Urge una reforma laboral

Esta semana se ha comentado el caso de la empresa Confiteca que ha decidido invocar el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo para despedir a 140 trabajadores. Este artículo dice que se puede terminar el contrato de trabajo “Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar”.

El ministerio de trabajo reaccionó planteando un proceso administrativo en contra de la empresa. Creen muchos que despedir de esta manera constituye una regresión de los derechos de los trabajadores. Sucede que para el trabajador que se va a quedar sin empleo ya sea porque lo despidieron o porque su empresa quebró, vería su derecho al trabajo mejor protegido por un marco regulatorio flexible. El código laboral vigente presenta al empleador limitadas opciones en momentos difíciles como el actual: despedir a trabajadores o quebrar.

La diferencia de la crisis económica detonada por el coronavirus respecto de la Gran Recesión de 2008-2009 es que ahora se ha paralizado la economía mundial en gran medida. Muchos gobiernos alrededor del mundo están obligando a sus ciudadanos a quedarse en casa y reducir a un mínimo la producción. Sucede que cuando las empresas no venden, continúan enfrentando costos fijos que incluyen arriendos, sueldos, servicios públicos, impuestos, regulaciones, etc.

En algunos países se están emitiendo mandatos para prohibirle a las empresas despedir empleados. En otros, los gobiernos están subsidiando a las empresas por el pago de los sueldos (por ejemplo, Reino Unido y Dinamarca), para lo cual nosotros no tenemos recursos. La primera estrategia es como pretender que se suspenda la ley de la gravedad y lograr la quiebra generalizada de las empresas, destruyendo permanentemente el tejido productivo y los puestos de trabajo. 

Frente a esta dura realidad, las empresas de EE.UU., por ejemplo, tienen múltiples opciones para amortiguar el golpe. Una opción que ha sonado mucho durante la última semana es aquella de enviar a sus empleados en vacaciones no pagadas o reducir los salarios.

Las empresas y los trabajadores ecuatorianos necesitan mayor flexibilidad para enfrentar este terremoto económico. De lo contrario, el edificio productivo va a colapsar por falta de ella. En virtud de la emergencia, el gobierno puede emitir una norma laboral que brinde mayor libertad de contratación a los trabajadores y empleadores. Muchos trabajadores están dispuestos a trabajar a tiempo parcial, todavía muchos más van a preferir ver su sueldo reducido antes que ser despedidos. Quizás dicha reforma requería ser interpretada por la Corte Constitucional, donde algunos podrían sostener que flexibilizar el mercado laboral constituye “una regresión de derechos”. Pero sucede que no hay peor regresión que destruir permanentemente los puestos de trabajo y la capacidad productiva del país. Además, esos derechos solo son gozados por menos de la mitad de los trabajadores del país.

Por cierto, ese sacrificio que se espera se les permita realizar a las empresas y trabajadores del sector privado, es razonable que sea correspondido por aquellos del sector público, donde reduciendo el sueldo en un 27% de todos aquellos que no trabajan en sectores de salud y seguridad el estado se podría ahorrar alrededor de $2.000 millones.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 3 de abril de 2020.