El Wall Street Journal publica un reportaje hoy (en inglés, requiere suscripción) sobre el creciente negocio de la cocaína en Perú, donde la producción se ha disparado en los últimos años. El reportaje nos recuerda el "efecto globo" producto de los esfuerzos liderados por EE.UU. para erradicar la producción de cocaína en al región andina. Gil Kerlikowske, el Zar anti- drogas de la administración de Obama, ha dicho en repetidas ocasiones que la producción en Colombia ha caído en un 61 por ciento del 2001 al 2009. Pero como nos muestra el gráfico, la producción de cocaína solo se ha trasladado a Perú, país que de acuerdo a algunos cálculos, podría ya ser el principal productor de cocaína en el mundo:

* Rango promedio de producción total en la región andina.
Fuente: Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas.

Como podemos ver, Perú era la fuente más importante de producción potencial de cocaína a principios de la década de los noventa, pero la producción de coca se mudó a Colombia una vez que el régimen de Alberto Fujimori aplicó mano dura contra el narcotráfico. Para el 2000, Colombia era por mucho el principal productor. Sin embargo, debido a los esfuerzos de erradicación del entonces presidente Álvaro Uribe bajo el Plan Colombia, auspiciado por EE.UU., la producción cayó en ese país. Pero no desapareció, simplemente se trasladó de nuevo a Perú. En general, el Informe Mundial de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC) estima que la producción de cocaína en los Andes es prácticamente la misma que hace una década.

El Sr. Kerlikowske debería presentar la imagen completa la próxima vez que se jacte sobre la caída en la producción de cocaína en Colombia.

Resulta inexplicable el accionar diplomático irresponsable de países como Chile, Colombia y Costa Rica alderedor de la crisis política que vive Paraguay tras la remoción de Fernando Lugo como presidente de dicho país. Santiago y Bogotá han retirado a sus embajadores de Asunción, mientras que Costa Rica calificó lo acontecido como un "golpe de Estado" e incluso ofreció asilo político a Lugo. ¿Tuvieron las cancillerías de estos países la delicadeza de leerse la constitución de Paraguay y de informarse un poco sobre la figura legal del juicio político que se usó contra Lugo antes de proceder de manera tan temeraria?

Antes de juzgar el contexto político de un país tenemos que entender un poco de su historia. Paraguay fue gobernado durante 35 años por el dictador Alfredo Stroessner hasta su caída en un golpe de Estado en 1989. Resulta natural que luego de una dictadura tan prolongada, la constitución democrática de Paraguay, que entró en vigencia en 1992, estableciera múltiples mecanismos para limitar el poder del Jefe de Estado. Uno de ellos es dándole un poder bastante amplio al Congreso para poder remover al presidente, estipulado en el artículo 225 de la constitución:

Artículo 225 – El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.

La figura del juicio político no es nueva en sistemas presidencialistas. EE.UU. también cuenta con ella, y de hecho Bill Clinton fue sometido a un juicio político en 1998 –del cual apenas salió bien librado. Lo que caracteriza a la constitución paraguaya es el amplio poder que le da al Congreso para destituir al presidente. El mandatario no tiene que incurrir en ningún delito o crimen para poder ser removido. Con solo tener un “mal desempeño de sus funciones”, la Cámara de Diputados puede elevarle un juicio político, y de hecho ese fue el caso con Fernando Lugo, a quien, entre otras cosas, se le achacó la responsabilidad por la muerte de 18 personas en un choque entre policías e invasores de tierras hace dos semanas. Aquí se encuentra disponible el libelo acusatorio usado en su contra. Debido a esto, la Cámara de Diputados votó el jueves en la mañana 76 a 1 a favor de abrirle un juicio político a Fernando Lugo. En la mañana siguiente el Senado oyó por dos horas los argumentos de la defensa del presidente y por otras dos horas los argumentos de la parte acusatoria, compuesta por un grupo de diputados. En la tarde, tras un breve debate, el Senado votó 39 a 4 a favor de remover a Lugo de la presidencia, con dos abstenciones.

