Argentina (en inglés), Venezuela (en inglés) y ahora incluso Ecuador (en inglés) se han adherido a la desafortunada, aunque familiar, moda económica que actualmente atraviesa la región —los controles de precios. En un intento mal concebido de “suprimir” la inflación, sus respectivos gobiernos han intentado fijar los precios a niveles artificialmente bajos. Como cualquier economista que merezca el título sabe, esto eventualmente derivará en escasez.

Considere a Venezuela, donde el gobierno fija el precio de una serie de productos, incluyendo la gasolina, cuyo precio está fijado en solamente 5,8 centavos por galón. Como el gráfico adjunto muestra, 20,4% de los productos simplemente no se encuentran disponibles en las tiendas.

Mientras que los controles de precios probablemente mantienen los precios de los productos bajos en los mercados oficiales, finalmente conducen a repisas vacías, privando a muchos consumidores del acceso a productos esenciales (como el papel higiénico, en inglés). Esto, a su vez, conduce a una inflación “reprimida” —dados los controles de precio que existen, la tasa de inflación “real” es mantenida en un nivel bajo, o reprimida mediante la intervención estatal al estilo soviético. Como el gráfico adjunto muestra, la tasa implícita de inflación anual de Venezuela (utilizando variaciones en el mercado negro --enlace en inglés-- del tipo de cambio entre el bolívar fuerte y el dólar) ubica a la tasa de inflación “reprimida” en un 153%.

De igual forma, Argentina se enfrenta a un dilema similar (ver gráfico adjunto).

Además de la escasez y la inflación reprimida, los controles de precio pueden conducir a consecuencias políticas no intencionadas en el futuro. Una vez que los controles de precio son implementados es muy difícil removerlos sin generar una agitación popular —solo considere las revueltas de 1989 en Venezuela (en inglés) cuando el presidente Carlos Andrés Pérez intentó remover los controles de precio.

Ojalá Ecuador —que, gracias a la dolarización (en inglés), está experimentando una inflación anual de solamente 3%— comprenda este sinsentido y abandone su experimento con los controles de precio.

Si los gobiernos de países como Venezuela están realmente interesados en mantener la inflación bajo control, deberían seguir el ejemplo de Ecuador —simplemente descartar su moneda doméstica y “dolarizar” (en inglés).

Margaret Thatcher, una de las figuras más influyentes e importantes de la historia de la política mundial, falleció el 8 de abril de 2013 y me veo compelido a rendirle tributo. Gobernó el Reino Unido desde 1979 hasta 1990 y fue, en mi opinión, la mejor gobernante que tuvieron los británicos el siglo pasado (honor que comparte junto con Winston Churchill).

Durante su gobierno Thatcher implantó una serie de políticas públicas consistentes en la aplicación de las recetas que tan acertadamente Milton Friedman había sugerido en su famoso libro Capitalismo y libertad. Thatcher era una defensora de los mercados libres y la propiedad privada, una firme creyente en la libertad individual y los gobiernos limitados. En otras palabras, era una liberal clásica en todo el sentido del término. Una política de conciencia y no de consensos, como solía decir. Era de una estirpe hoy extinta.

Privatizó las empresas públicas, desreguló las industrias, flexibilizó el mercado laboral, redujo los impuestos y el gasto público, implantó una política monetaria destinada a combatir la inflación, entre tantas otras medidas atinadas. Estas decisiones, que fueron impopulares en su momento, le valieron muchísimas críticas, pero Thatcher las enfrentó valerosamente y el tiempo se encargó de darle la razón demostrando la eficiencia de estas políticas. Thatcher nos enseñó que en política hay que ser valiente y pensar en el largo plazo. Que no hay que ceder ante la tentación cortoplacista de las políticas populista que permutan el bienestar de mañana por el aplauso de hoy.

Sin embargo, esos no son los únicos méritos de esta excepcional mujer. Thatcher era una política internacional, una persona destinada a jugar un rol en la historia del mundo y no sólo en la del Reino Unido. Fue una de las más grandes defensoras de la libertad individual en el mundo y, como tal, emprendió una dura lucha contra el tiránico régimen que la desaparecida Unión Soviética había implantado. De hecho, fue tan aguerrida en su lucha que fueron éstos quienes le pusieron el apelativo con el que el mundo la recordaría, “la dama de hierro”, y es que Thatcher, era una dama de principios inquebrantables y valentía única, un mujer infranqueable que nos dejó un legado que apreciar y cuidar, el “Thatcherismo”.

La esencia del Thatcherismo es la oposición al status quo, una apuesta por la libertad individual. Es la creencia de que un país sólo puede desarrollarse si sus ciudadanos son libres para tomar sus propias decisiones, sin interferencia del gobierno. Es la renuncia a premiar la ineficiencia gubernamental con más poder. Es aquello por lo que los liberales luchamos día a día.

Se le atribuye a Thomas Jefferson la famosa frase que reza “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. Margaret Thatcher ha sido una guardiana sin tregua en esa perpetua labor. Todos quienes apreciamos la libertad en el mundo debemos estarle agradecidos por su lucha incesante y su defensa sin descanso de nuestras libertades.

