU. en su país durante más de la mitad del siglo XX.

Usted ha sido crítico de la forma en la que los soviéticos, a sus espaldas, negociaron a Cuba en el marco de la Guerra Fría. Muchos cubanos todavía resienten la grosera participación de los soviéticos en la dirección del Estado cubano durante tres décadas.

Usted, que sabe eso, podría imaginarse la indignación que produce a los venezolanos ver a cubanos enviados por su gobierno en las más altas esferas del Estado, en las instalaciones militares, en el Palacio presidencial, en los cuerpos de seguridad, en registros y notarías. Imagine la humillación que sienten los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al recibir órdenes de extranjeros como los oficiales cubanos, quienes invaden nuestras instalaciones militares.

Venezuela ha sustituido a la Unión Soviética como sostén de Cuba, mientras aquí hay miles de refugiados que vieron sus viviendas destruirse y el gobierno no ha hecho nada para remediarles su situación. Su gobierno recibe —que se sepa— más de 110 mil barriles diarios de nuestro petróleo en forma de regalo, supuestamente compensado con servicios que no valen lo que cuesta producir el petróleo. Su régimen hace triangulaciones de negocios que encarecen lo que Venezuela importa y les permiten a ustedes una grosera e innecesaria tajada de comisiones. Chávez y ustedes han logrado que lo que ha sido la tradicional amistad entre cubanos y venezolanos, hoy esté atravesada por el resentimiento y la sospecha. Esa amistad volverá pero una vez que cese la invasión de funcionarios de su país al nuestro.

Usted invocó en su revolución la necesidad de luchar contra los cipayos que en su país propiciaron la intervención foránea durante décadas. Nosotros hoy luchamos contra los cipayos que en Venezuela han propiciado la intervención del gobierno cubano en la dirección de nuestro Estado y nuestra sociedad.

En el futuro seremos países amigos pero jamás aceptaremos la permanencia del status-quo que les ha permitido la anexión institucional de nuestro país al suyo. Tenga la seguridad de que mi gobierno estará comprometido con el pleno retorno de la democracia a Cuba.

Comandante Castro, deje de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Hágalo de buen grado o las fuerzas democráticas de Venezuela se lo volverán hacer entender como hace 50 años.

El texto de la carta fue tomado de Infolatam.

Panamá se encuentra en medio de una seria crisis política gracias a los intentos del presidente Ricardo Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección.

Primero, entendamos el contexto: La Corte Suprema de Justicia de Panamá está dividida en cuatro salas especializadas que manejan áreas específicas del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y negocios generales). Las primeras tres salas están conformadas por tres magistrados cada una, mientras que la cuarta (que maneja los negocios generales) está conformada por los presidentes de las tres primeras salas.

Por un breve período existió una quinta sala encargada de temas constitucionales. Sin embargo, en 1999 la Asamblea Nacional derogó este órgano. Los temas constitucionales son actualmente dirimidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El año pasado la Corte Suprema, cuyo presidente es muy cercano a Martinelli, dictaminó que la ley que abolió a la Sala V es ilegal. Esto creó un vacío legal, ya que ahora nadie sabe con exactitud si eso significa que la sala debe ser restituida o bien, si se debe crear una nueva.

Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que rehabilitaría de nuevo a la Sala V. De aprobarse este proyecto, esta sala contaría con tres nuevos magistrados (nombrados por Martinelli) y conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial.

La Constitución panameña actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos presidenciales para poder disputar nuevamente el cargo. Muchos panameños temen que el objetivo final de Martinelli con su Sala V sea eliminar dicha restricción.

No olvidemos que una táctica similar fue utilizada recientemente por Daniel Ortega en Nicaragua para ser reelecto a pesar de que la Constitución explícitamente se lo impedía. En este caso, una Corte Suprema servil dictaminó que la prohibición a la reelección consecutiva era inconstitucional, lo que le permitió a Ortega ser candidato nuevamente (y ganar las elecciones).

A pesar de contar con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, donde Martinelli ha comprado a muchos legisladores, la oposición fue capaz de detener el proyecto que crearía la Sala V. Sin embargo, gracias al fallo nebuloso de la Corte Suprema del año pasado, Martinelli ahora amenaza con nombrar a los tres magistrados, aún cuando no hay una ley aprobaba por la Asamblea. Una crisis constitucional parece inevitable.

Un sondeo reciente publicado por el diario La Prensa reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como “autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la democracia en su país. En medio de fuertes críticas por sus tendencias autocráticas, sus ataques a la libertad de expresión, y por utilizar auditorías fiscales como mecanismo de persecución de sus oponentes políticos, el tema de la Sala V demuestra que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de Derecho en América Central luego de Daniel Ortega.

Categorias

Autores

Archivos