En un mensaje de apoyo a la última huelga general, transmitido desde mi Buenos Aires querido, dijo Joaquín Sabina: "Esta huelga me parece no sólo legítima sino también absolutamente necesaria porque no sé qué carajo está pasando en Europa, pero conquistas que han costado un siglo de sangre, de lágrimas, de sudor y de trabajo están a punto de desaparecer en manos de estos malditos del libre mercado y de los ajustes". Su compañero de gira, Joan Manuel Serrat, también se adhirió, y sostuvo que lo hacía para defender "derechos" y "libertades" que han "costado a esta sociedad muchos años de lucha, muchos años de sangre, muchos años de combate".

Sin embargo, el aumento del gasto público, que es lo que ahora está en cuestión, no fue producto de ninguna "lucha" de nadie: fue impuesto por el poder político en razón de su propia lógica y conveniencia. Si no fuera así, Sabina y Serrat tendrían muchos problemas a la hora de explicar por qué el Estado del Bienestar fue creado por el canciller Bismark, y la Seguridad Social (y, por cierto, el zapateril y progresista Ministerio de la Vivienda) por Francisco Franco. ¿Qué clase de luchadores por la libertad fueron semejantes mandatarios? El llamado mercado de trabajo español con sus onerosos costes de despido es producto de la dictadura franquista, y no de ningún combate de ningún progresista.

Dirá usted: la democracia es otra cosa. Y yo pregunto: ¿de verdad? ¿De verdad el llamado Estado del Bienestar con todos sus "derechos" y "libertades" fue producto de "muchos años de sangre"? Oiga, si primero lo impuso Franco y después nos lo impusieron aún más unos señores en un parlamento, que jamás hicieron caso a lo que la mayoría de los ciudadanos sistemáticamente prefirieron siempre y siguen prefiriendo hoy, a saber, no pagarlo.

En suma, ni benditas luchas, ni combates, ni nada de nada. Puras decisiones políticas contrarias siempre, con democracia y sin ella, a los deseos de los ciudadanos, supuestos luchadores o beneficiarios de luchadores.

Vayamos ahora a eso de que padecemos por culpa de los "malditos del libre mercado", que dice Sabina. El mercado libre no tuvo nada que ver con la enorme subida del gasto público, ni tiene nada que ver con su (siempre comparativamente pequeña, por cierto) contención. Como es obvio, el mercado libre descansa sobre las decisiones voluntarias de los ciudadanos, mientras que el aumento del gasto público es una imposición de las autoridades y los grupos de presión que a su socaire medran. Si los políticos frenan el aumento del gasto público, eso no tiene nada que ver con el mercado libre. Simplemente responde al hecho de que el poder puede violar la libertad del pueblo pero no puede hacer cualquier cosa, por ejemplo, no puede tener un déficit de dos dígitos o una deuda explosiva y después pretender que la gente le siga prestando voluntariamente el dinero sin titubear y sin reclamarle un tipo de interés mayor. En lugar de maldecir a los mercados, los artistas podrían maldecir al poder. Nunca se sabe. Igual algún día lo hacen.

Este post fue publicado originalmente en Libremercado.com el 22 de abril de 2012.

En este artículo Xavier Sala-i-Martín comenta la re-estatización de YPF en Argentina. Lo más interesante de este artículo es el relato de cómo los Eskenazi, gracias a su estrecha relación con los Kirchner, llegaron a ser dueños de 25% de Repsol. Aquí un extracto del artículo:

"En 2007, y ya con Antoni Brufau al frente de la petrolera, el presidente Néstor Kirchner pidió a REPSOL que un grupo argentino entrara a formar parte de la compañía. Se trataba del grupo Petersen de la familia de Enrique Eskenazi. La familia Eskenazi era una familia de la alta burguesía de Santa Cruz, región que había sido presidida (oh! casualidad!) por Néstor Kirchner, antes de ser presidente de Argentina. De hecho, Enrique Eskenazi era amigo íntimo de don Néstor. Es decir, el presidente Kirchner obligó en 2007 a REPSOL a aceptar un socio argentino que, casualmente, era un amigo íntimo de toda la vida. Antoni Brufau aceptó porque sabía que siempre es bueno tener inversores locales con conexiones políticas. Es bueno que los insiders te señales la existencia de luces ámbar antes de que se vuelvan rojas. Por esto aceptó que la familia Eskenazi tenga primero el 15% y luego el 25% de la compañía.

Pero había un pequeño problema: los Eskenazi eran los ricos del pueblo en Santa Cruz, pero una cosa es que tus niños se paseen por el pueblo en lujosos horteras Ferraris rojos o que chuleen por las discotecas de moda de la zona y otra cosa muy distinta es comprar el 25% de una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares. Los Eskenazi no eran tan ricos!

