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Archivo por Abril 2017

La relación entre derechos de propiedad y prosperidad es bien conocida. Los derechos de propiedad son la pieza clave para el ejercicio de la libertad y para el progreso. Permiten a los individuos hacer uso de esos bienes y servicios de la forma que más les conviene, ya sea para obtener alguna ganancia económica mediante su venta, compra o uso; para guardar como respaldo; o bien, para tener una garantía al momento de acceder al capital. Cuando los derechos de propiedad están asegurados en una sociedad, los individuos gozan de mayor protección frente a las condiciones de pobreza al permitirles desarrollarse en el ámbito económico y social. Asimismo, la falta de protección de los derechos de propiedad tiene impactos negativos sobre los individuos, sus familias y respectivas localidades. Las economías tienden a colapsar producto de la pérdida de la confianza de inversionistas, de la desaparición del valor de la tierra y de los incentivos de los emprendedores. Hoy en día 2,7 mil millones de personas viven con menos de US$2 por día. De esos, según Landesa, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos de individuos y familias pobres sobre sus tierras, mil millones viven en áreas rurales y carecen de derechos de propiedad sobre sus tierras. Según la Fundación Rockefeller, esto puede deberse a diversos factores: (1) la ley no garantiza los derechos de propiedad, como en el caso de los países comunistas; (2) la ley garantiza los derechos de propiedad pero existen además barreras culturales que impiden el ejercicio de este derecho, como ocurre con gran parte de las mujeres en la región de Medio Oriente y África del Norte; o (3) los individuos carecen de la habilidad necesaria para ejercer su derecho y esto es causado, por ejemplo, por desconocimiento de la ley, falta de información o limitaciones de tipo socio-económicas. Podría también añadirse que los procesos burocráticos a los que muchas veces los individuos se enfrentan a la hora de registrar una propiedad también constituyen barreras al ejercicio de sus derechos como dueños de la tierra.

Infografía de Landesa.org

En el caso particular de los individuos que, además de encontrarse en condición de pobreza, viven en áreas rurales y no pueden ejercer derechos sobre sus tierras, tener derechos de propiedad seguros y definidos puede hacer la diferencia. Las estadísticas recolectadas por Landesa sugieren que la producción agrícola se incrementaría en 60%, la inversión en mejoras para las viviendas de estos individuos se duplicaría y el ingreso anual familiar crecería en un 150%. Además, el embarazo adolescente caería por la mitad, el porcentaje de graduados de escuela secundaria se duplicaría y las horas trabajadas aumentarían en 17%. Cuando los derechos de propiedad están garantizados, los dueños de las tierras invertirán y a cambio recibirán el producto de este esfuerzo. Así, mientras más asegurados se encuentren estos derechos, mayor será la tasa de inversión y, en consecuencia, mayor el crecimiento económico y la prosperidad.

El proceso electoral que debió haber culminado el 2 de abril en una victoria incuestionable de un candidato a la presidencia ha sido cualquier cosa menos transparente y justo. Súmele a eso las múltiples irregularidades que ponen en duda el resultado oficial. A una mayoría de los ecuatorianos, quienes desconfían del CNE, esto no debería sorprender. Lo que si nos ha sorprendido es el respaldo casi impulsivo que ha obtenido el candidato oficialista de gran parte de los mandatarios de otros países, así como también de la OEA y de la prensa internacional.

Pero siempre hay brillantes excepciones. Entre ellas, se encuentra la columnista para las Américas del Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady, quien tildó estas elecciones como "dudosas" y reportó acerca de la persecución montada por el gobierno ecuatoriano contra aquellas personas y organizaciones que resultaban incómodas para legitimar el resultado oficial--la encuestadora Cedatos-Gallup Poll International, el candidato de oposición Guillermo Lasso, y empresas involucradas en su campaña presidencial. "O'Grady explica:

El lunes posterior al día de la elección, la misión observadora de la Organización de Estados Americanos--liderada por Leonel Fernández, un ex presidente izquierdista de la República Dominicana--respaldó la narrativa de Correa de que el Sr. Moreno había ganado. La OEA le dijo al Sr. Lasso que presente sus quejas ante al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) controlado por Correa. El Departamento de Estado de EE.UU. dijo algo similar.

Esa recomendación es una mala broma. El Sr. Correa ha sido presidente desde 2007. Controla el grupo mediático más grande del país, el congreso, la justicia, y la cúpula militar, así como también la policía nacional. Todos los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen vínculos con el gobierno o con su partido, Alianza PAÍS. El presidente del TCE es el hermano del fiscal general de Correa.

Hay cosas tan evidentes para el que quiere hacer bien su tarea de reportar acerca de la situación en Ecuador, pero gran parte de los reporteros y corresponsales reflejan un desconocimiento de incluso los detalles más básicos acerca del muy inusual proceso electoral que acabamos de vivir. O el oficialismo tiene un parlante mucho más grande--con la importante ayuda de cajas repetidoras como la amigable misión observadora de la OEA--con el cual resulta difícil competir y/o la prensa internacional y los líderes políticos de otros países tienen un fuerte sesgo hacia las fuentes oficiales de información y/o la oposición ecuatoriana no ha comunicado exitosamente su situación. Pero una mínima dosis de pensamiento crítico debería hacer dudar de estas fuentes a cualquiera que comprenda la realidad ecuatoriana: un país con un sistema de gobierno autoritario en el que las instituciones del Estado son todas controladas por el partido Alianza PAÍS. Como concluye O'Grady:

Para robarse una elección, un gobierno necesita de un poder ilimitado en casa y de tontos útiles en el extranjero. El Sr. Correa tiene ambas cosas a su disposición. Luego de una década de abusos, los ecuatorianos tienen justa razón para demandar un reconteo voto a voto.

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