Lo que los primeros 100 días de Trump implican para la política educativa

El presidente-electo Donald Trump ha publicado sus planes para sus primeros 100 días de gobierno. Luego de delinear sus propuestas acerca de límites de períodos, de una guerra comercial, de deportaciones masivas, el plan incluye el siguiente párrafo acerca de política de educación:

“Ley de Elección Escolar y Oportunidad para la Educación. Redirige dólares de educación para darle a los padres el derecho a enviar a su hijo a la escuela que elijan, ya sea pública, privada, concesionada, religiosa o en casa. Esta ley acaba con el currículum común, deja la supervisión de la educación en manos de las comunidades locales. Expande la educación vocacional y técnica, y hace que las carreras universitarias de 2 y 4 años sean más asequibles”.

Los detalles están lejos de ser claros, pero parece que su política educativa se enfocará en tres áreas:

1. La libertad para elegir escuela

Trump tiene el instinto correcto acerca de la libertad para elegir la escuela, pero si el está planeando promover un programa nacional de cupones escolares, entonces lo está haciendo de la manera equivocada. Anteriormente ha prometido destinar $20.000 millones de fondos federales a las políticas de elección escolar, y ha dicho que “le daría a los estados la opción de permitir que estos fondos sigan al estudiante a las escuelas públicas o privadas donde ellos estudien” así como también usar premios federales para lograr que los estados expandan las políticas de elección escolar aún más. Expandir las oportunidades educativas es admirable, pero utilizar al gobierno para hacerlo es una mala idea. Como David Boaz explicó hace más de una década en el Cato Handbook for Congress, el caso en contra de la participación federal en la educación:

“no está basada simplemente en un compromiso con la Constitución original, a pesar de lo importante que es eso. También refleja una comprensión de por qué los Padres Fundadores estuvieron en lo correcto cuando dejaron la mayoría de los asuntos en manos de los estados, los gobiernos locales y el sector privado. Los Padres Fundadores temían la concentración de poder. Ellos creían que la mejor manera de proteger la libertad individual y la sociedad civil era limitar y dividir el poder. De manera que fue mucho mejor que las decisiones se tomen de forma independiente por 13 —o 50— estados, cada uno siendo capaz de innovar y observar y copiar las innovaciones exitosas de los otros estados, en lugar de que una decisión sea tomada por todo el país. Conforme el país crece y se vuelve más complejo, y especialmente conforme el gobierno acumula más poder, las ventajas de la descentralización y del poder dividido se vuelven todavía mayores”.

Un programa federal de cupones escolares muy probablemente conduciría a una mayor regulación federal de las escuelas privadas a través del tiempo, especialmente luego de que llegue una nueva administración que sea menos receptiva del concepto de la libertad para elegir la escuela.  Como hemos visto en algunos estados, las regulaciones mal concebidas pueden socavar severamente la efectividad de la elección escolar e inducir una conformidad sofocante entre las escuelas. Además, como he explicado anteriormente, esas regulaciones son más difíciles de bloquear o derogar a nivel federal que a nivel de los estados y sus efectos negativos serían mucho más esparcidos:

“Cuando un estado adopta regulaciones que socavan su programa de elección escolar, es lamentable pero al menos los efectos perjudiciales son locales. Otros estados son libres de elegir un camino diferente. Sin embargo, si el gobierno federal regula a nivel nacional el programa de elección escolar, no hay escape. Además, los gobiernos de los estados responden más a los ciudadanos que la lejana burocracia federal. Los ciudadanos tienen una mayor probabilidad de bloquear o revertir regulaciones perjudiciales a nivel de los estados y de los gobiernos locales que a nivel del gobierno federal”.

Dicho esto, la administración de Trump puede promover la elección escolar de maneras más productivas y constitucionales. El gobierno federal tiene la autoridad constitucional en Washington, DC, donde actualmente funciona el Programa de Becas de Oportunidad (OSP, por sus siglas en inglés). El OSP debería ser expandido hasta convertirse en una Cuenta Universal de Ahorro para la Educación(ESA, por sus siglas en inglés) que empodera a todas las familias del distrito capital para gastar esos fondos en una amplia variedad de gastos educativos adicionales a la pensión en una escuela privada, incluyendo tutores, libros de texto, cursos en Internet, materiales curriculares, y más, así como también para ahorrar los fondos no utilizados para gastos posteriores, como la universidad. La administración de Trump debería explorar opciones similares en áreas donde el gobierno federal tiene jurisdicción, como las tierras de los nativos americanos y como las bases militares.