¿Cómo consigue la familia amiga de Kirchner comprar el 25% de REPSOL-YPF? Pues obligando a YPF a PRESTARLE EL DINERO! Repito, Néstor Kirchner obliga a REPSOL a prestar el dinero a una familia amiga para que ésta compre el 25% de REPSOL. ¿Y cómo va a pagar esa familia semejante millonaria cantidad? Pues con los dividendos de la propia REPSOL. Es decir, REPSOL, el gobierno de Kirchner y el grupo Petersen de la familia Eskenazi firman un contrato (depositado en la Security Exchange Comission de New York) que obliga a REPSOL a dar el 25% de su capital a la familia Eskenazi y ésta se compromete a pagar de vuelta con los dividendos de REPSOL. Para garantizar que REPSOL pueda cobrar ese "crédito" (o quizá deberíamos calificarlo de extorsión), se obliga a REPSOL distribuir en forma de dividendos el 90% de sus beneficios.

Es decir, cuando la señora de Kirchner acusa a REPSOL de no destinar una mayor parte de sus beneficios a inversiones y prospecciones petrolífera, no explica que su marido (repito, SU MARIDO) había obligado a REPSOL a utilizar el 90% de los beneficios a pagar dividendos para que sus amigos (repito, SUS AMIGOS) se apropiaran del 25% de REPSOL cuando no tenían ni un dólar para comprar semejante cantidad de acciones(*).

Pero la cosa no acaba aquí. El señor Enrique Eskenazi coloca a sus hijos en la compañía (en particular, coloca a su hijo Sebastián como vicepresidente) y en lugar de actuar como el socio local que juega el importante papel de alertar de las luces ámbar antes de que aparezcan las luces rojas, se comporta como un auténtico mafioso incompetente que hace poco para defender los intereses de la compañía que dirige.

Poco a poco, REPSOL ve que se ha metido en un buen lío y que los socios locales juegan más a favor de los políticos que les han colocado en el cargo que a favor de la compañía a la que representan y pronto aparecen rumores de nacionalización. Son los últimos días de 2011 y REPSOL ha descubierto los potencialmente millonarios yacimientos de Vaca Muerta. El resto de la historia ya es conocida. Cristina Fernández de Kirchner, teledirigida por el economista Axel Kicillof(**), académico marxista, mentor de la época de Cámpora (asociación creada por Néstor Kirchner) y amigo íntimo del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner Fernández, anuncia la expropiación del 51% de REPSOL-YPF. “Curiosamente” el 51% de las acciones expropiadas provienen del 57% que es propiedad de los socios españoles. Exactamente el 0% proviene del 25% que tienen los socios argentinos, amigos del papá Kirchner, la familia Eskenazi (y también se expropia el 0% del fondo de inversión norteamericano propietario del 17%... y recordad que eso pasa tres días después de que la señora Cristina se reuniera con Obama para "negociar" el tema)".

Nada más y nada menos que el típico ejemplo del mercantilismo que todavía impera en varios países de América Latina, sistema en el cual se hacen fortunas gracias a favores concedidos por amigos que llegaron al poder.

El acontecimiento más importante de esta semana en América Latina es la decisión del gobierno argentino de tomar control de YPF, la petrolera más grande del país. El lunes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación de la participación mayoritaria de YPF, que es propiedad de la compañía española Repsol. El gobierno español, con el apoyo de la Unión Europea, ha anunciado que tomará medidas de represalia contra Argentina, señalando que "todas las opciones están sobre la mesa". La Economist Intelligence Unit tiene un muy buen análisis (en inglés) sobre el caso y las implicaciones para Argentina.

La gran pregunta tras la abrumadora reelección de Fernández en octubre pasado giraba en torno a si profundizaría el modelo económico que ella y su difunto esposo (y predecesor) implementaron desde su llegada al poder en 2003 —caracterizado por un alto gasto público, controles estrictos sobre las industrias y nacionalizaciones selectivas de empresas— o si cambiaría el rumbo, dadas las crecientes señales de agotamiento del modelo: una inflación alta, un déficit fiscal cada vez mayor, una creciente fuga de capitales, la caída de la inversión extranjera directa, el debilitamiento del peso, etc.

Cualquier duda ha sido despejada. Con la nacionalización de YPF, Argentina se une decididamente a Venezuela, Ecuador y Bolivia en el club de naciones latinoamericanas que defienden el más puro de los populismos económicos. Durante los próximos meses, podemos esperar más medidas proteccionistas, más controles sobre la economía, más nacionalizaciones y, una vez que al gobierno se le acabe el dinero tomado en los últimos tres años de los fondos de pensiones privados y de las reservas del Banco Central, no debería sorprendernos si toma control de los bancos.

Las cosas solo van a empeorar para Argentina.

Cuando se trata de comentar sobre América Latina, Paul Krugman tiene una relación escabrosa con los hechos. Echemos un vistazo a un post [en inglés] que escribió la semana pasada sobre la caída de la desigualdad en la región en la última década, fenómeno que, según él, se debe a que América Latina “está dándole parcialmente la espalda al Consenso de Washington” (un término que erróneamente se identifica con políticas de libre mercado). ¿Será ese el caso?

