Una encuesta nueva en Venezuela muestra que la aprobación del Presidente Hugo Chávez ha caído de alrededor de 60 por ciento a principios de este año a 46 por ciento hoy. De igual manera, la desaprobación del Presidente ha aumentado desde alrededor de 30 por ciento a principios de este año a 46 por ciento hoy, y 59 por ciento de aquellos encuestados ven de manera negativa la situación del país.

A pesar de haber recibido más de $800.000 millones en ganancias durante los diez años de Chávez en el poder, el gobierno está haciendo un pésimo trabajo en cumplir son sus funciones legítimas--tales como el control del crímen o la corrupción--y la administración pública en otras áreas se está deteriorando. Chávez recientemente anunció cortes regulares de electricidad y en la provisión del agua (Estos asuntos serán discutidos próximamente en un Foro del Cato Institute acerca de Venezuela el 10 de noviembre).

Mientras que las condiciones domésticas deterioran, Chávez aparentemente se está sintiendo cada vez más poderoso, o al menos siente la necesidad de continuar su insaciable acumulación de poder. Hoy, El Universal, un periódico venezolano, reporta que Chávez ha anunciado que el puede expropiar empresas privadas cuando así lo quiera porque el recibió esa potestad del pueblo. ¿Por qué preocuparse acerca del Estado de Derecho cuando uno tiene la habilidad de interpretar la voluntad del pueblo? Los comentarios de Chávez reportados hoy deberían descartar cualquier duda acerca de si Chávez se considera o no el salvador de su país:

"Cada día soy más revolucionario, cada día soy más socialista...Voy a llevar a Venezuela hacia el socialismo, con el pueblo y los trabajadores...Ni se negocia la revolución, ni se negocia el socialismo, porque cada día estoy más convencido de que el socialismo es el reino de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que vino a anunciar Cristo".

Esta sátira explica de la manera más rápida, sencilla y frontal (y cómica, por supuesto) lo que muchos latinoamericanos pensamos que ha sucedido en Honduras.

Los dardos de "Mario Netas" dejarían en la cuerda floja a cualquiera que todavía clama por la restauración de Zelaya al poder.

El Senador Jim DeMint de Carolina del Sur recientemente viajó a Honduras y encontró--sin sorpresa--un país pacífico y amplio respaldo a la destitución del Presidente Zelaya entre miembros de la sociedad civil, la Corte Suprema, los partidos políticos y otros. En un artículo de opinión de este fin de semana en el Wall Street Journal, DeMint describe su viaje en vista de la contínua política de Washington de respaldar a Zelaya y su condena de lo que denomina un "golpe". La política estadounidense sorprende ya que la destitución del presidente fue un ejemplo poco común en Latinoamérica de una defensa institucional de la democracia tal como está concebida en la constitución y como ha sido interpretada por la Corte Suprema, la cual ordenó que el presidenta sea removido (Aquí y aquí hay opiniones independientes al respecto).

No obstante, el Senador cita un análisis legal del Departamento de Estado preparado por su principal abogado que aparentemente ha influenciado la política de Washington pero que no se ha hecho público ni ha sido revelado a DeMint a pesar de sus frecuentes pedidos. Por la democracia y la transparencia, el Departamento de Estado debería hacer público, inmediatamente, su reporte legal. Quizás entonces nosotros (lo cual incluye a gran parte del hemisferio) empezaremos a entender lo que está detrás de la política de Washington hacia Honduras. O por lo menos tendremos una mejor idea de lo que la administración entiende por democracia.