¿Expedito? Sí. ¿Injusto? Puede ser. ¿Ilegal? No. El Congreso paraguayo siguió al pie de la letra lo estipulado por la constitución del país. Quienes argumentan que no hubo debido proceso citan al artículo 17 inciso 7 de la constitución que señala que toda persona sometida a un proceso que involucre una sanción tiene derecho a “medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa”. Sin embargo, a diferencia de los procesos penales, la constitución de Paraguay deja a discresión del Congreso establecer los plazos para un juicio político. De tal forma que, aún cuando parezca injusto darle menos de 24 horas a un presidente para que se defienda, es legal. La razones dadas para justificar la celeridad del proceso fueron que someter al presidente a un juicio político prolongado amenazaba con paralizar al país y arriesgaba con desatar violentas manifestaciones. Cabe señalar además que al ser un juicio político basado en una acusación tan vaga (pero legal) como “mal desempeño de sus funciones”, el fallo de remover o no a Lugo no dependía de un criterio jurídico sino de uno político. El juicio pudo haber durado un mes que el voto ya estaba definido: el Senado lo iba a remover.

Era de esperarse que países como Venezuela y Ecuador pegaran el grito al cielo ante la remoción del poder de un presidente que les era aliado. Igual de Argentina y Brasil cuyas mandatarias tienen afinidad ideológica con el ex obispo católico. Lo que no se explica es que Colombia, Chile y Costa Rica caigan en actitudes irresponsables de referirse a lo acontecido como un golpe de Estado. Estos países todavía están a tiempo de corregir el desaguisado y reconocer al gobierno de Federico Franco en Paraguay.

Con un voto de 76 contra 1, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó esta mañana un juicio político contra el presidente Fernando Lugo por su papel en el enfrentamiento mortal que se dio la semana pasada entre la policía e invasores de tierras en Curuguaty. Es este momento el Senado se encuentra en sesión llevando a cabo el juicio político y se espera que Lugo testifique mañana para ejercer su defensa. No obstante, ya que la oposición controla el Senado, es muy probable que la mayoría requerida de dos tercios vote a favor de remover a Lugo de la presidencia.

Este proceso de destitución está contemplado en el artículo 225 de la constitución paraguaya, la cual dice que los funcionarios de alto rango del Estado como el presidente pueden ser sometidos a juicio político por "mal desempeño de sus funciones". Como podemos ver, la constitución es muy ambigua al estipular las razones por las cuales un funcionario puede ser removido de su cargo, de tal forma que la decisión queda en manos de mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Remover a Fernando Lugo de la presidencia podrá ser precipitado o un ejemplo de mala política en un país donde los políticos son expertos en tomar malas decisiones. No voy a entrar en esos detalles aquí. Sin embargo, se trata de medida perfectamente legal y constitucional.

Es por esto que es inaceptable que la Unasur amenace con considerar la potencial destitución de Lugo como un golpe de Estado. El secretario general de la Unasur incluso ha dicho que los países vecinos podrían estar facultados a invocar el Tratado de Ushuaia II, que contempla sanciones contra del país que viole "el orden democrático”. Las sanciones incluyen cerrar las fronteras (una amenaza particularmente delicada para un país sin acceso al mar como Paraguay), y suspender todo tipo de comunicación, comercio y provisión de energía. Es importante resaltar que Paraguay obtiene 95% de su energía de las represas Itaupú y Yasyreta que comparte con Brasil y Argentina, respectivamente. Por lo tanto, es altamente vulnerable a un bloqueo energético.

Unasur debe abstenerse de intervenir en el juicio político que se le sigue a Fernando Lugo. Y EE.UU. debería pedir enfáticamente que se respete el orden constitucional de Paraguay.

En esta entrevista en Canal N (Perú), el destacado economista peruano Richard Webb presenta resultados de una investigación reciente suya sobre la sierra rural peruana.

Una revolución económica silenciosa está transformando la sierra. Después de crecer por 1,6 % anual por casi un siglo, el ingreso familiar en las zonas rurales ha crecido por 5,1% por año en los últimos 15 años. Se debe a la integración del mercado interno al mercado nacional y global en un país cada vez más abierto al mundo. Ha habido una explosión de productividad, comunicación, transporte, y diversificación de actividad económica. La extensión del mercado ha producido un crecimiento inclusivo en el Perú.