Qué falta le hace hoy al mundo una dama de hierro que combata la invasión totalitaria del Estado en la vida de los individuos con valentía y consciencia.

¡Maggie, te extrañaremos!

El tema caliente del momento es la cesión del contrato de concesión de la carretera a San Ramón a la constructora brasileña OAS Ltda. Diversos medios de comunicación, liderados por CRHoy, han venido exponiento las múltiples irregularidades y abusos detrás del contrato: informes técnicos del CONAVI sobre cómo ampliar la carretera con un aumento pequeño del peaje fueron ignorados, el contrato de concesión de hecho no involucra mayores obras de ampliación de la carretera, etc.

Sin duda alguna esto huele feo. Lo que no ha sido mayormente reportado en la prensa es el lobby político que vino a hacer el ex presidente brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva a favor de la constructora OAS. En agosto del 2011, da Silva vino a Costa Rica a “dar una conferencia sobre desarrollo económico y social de los países latinoamericanos”. El viaje fue patrocinado por la constructora brasileña OAS, como informara en ese momento La Nación.

Aprovechando el viajecito, Lula da Silva se reunió en Casa Presidencial con la presidenta Laura Chinchilla, probablemente para discutir también sobre el “desarrollo económico y social de los países latinoamericanos”. Año y medio después se anuncia, en medio de múltiples interrogantes, que OAS asumirá la concesión de la carretera a San Ramón.

¿Lobby político por parte del ex presidente brasileño? Pues durante su gobierno, Lula adjudicó a OAS millonarios contratos de infraestructura en Brasil. También, tras reuniones con su par boliviano Evo Morales, OAS también recibió jugosos contratos en Bolivia a pesar de diversos cuestionamientos de órganos fiscalizadores. Desde que salió del poder en el 2010, Lula ha viajado a diferentes países representando los intereses de la constructora brasileña (o a dar charlas sobre desarrollo económico pagados por la empresa, al menos). Casualmente, OAS es la patrocinadora de la película “Lula, O Filho do Brasil” (Lula, el hijo de Brasil).

Saquen Uds las conclusiones…

ACTUALIZACIÓN: En un tuit reciente, el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, afirma que si Lula vino a hacer lobby al país, no le funcionó puesto que el contrato para la ruta a Chilamate (en la que OAS era oferente en ese momento) se le adjudicó a otra empresa. Bueno sí, la obra por $52 millones a Chilamate no la ganó, pero luego se haría del contrato por $552 millones para la carretera a San Ramón. No hay que ser muy muy ágil para ver cómo perder un contrato vale la pena si luego vale para hacerse de uno 10 veces más grande. Más cuando el primero involucraba de hecho construir una carretera y el segundo ni siquiera exige construir nuevos carriles.

Si en un grupo de tres personas integrado por dos hombres y una mujer, uno de ellos decide hacer una votación para violar sexualmente a la dama y en dicha votación gana el sí con el voto de los dos hombres, a nadie se le ocurriría justificar semejante acto bajo el argumento de que la decisión fue democrática. Sin embargo muchos están dispuestos a justificar los atropellos que cometen gobernantes populistas y autoritarios bajo el pretexto de que la mayoría los apoya. Y de esa manera los caudillos roban, confiscan lo que ha sido fruto del trabajo ajeno, persiguen y encarcelan a quienes no han cometido otro delito que discrepar con el jefazo, mienten y reniegan de su palabra empeñada, tuercen las leyes a su favor, compran o intimidan a jueces y fiscales para que prevariquen, violan la constitución y las leyes que han jurado cumplir.

También hay quienes, reconociendo los abusos cometidos, los justifican diciendo que el caudillo ha ayudado a los pobres. Semejante argumento es análogo a decir que si un cura es pederasta, pero hace un buen trabajo ayudando a los niños indigentes, entonces no merece castigo alguno y hay que dejarlo que continúe con su labor. Como que una acción buena borra una mala. Pues en los ejemplos precedentes ni los dos caballeros violadores son demócratas ni el cura está libre de pecado y los tres deberían pagar sus culpas en la justicia terrenal.

La mayoría de los países democráticos reconocen que existen ciertos derechos individuales que son inalienables como ser la vida y la libertad y que hay ciertas acciones que un Estado republicano no debe permitir incluso si la mayoría lo consiente. También reconocen que la justicia debe aplicarse por igual para todos y que si alguien comete un delito, pues debe ser juzgado y cumplir su condena sin importar quién es y qué cosas buenas ha hecho en el pasado. Donde hay justicia un violador va a la cárcel, sin importar si es presidente de la república, si ganó la copa mundial de fútbol o si sacó de la pobreza a un millón de personas.

Los nuevos caudillos “democráticos” en cambio ignoran estos principios y sostienen por un lado que el apoyo de la mayoría los habilita para cometer todo tipo de atropellos contra la vida, la libertad y la propiedad de otras personas y por otro lado que sus actos de corrupción, abusos y violaciones a las leyes, están justificados y redimidos por unos cuantos programas de ayuda a los más pobres. Tristemente esa es la situación de varios países de Latinoamérica.