La Superintendencia de Bancos del Ecuador emitió una resolución en 2016 prohibiendo que sea de conocimiento público cualquier auditoría acerca del estado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante los próximos 15 años. Esto justo cuando varios expertos y analistas habíamos venido advirtiendo acerca de una inminente crisis en el sistema de reparto estatal. El actuario Rodrigo Ibarra advirtió esta semana que "El actual sistema de pensiones es inviable" al señalar que para 2021 se acabará el fondo de ahorro, al que le han venido metiendo la mano desde 2016 dado que no alcanzan los ingresos vía aportes de afiliados para cubrir el gasto en pensiones de los actuales jubilados. Ibarra dice que cuando llegue ese momento hay dos escenarios: o el estado asume la diferencia o se pagaran pensiones incompletas. Si el estado asume la deuda del IESS con los afiliados, Ibarra explica lo siguiente:
"Según nuestras simulaciones, se necesitarán USD 1 800 millones en el 2022, ya que no habrá ahorros. En el 2025 harán falta USD 2 500 millones y en el 2055 llegará a sumar hasta el 20% del PIB, lo cual es insostenible. Ningún Gobierno podrá manejar una carga de esa magnitud. Por eso, patear el problema para los próximos gobiernos es gravísimo".
Esta deuda implícita del IESS con sus afiliados, que muy probablemente sería asumida por el estado ecuatoriano en 2021, debe sumarse a la ya abultada e incompleta cifra oficial de la deuda pública.
Los sistemas de reparto por definición nacen condenados a la quiebra por la demografía y son presa fácil de los demagogos. Pero durante la última década se aceleró su quiebra al triplicar en tan solo 6 años el universo de afiliados sin aumentar de forma consecuente el financiamiento de sus beneficios, los cuales también incrementaron a un ritmo alegre (aumentos de hasta 16% al año en las pensiones).
Desde hace décadas varios han propuesto un sistema de capitalización individual como el de Chile y muchos se han opuesto argumentando que los costos de transición son demasiado altos. Pero habría que comparar los costos de seguir bajo el esquema actual con aquellos de un sistema de capitalización que por definición nace financiado y detiene la hemorragia del sistema estatal de reparto. No se valen aquellas comparaciones tramposas en que las cuales se le endosa los platos rotos del sistema actual al de capitalización.
Más áun, hay que plantear la discusión desde el punto de vista de legitimidad: ¿es justo que los trabajadores ecuatorianos no tengan derecho a siquiera tener información acerca del estado de sus ahorros? ¿Se le permitiría a un banco privado reservar la información durante 15 años? ¿Por qué si a la institución que monopoliza la gestión de la mayor porción del ahorro nacional?