Dos altos funcionarios de la administración Obama informaron a la Associated Press (en inglés) que el gobierno dará su apoyo a gran parte del Dream Act, utilizando la discrecionalidad administrativa del presidente para aplazar las acciones de deportación. Según un memorándum (en inglés) publicado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional , el plan se aplicaría a los inmigrantes indocumentados que:

• Hayan llegado a EE.UU. con menos de 16 años.
• Hayan vivido de forma continua en EE.UU. por al menos 5 años anteriores a la fecha del memorándum y se encuentren presentes en el país para la fecha del mismo.
• Se encuentren realizando estudios académicos, se hayan graduado de secundaria, obtenido un certificado de educación en general o sean veteranos de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
• No hayan sido condenados por algún delito grave, una contravención significativa, delitos menores múltiples o que no constituyan una amenaza para la seguridad nacional o pública.
• No sean mayores de 30 años.

Si el plan descrito anteriormente se implementa completamente, entre 800.000 y 2,1 millones de inmigrantes indocumentados podrían ser legalizados durante los próximos dos años (en inglés). Al ser legalizados se volverán más productivos, ganarán mejores salarios y podrán acoplarse de mejor manera a la sociedad estadounidense. Pero esto es solo una solución temporal.

Se pueden emitir permisos laborales temporales a inmigrantes indocumentados cuya deportación haya sido aplazada, pero esta situación solo podría durar dos años. Este es un proceso administrativo de rutina que ya existe para los inmigrantes indocumentados cuyas deportaciones ya han sido aplazadas. Esta es una situación en la que la complejidad de nuestras normas migratorias funcionan a favor de los inmigrantes y de los estadounidenses.

Una versión permanente de esta medida en la forma del imperfecto Dream Act necesitaría ser aprobada para gozar de todos los beneficios.

Los beneficios de la aprobación del Dream Act son inmensos. La evidencia de la amnistía de 1986 demuestra que los inmigrantes legalizados experimentaron un incremento de 15,1% de sus ganancias para 1992 (en inglés), aproximadamente 6 a 13 puntos porcentuales gracias a la legalización.

En la edición de invierno de 2012 del Cato Journal (en inglés), Raul Hinojosa-Ojeda estimó (en inglés) que una amnistía similar a la de 1986 sumaría al menos $1,5 billones al PIB en una sola década. Si 2,1 millones de inmigrantes indocumentados elegibles se legalizan de forma permanente, serían por lo menos $250.000 millones en producción adicional durante la próxima década (cálculo aproximado).

Sin embargo, antes de entusiasmarse demasiado sobre el prospecto de esta necesaria liberalización temporal, deberíamos recordar que casi nada cambió la última vez que la administración Obama utilizó su discrecionalidad para revisar los casos de deportación. Su administración prometió revisar rápidamente los casos atrasados y cerrar aquellos donde los inmigrantes indocumentados tuvieran fuertes lazos familiares con estadounidenses y ningún antecedente penal. Desde que la política entró en vigor en noviembre de 2011, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han revisado más de 411.000 casos y menos del 2% de ellos fue cerrado.

Si la propuesta del gobierno va tan lejos como el Dream Act, se reducirá la economía informal, aumentará la eficiencia económica y eliminará el miedo y la incertidumbre a los que se enfrentan millones de personas que potencialmente respetarían la ley. Sería un buen primer paso hacia reformar la inmigración y un vistazo a lo que lograría el Dream Act.

España es quizá el eslabón más débil de la Eurozona después de Grecia. Casi una cuarta parte de su fuerza laboral está desempleada; su sistema bancario es extremadamente vulnerable y podría colapsar en cualquier momento; los precios de la vivienda no han regresado a la normalidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria; y la economía está en su segunda recesión en tan solo dos años y se espera que se contraiga aún más en 2012 e incluso también en 2013. Un rescate parece inminente y el economista de George Mason University, Tyler Cowen, incluso advierte de “una implosión absoluta y total” de la economía española.

