WikiLeaks: Martinelli es una amenaza al Estado de Derecho en Panamá

En agosto pasado advertí sobre las señales preocupantes que estaba enviando el presidente panameño Ricardo Martinelli. Electo en el 2009 con un programa de gobierno que enfatizaba ciertas reformas de libre mercado, Martinelli rápidamente adoptó políticas económicas intervencionistas (particularmente un aumento importante en el gasto público) que tarde o temprano afectarán la estabilidad macroeconómica de Panamá. También señalé el todavía más alarmante patrón de compadrazgos, erosión de los pesos y contrapesos propios de una democracia y ataque a la prensa por parte de la administración Martinelli.

Un cable revelado por WikiLeaks esta semana parece confirmar muchos de estos temores. Fechado en agosto del 2009 y firmado por la entonces embajadora de EE.UU. en Panamá, Barbara Stephenson, el documento describe “las tendencias autocráticas” de Martinelli, enfatizando la solicitud que le hiciera al gobierno estadounidense para que le ayudara a intervenir las llamadas telefónicas de sus opositores políticos —pedido que fue rápidamente negado por la embajada de EE.UU. en Panamá. Stephenson agrega que, luego de reunirse con el presidente panameño, cree que Martinelli “podría estar dispuesto a dejar de lado el Estado de Derecho con el fin de alcanzar sus objetivos políticos y de desarrollo”.

De acuerdo al cable, Martinelli ha recurrido a “la intimidación y al chantaje” de empresas privadas. Stephenson afirma que el presidente panameño le dijo que “ya se había reunido con los presidentes de las cuatro empresas de telefonía del país y había discutido los métodos para obtener información de llamadas”. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional (donde la coalición de Martinelli goza de una amplia mayoría) que “requeriría un registro de los teléfonos celulares pre-pagados y obligaría a las operadoras de telefonía celular a entregar datos de llamadas al gobierno para investigaciones criminales”. Martinelli también le dijo a Stephenson que “él había presionado a los operadores de los casinos y amenazado con cancelar sus concesiones si no pagaban los impuestos que debían y cortaban sus lazos con figuras políticas de la oposición, quienes les habían entregado sus generosas concesiones”.

El cable termina señalando cómo en “gran parte de los nombramientos [del gobierno de Marinelli] ha predominado la lealtad en vez de la capacidad”. En otras palabras, en el gobierno de Martinelli prevalece el compadrazgo —tal y como escribí en agosto.

Aparte del cable de WikiLeaks hay más evidencia reciente que confirma las preocupantes inclinaciones autocráticas de Martinelli. Por ejemplo, varias organizaciones internacionales de prensa han criticado al gobierno de Martinelli en los últimos meses por su acoso a los medios de comunicación independientes. Reporteros sin Fronteras rebajó en 30 posiciones a Panamá en su último Índice de Libertad de Prensa, indicando que el país “ha tomado una dirección opuesta, en una atmósfera que se está volviendo cada vez más tensa entre la prensa y las autoridades”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dice en su más reciente informe sobre Panamá que “a lo largo de los últimos seis meses, la libertad de prensa se vio amenazada por acciones de instituciones del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, así como del Órgano Judicial y el Ministerio Público”. Como señalé en mi artículo de agosto, Martinelli ha nombrado a personas cercanas a él (y controversiales) en la Corte Suprema y el Ministerio Público.

El cable diplomático revelado por WikiLeaks así como estos reportes de organizaciones internacionales fortalecen el argumento de que Ricardo Martinelli es una amenaza cada vez mayor para el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de Panamá. Los panameños tienen muchas razones para estar preocupados.