2. El currículum común:

Una vez más, Trump tiene el instinto correcto pero la política deja mucho que desear. Acabar con el currículum común es un objetivo loable, pero es principalmente una cuestión de política de estado y a estas alturas hay poco que el gobierno federal pueda hacer al respecto. Como Neal McCluskey indicó, “las principales palancas de coacción [federal] —el concurso de Carrera hacia Arriba y las exoneraciones de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás— se han ido”. La única forma que el gobierno federal tiene de librarse del Currículum Común sería involucrando al mismo tipo de coacción inconstitucional a la que los críticos del Currículum Común se oponían en primer lugar.

No obstante, la administración de Trump podría aliviar el camino para que los estados dejen a un lado el Currículum Común simplemente negándose a usar su autoridad en virtud de la Ley de Todo Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) para dictar la política de los estados. Como explicó Neal:

“Lo que [Trump] puede hacer —y creo que, junto con un congreso republicano, lo hará— es asegurarse de que las regulaciones para implementar la ESSA no hagan obligatorio el uso del Currículum Común ni de ningún otro estándar o examen. Esto ha sido una verdadera preocupación. Mientras que el espíritu y la retórica alrededor de ESSA es acerca de romper con las restricciones federales, el Departamento de Educación de Obama ha estado redactando regulaciones que amenazan el control federal por sobre las fórmulas de financiamiento y sobre los sistemas de rendición de cuentas. Y el estatuto incluye lenguaje lo suficientemente vago que podría permitir el control federal mediante un veto del secretario de educación. Una administración de Trump probablemente evitaría eso.

3. La educación universitaria y vocacional

Aquí es donde el plan de Trump es más vago. Él quiere “expandir” la educación vocacional y hacer de la universidad “más asequible” pero no explica cómo. Su sitio Web de campaña provee pocos detalles adicionales:

• Trabajar con el congreso en reformas para asegurar que las universidades están haciendo un esfuerzo de buena fe para reducir los costos de la universidad y de la deuda estudiantil a cambio de créditos tributarios a nivel federal y de dólares del contribuyente.
• Asegurar que la oportunidad de asistir a una universidad de dos o de cuatro años, o de conseguir una ocupación o set de habilidades, sea más fácil de obtener y de pagar y que esta preparación sea más fácil de terminar.

Estas afirmaciones vagas podrían haber aparecido tal cual están en el sitio Web de Hillary Clinton, donde se lee:

• Todo estudiante debería tener la opción de graduarse de una universidad pública en su estado sin tener que asumir deuda estudiantil. Para 2021, las familias con un ingreso de hasta $125.000 no pagarán pensión en una universidad de cuatro años dentro de su estado. Desde el inicio, cada estudiante de una familia que tenga un ingreso de $85.000 o menos será capaz de acudir a una universidad pública dentro de su estado sin pagar una pensión.
• Todas las universidades comunitarias ofrecerán pensión gratuita.
• Todos pondremos de nuestra parte. Los estados tendrán que poner más de su parte e invertir en educación universitaria, y las universidades tendrán que rendir cuentas por los resultados de sus estudiantes y por controlar los costos de la pensión.

Entonces, ¿cómo tratará Trump de expandir la educación vocacional y hacer que la universidad sea más asequible? No queda claro. Idealmente, Trump debería trabajar para eliminar gradualmente varios programas federales de préstamos y subsidios a la educación universitaria que una montaña de investigaciones han demostrado que están detrás de la vertiginosa inflación de las pensiones. Desafortunadamente, Trump anteriormente se ha opuesto a un plan de retribución de préstamos estudiantiles basado en el ingreso. Dicha política podría ayudar a los prestamistas a cancelar sus préstamos, pero todavía crearía los incentivos perversos que instigan la inflación de las pensiones y el consumo excesivo de educación superior mientras que deja al contribuyente responsable de cualquier cantidad que el prestamista no haya podido pagar. Cuando un estudiante toma un préstamo de $35.000 para seguir una carrera para ser titiretero y luego sorprendentemente no puede encontrar un empleo con un sueldo decente, los contribuyentes serían responsables de pagar la cuenta.

En este momento, no queda claro que hará Trump acerca de la política educativa. Sus propuestas educativas son vagas y un poco desconcertantes, pero también hay evidencia de que el quiere moverse en la dirección correcta, particularmente respecto de la libertad para elegir las escuelas y en cuanto a reducir la intervención federal en la educación primaria y secundaria. Lo que Trump necesita ahora es un buen equipo de asesores que lo ayuden a guiar sus adecuados instintos de política educativa hacia políticas públicas sabias y efectivas.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Cato at Liberty (EE.UU.) el 10 de noviembre de 2016.