Hay un amplio consenso de que los problemas económicos de España son el resultado de una enorme burbuja inmobiliaria —aún más grande que la que afectó a EE.UU.— que estalló en 2008. Tan solo el año anterior a eso, España gozaba de indicadores fiscales saludables: Un superávit presupuestario del 1,9% del PIB y una deuda bruta consolidada de solo 36,2% del PIB. Sin embargo, una vez que estalló la burbuja, los ingresos del gobierno colapsaron y se inyectó gasto de estímulo en la economía, lo que se tradujo en un déficit fiscal de 11,2% en 2009 y una deuda bruta que ha aumentado más de 30 puntos porcentuales del PIB en tan solo cuatro años.

Paul Krugman y The Economist sostienen que esto demuestra que, a diferencia de Grecia, España no era despilfarradora. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Es cierto que España tenía un superávit antes de la crisis, pero no porque el gasto público fuera mesurado, sino porque los ingresos tributarios estaban aumentando exponencialmente (gracias al crecimiento de la burbuja inmobiliaria). Si nos fijamos en el gasto total del gobierno español en la última década, podemos ver un aumento constante y significativo desde 2009:

* Usando Deflator del PIB.
Fuente: Comisión Europea, Asuntos Económicos y Financieros.

El gasto público en términos nominales aumentó a una tasa anual de 7,6% de 2000 a 2009. Ryan Avent de The Economist afirma que “el impulso por la austeridad comenzó en 2010”, y por lo tanto tenemos que ver el gasto nominal después de ese año, cuando de acuerdo a Avent, se recortó “substancialmente” debido a las medidas de austeridad. En realidad, bajó solo un 1% en 2010 y otro 3,6% en 2011. Si estos recortes le parecen “substanciales” a Avent, entonces un aumento promedio anual de 7,6% durante casi una década debe ser dramático.

Por otra parte, si nos fijamos en el gasto público en términos reales, utilizando euros constantes del año 2000, no ha habido ningún recorte en el gasto público.

Si analizamos el gasto público como porcentaje de la economía, España parece fiscalmente prudente: El gasto representó el 39,2% del PIB en 2000 y exactamente la misma cifra en 2007. Sin embargo, como lo han señalado los economistas Juan Ramón Rallo, Ángel Martín Oro y Adrià Pérez Martí del Instituto Juan de Mariana en un reciente estudio del Cato Institute, “los datos deben ser interpretados con cautela, dado que el PIB estaba creciendo a una tasa artificialmente alta”. El punto es comprobado por el hecho de que cuando la economía se detuvo en 2008 (creció solo 0,9%), el gasto público como porcentaje del PIB saltó en 2,3 puntos porcentuales al 41,5% en solo un año. El gasto público como un porcentaje de la economía se mantuvo constante durante la mayor parte de la década de 2000 no porque el gasto estatal aumentara poco, sino porque el PIB estaba creciendo demasiado rápido.

Por otra parte, una vez que la crisis estalló, el gasto público como porcentaje del PIB alcanzó un pico de 46,3% en 2009 (gracias a una combinación de mayor gasto de estímulo y una economía en contracción). Luego se redujo a 43% en 2011, aún así una proporción mayor que en 2008. El gasto público en España sí ha disminuido en los dos últimos años, pero no de una manera tan dramática como algunos nos quieren hacer creer.

¿Qué ocurre con los impuestos? Como ha sido el caso en Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia, en los dos últimos años el gobierno español aumentó los impuestos para hacer frente al creciente déficit: El impuesto sobre la renta subió en 2010 y dos nuevas tasas de 44% y 45% fueron creadas para los ingresos más altos. Se revocaron créditos fiscales a los trabajadores independientes. La tasa del IVA subió del 16% al 18% y se aumentaron también los impuestos especiales sobre el tabaco y la gasolina. Todos estos aumentos de impuestos ocurrieron antes de que se introdujeran los grandes aumentos tributarios del gobierno de Mariano Rajoy, quien convirtió a España en uno de los países con los impuestos más altos de Europa como lo detalla ampliamente este estudio del Instituto Juan de Mariana.

En síntesis, la austeridad en España, descrita por Paul Krugman como “una locura”, consiste principalmente de aumentos significativos de impuestos y de modestos recortes al gasto público.