En primer lugar, nótese cómo el gráfico que Krugman comparte en su post de hecho muestra a la desigualdad aumentando sostenidamente en América Latina durante la década de los ochenta, antes de la implementación de las políticas relacionadas con el Consenso de Washington (que para la mayoría de países comienza a principios de los noventa), y luego muestra una caída brusca de la desigualdad antes del arribo de lo que él llama el “nuevo enfoque político” de los gobiernos de centro-izquierda. El aumento de la desigualdad en América Latina en la década de los ochenta coincide con los períodos de hiperinflación que afectaron a las economías de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú y Bolivia. Los bancos centrales en América Latina estaban muy ocupados en esos años financiando los agudos desequilibrios fiscales de sus gobiernos a través de la emisión monetaria. Y los países latinoamericanos estaban en números rojos precisamente porque sus abotagados sectores públicos se volvieron insostenibles, lo que desembocó en la grave crisis de la deuda de 1982. Por lo tanto, fue una inflación fuera de control, causada por la crisis de las políticas estatistas de décadas anteriores, la que exacerbó la desigualdad en la región. Krugman convenienrtemente omite mencionar esto.

¿Se le puede achacar la reciente disminución de la desigualdad en América Latina a alguna ideología en particular? Un estudio reciente de Kenneth Roberts de la Universidad de Cornell sobre la política de la desigualdad en América Latina, examinó las tendencias del 2000 al 2010 y descubrió que, “los países que experimentaron un descenso neto en la desigualdad estaban gobernados por administraciones tanto de izquierda, centro y derecha, incluyendo gobiernos no izquierdistas en Colombia, México, Perú, Paraguay, El Salvador, Guatemala y Panamá”. Según Roberts, “no existe una relación estricta entre la disminución de la desigualdad o el perfil ideológico de los gobiernos nacionales o ningún conjunto específico de políticas redistributivas”.

En segundo lugar, es una exageración afirmar que América Latina, como región, se apartó del Consenso de Washington. No voy a entrar aquí a discutir las virtudes de las recomendaciones políticas que identificara John Williamson en 1989, o a comentar el alcance en que éstas fueron implementadas por los diferentes gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años algunos países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, le han dado la espalda a políticas macroeconómicas responsables, la mayoría de los gobiernos de la región, incluso los llamados “de centro-izquierda”, continúan poniendo en práctica políticas macroeconómicas relacionadas con el Consenso de Washington, tales como una mayor apertura comercial, disciplina monetaria y fiscal, y la atracción de inversión extranjera directa.

Es revelador que, a pesar de los graves retrocesos de países como Venezuela, Ecuador y Argentina, la libertad económica ha aumentado — ligeramente— en la última década en América Latina como región. De acuerdo al índice de Libertad Económica en el Mundo, América Latina pasó de tener una calificación promedio regional de 6,56 (sobre 10) en el 2000 a 6,62 en el 2009. Insinuar que América Latina le ha dado la espalda de alguna manera a las políticas de mercado resulta tendencioso.

En tercer lugar, Krugman analiza el desempeño económico de los gobiernos latinoamericanos basándose en su filiación ideológica, y sugiere que los regímenes socialdemócratas tienen un mejor desempeño que los gobiernos no izquierdistas. Sin embargo, el estudio en el que fundamenta su post comete el error de analizar a los gobiernos únicamente por su identificación ideológica, sin prestar atención a sus verdaderas políticas económicas. Esto puede prestarse para serias confusiones. Por ejemplo, durante el período comprendido por el estudio (la década de los 2000), Chile es catalogado como “de centro-izquierda”, a pesar que durante esa década el país aumentó su nivel de libertad económica, pasando en el índice de Libertad Económica en el Mundo del puesto 28 en el 2000 al 5to lugar en el 2009.

Finalmente, Krugman cierra su comentario cuestionando el modelo de libre mercado y el sistema privado de pensiones de Chile (a pesar de que el estudio al que se refirió cataloga a Chile como “de centro-izquierda” y por lo tanto acredita a esa tendencia ideológica por los saludables indicadores económicos chilenos). Krugman no brinda evidencia para fundamentar su crítica más que hacer una referencia velada a las recientes protestas estudiantiles de Chile. Si hubiese analizado los hechos, habría visto un panorama distinto. Vería que Chile es el país con el récord más impresionante de reducción de la pobreza en América Latina (la tasa de pobreza cayó del 45% a mediados de los ochenta a únicamente el 15% en el 2011), que ha triplicado su ingreso per cápita desde 1990 a $16.000 (el más alto en América Latina), y que está camino a convertirse en la primer nación desarrollada de América Latina en menos de una década. ¿Qué será lo que disgusta tanto a Paul Krugman de este exitoso récord chileno?