Una vez más, y como respuesta al retorno del presidente depuesto Manuel Zelaya, el gobierno interino de Honduras ha reaccionado de manera exagerada decretando una suspensión por 45 días de ciertas garantías constitucionales, tales como la libertad de circulación alrededor del país y el derecho a reunirse con fines políticos. El gobierno incluso está imponiendo algunas restricciones sobre la libertad de la prensa. Más preocupante aún, ayer las fuerzas armadas cerraron una estación de radio y una estación de televisión que respaldaban a Zelaya.
Como he escrito antes, estas medidas son innecesarias, contraproducentes e injustificadas. Mientras que es conocido que los partidarios de Zelaya suelen recurrir a la violencia, sus acciones hasta ahora han sido controladas por la policía y las fuerzas armadas. El propio Zelaya está recluido en la Embajada de Brasil, y si bien la está utilizando como un centro de operaciones para hacer repetidos llamados a la insurrección, hasta ahora las autoridades han estado en control de la situación.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta suspensión de las garantías constitucionales es que efectivamente obstruye el desarrollo de un proceso electoral limpio, libre y transparente. Recordemos que Honduras tendrá una elección presidencial el 29 de noviembre y muchos ven a este proceso electoral como la mejor manera de resolver la crisis política del país, particularmente a nivel internacional.
No puede haber una elección presidencial libre, justa y transparente al tiempo que derechos constitucionales básicos han sido suspendidos. Al adoptar estas medidas auto-derrotistas, el gobierno interino de Honduras está dándole una mano a Zelaya y a sus aliados internacionales en sus intentos por desestabilizar el proceso electoral del país.
Afortunadamente, trascendió anoche que el Congreso hondureño ha rebatido al gobierno del presidente Micheletti y votado en contra del decreto ejecutivo que suspende las garantías constitucionales. Micheletti señaló estar arrepentido por la medida y anunció su suspensión, la cual incluye la reapertura de las estaciones de radio y televisión clausuradas. Sin embargo, al parecer el estado de sitio permanecerá vigente toda esta semana.
Ojalá prevalezca la sensatez entre la clase gobernante en Honduras y la tesis del Congreso en contra de que el estado de sitio prevalezca. No solo sería lo mejor para garantizar la transparencia de las elecciones de noviembre, sino que también sería una muestra inequívoca de que en Honduras hay una democracia constitucional con pesos y contrapesos.