Dos altos funcionarios de la administración Obama informaron a la Associated Press (en inglés) que el gobierno dará su apoyo a gran parte del Dream Act, utilizando la discrecionalidad administrativa del presidente para aplazar las acciones de deportación. Según un memorándum (en inglés) publicado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional , el plan se aplicaría a los inmigrantes indocumentados que:
- Hayan llegado a EE.UU. con menos de 16 años.
- Hayan vivido de forma continua en EE.UU. por al menos 5 años anteriores a la fecha del memorándum y se encuentren presentes en el país para la fecha del mismo.
- Se encuentren realizando estudios académicos, se hayan graduado de secundaria, obtenido un certificado de educación en general o sean veteranos de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
- No hayan sido condenados por algún delito grave, una contravención significativa, delitos menores múltiples o que no constituyan una amenaza para la seguridad nacional o pública.
- No sean mayores de 30 años.
Si el plan descrito anteriormente se implementa completamente, entre 800.000 y 2,1 millones de inmigrantes indocumentados podrían ser legalizados durante los próximos dos años (en inglés). Al ser legalizados se volverán más productivos, ganarán mejores salarios y podrán acoplarse de mejor manera a la sociedad estadounidense. Pero esto es solo una solución temporal.
Se pueden emitir permisos laborales temporales a inmigrantes indocumentados cuya deportación haya sido aplazada, pero esta situación solo podría durar dos años. Este es un proceso administrativo de rutina que ya existe para los inmigrantes indocumentados cuyas deportaciones ya han sido aplazadas. Esta es una situación en la que la complejidad de nuestras normas migratorias funcionan a favor de los inmigrantes y de los estadounidenses.
Una versión permanente de esta medida en la forma del imperfecto Dream Act necesitaría ser aprobada para gozar de todos los beneficios.
Los beneficios de la aprobación del Dream Act son inmensos. La evidencia de la amnistía de 1986 demuestra que los inmigrantes legalizados experimentaron un incremento de 15,1% de sus ganancias para 1992 (en inglés), aproximadamente 6 a 13 puntos porcentuales gracias a la legalización.
En la edición de invierno de 2012 del Cato Journal (en inglés), Raul Hinojosa-Ojeda estimó (en inglés) que una amnistía similar a la de 1986 sumaría al menos $1,5 billones al PIB en una sola década. Si 2,1 millones de inmigrantes indocumentados elegibles se legalizan de forma permanente, serían por lo menos $250.000 millones en producción adicional durante la próxima década (cálculo aproximado).
Sin embargo, antes de entusiasmarse demasiado sobre el prospecto de esta necesaria liberalización temporal, deberíamos recordar que casi nada cambió la última vez que la administración Obama utilizó su discrecionalidad para revisar los casos de deportación. Su administración prometió revisar rápidamente los casos atrasados y cerrar aquellos donde los inmigrantes indocumentados tuvieran fuertes lazos familiares con estadounidenses y ningún antecedente penal. Desde que la política entró en vigor en noviembre de 2011, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han revisado más de 411.000 casos y menos del 2% de ellos fue cerrado.
Si la propuesta del gobierno va tan lejos como el Dream Act, se reducirá la economía informal, aumentará la eficiencia económica y eliminará el miedo y la incertidumbre a los que se enfrentan millones de personas que potencialmente respetarían la ley. Sería un buen primer paso hacia reformar la inmigración y un vistazo a lo que lograría el Dream Act.