He seguido muy de cerca el proceso de paz de Colombia desde que fue anunciado hace 4 años.
Durante todo este tiempo he leído de cerca sobre lo negociado en La Habana, he hablado con docenas de colombianos (incluyendo uno de los negociadores), he visto de primera mano en Colombia la maquinaria mediática del gobierno de Santos, he participado en decenas de programas de Club de Prensa | NTN24 y otros medios donde se han comentado los pormenores del acuerdo, he organizado eventos en Cato con expertos a favor y en contra de lo negociado y he leído los puntos más importantes del acuerdo, en especial los referentes a la llamada justicia transicional. Así que nadie me puede acusar de brindar una opinión desinformada.
Un fenómeno que marcó las negociaciones desde su arranque es el hecho de que los sondeos de opinión mostraban de una manera muy contundente que los colombianos querían paz, pero también rechazaban por completo otorgarle impunidad a los líderes de las FARC. Resolver este meollo llevó al presidente Santos a decir que si los colombianos querían un acuerdo con las FARC, debían tragarse varios sapos, es decir, debían tolerar cierto grado de inmunidad.
Sin embargo las FARC fueron muy hábiles en su negociación y lo que Santos prometió que sería un proceso de "meses" desembocó en años. Las FARC sabían muy bien que en frente tenían a un presidente vanidoso cuya mayor ambición personal era ser galardonado con un Premio Nobel de la Paz. De tal forma, dilataron las negociaciones y sacaron concesiones cada vez más leoninas. Concesiones que, un pueblo desangrado por 52 años de guerra, no pudo tolerar.
"Nadie se sienta a negociar para ir a la cárcel", dijo alguien. Es cierto. La norma es que un acuerdo de paz involucra algún grado de inmunidad. Lo hemos visto en El Salvador, en Irlanda del Norte, y otros lugares. También es difícil pensar en inmunidad cuando hablamos de masacres, terrorismo urbano, reclutamiento de niños, secuestros, extorsión, abortos forzados de mujeres guerrilleras, etc. Muchos de estos son crímenes de lesa humanidad que en buena práctica de derechos humanos no pueden ser perdonados.
Pero el acuerdo de La Habana fue más allá de un simple perdón: le garantizaba a las FARC 26 escaños en el futuro Congreso, le otorgaba 31 frecuencias de radio, un canal de televisión y un centro de pensamiento financiado por los contribuyentes para que hicieran propaganda, establecía que la indemnización a las víctimas corría por cuenta de los contribuyentes colombianos y no de las FARC, cuyo capital se estima en $10.000 millones. Las FARC pasarían a ser el partido político mejor financiado y con una cuota de poder político significativa sin siquiera tener que obtener un solo voto a su favor.
En todo este tiempo siempre dije que la decisión final era de los colombianos. Y era una decisión que era mucho más compleja que simplemente querer paz o guerra, como lo ha querido caricaturizar la prensa extranjera. Hoy una mayoría de colombianos votó en contra de este acuerdo, pero les garantizo que ninguno votó por más guerra. Todos los colombianos que conozco que votaron por el NO son gente decente que aspiran a vivir en un país en paz, pero con justicia. Sin impunidad.
Antes de saltar a acusar a los colombianos de insensatos, guerreristas o compararlos con los votantes de Trump (el hombre de paja de nuestros tiempos), saquemos un tiempo para entender mejor las motivaciones de esa mayoría de colombianos que hoy dijo NO en las urnas.