Una respuesta cada vez más peligrosa a los disturbios del 6 de enero

A principios de este mes, el país conmemoró el primer aniversario de la invasión del Capitolio por parte de partidarios del Presidente Donald Trump. Para una facción del sistema político cada vez más polarizado de EE.UU., sin embargo, no fue suficiente castigar a los revoltosos por su conducta indefensible. Ni siquiera fue suficiente urgirle al Departamento de Justicia continuar procesando a los individuos involucrados por invadir propiedad, realizar agresiones y otros tipos de delitos que cometieron. En cambio, la campaña que empezó el año anterior para designar el episodio como una verdadera “insurrección” adquirió un nuevo fervor. Esa mentalidad ahora ha conducido a medidas que amenazan importantes derechos constitucionales y podría derivar en una nueva era de persecución y represión que recuerda a la época en la que la influencia del Senador Joseph McCarthy estaba en su punto máximo.

Considerar que los eventos del 6 de enero constituyen una insurrección es una gran exageración del concepto. No hubo tanques en las calles, ni ataques armados contra múltiples instituciones del Estado,ni esfuerzos para tomar control de o cerrar los medios de comunicación —las principales características de una verdadera insurrección. Una reciente encuesta de opinión pública confirma que una mayoría de los estadounidenses correctamente rechazan el uso de ese término respecto de los disturbios en el Capitolio. 

Sin embargo, la administración de Joe Biden está adoptando varias políticas que asumen que esa alegación inflamatoria es incuestionable. El paso de este ominoso proceso se está acelerando y la envergadura de la intolerancia se está ampliando. De hecho, demasiados jugadores en el poder ejecutivo, el Congreso y en los medios de noticias tildan de “insurgente” a cualquiera que participó en la mucho más pacífica marcha en el Paseo National que antecedió el ingreso agresivo en el Capitolio, o a quienes simplemente continúan argumentando que se dio un fraude electoral durante la elección de 2020.

Fuera suficientemente malo que dicha actitud intolerante solo adoptara la forma de desagradables calumnias ideológicas, pero se está manifestando en políticas preocupantes. Durante un periodo de poco más de una semana en enero, la administración y sus aliados en el Congreso tomaron tres acciones especialmente amenazadoras.  

Una de ellas fue anunciar que el Departamento de Justicia crearía una nueva unidad enfocada en la supuesta amenaza de terrorismo doméstico. Considerando los atropellos contra la Primera Enmienda y Cuarta Enmienda en virtud de la Ley Patriota y otras medidas adoptadas como respuesta a los ataques del 11 de septiembre y la frecuentemente inflada amenaza de terroristas extranjeros, este último desarrollo es algo más que ligeramente preocupante. El Departamento de Justicia bajo el Fiscal General Merrick Garland ya ha mostrado que suscribe una definición extremadamente vaga de lo que es el terrorismo doméstico. En respuesta a una carta por parte de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (de hecho tan solo dos burócratas solitarios en esa organización) en octubre de 2021, Garland autorizó que el FBI investigue a los padres que participaron en comportamientos beligerantes durante las reuniones de las juntas escolares locales. Es seguro decir que ni siquiera los más arduos partidarios de la Ley Patriota en 2001 se imaginaron esa aplicación de la ley. 

El potencial de que una unidad de terrorismo doméstico del Departamento de Justicia tenga un efecto escalofriante por sobre la libertad de expresión es grande. De hecho, la medida evoca memorias de la notoria iniciativa COINTELPRO del FBI durante la Guerra Fría. Bajo la dirección de J. Edgar Hoover, ese programa infiltró y acosó a las organizaciones anti-guerra y pro-derechos civiles. Los informantes y agentes encubiertos varias veces buscaron manipular a esos movimientos para que participen en actos violentos y otro tipo de conducta que desacreditaría sus causas ante el público general. Debemos estar vigilantes en contra de que se repita este tipo de comportamiento sucio por parte de una agencia estatal, pero el establecimiento de esta nueva unidad crea precisamente ese peligro. 

El segundo desarrollo preocupante que se dio este mes es la decisión del gobierno de acusar a los miembros de la organización Oath Keepers con “conspiración sediciosa” respecto del incidente del 6 de enero. Uno pueda considerar a ese grupo repelente por varias razones válidas y todavía sentirse incómodo acerca de la acción del Departamento de Justicia. Desempolvar estatutos peligrosamente vagos de conspiraciones es una movida extremadamente peligrosa. Desde las Leyes de 1798 para Extranjeros y Sedición hasta las enmiendas de 1918 a la Ley de Espionaje de 1917 (tradicionalmente conocidas como la Ley de Sedición), hasta las persecuciones por sedición dirigidas en contra de las personas acusadas de ser comunistas durante la Guerra Fría, dichas leyes han derivado en tristemente célebres abusos. No es reconfortante que varios de los acusados de la organización Oath Keepers aparentemente ni siquiera estuvieron en el Capitolio el 6 de enero, y que los actos específicos de los que están siendo acusados de haber cometido son extremadamente vagos. Dada la historia del país, nunca deberíamos querer aventurarnos por ese camino de utilizar las leyes de conspiración y sedición (mucho menos una combinación de estas) para procesar a disidentes impopulares. Aún así eso es claramente lo que tiene en mente el gobierno. 

Un tercer desarrollo preocupante que se dio durante las últimas dos semanas es el anuncio de que los ejecutivos de las redes sociales serán llamados nuevamente a dar explicaciones ante un comité del Congreso sobre por qué no han hecho más para frenar la “desinformación” en sus plataformas. El Congreso ha participado de dichos intentos grandilocuentes de intimidar en múltiples ocasiones anteriores, pero esta vez el razonamiento explícito para las citaciones es el supuesto fracaso en prevenir la difusión de “falsedades, desinformación y el extremismo violento” que contribuyeron directamente a la “insurrección” del 6 de enero. Las audiencias anteriores confirmaron que cuando unos miembros del Congreso se refieren a la desinformación, esto significa cualquier punto de vista acerca de cualquier asunto que difiere de su perspectiva acerca de ese asunto. 

Facebook, Twitter, YouTube y otros gigantes de las redes sociales ya tienen un récord problemático de conceder los deseos de poderosas figuras políticas que quieren que los puntos de vista disidentes sean suprimidos. El récord de estas organizaciones para sofocar el debate acerca de temas como la posibilidad de que la pandemia del COVID-19 se haya originado con un fuga en el laboratorio de virología en China, y de asuntos respecto de documentos potencialmente reveladores encontrados en la computadora de Hunter Biden es alarmante. El prospecto de una renovada presión por parte del Congreso sobre estas organizaciones para que se alineen y supriman opiniones que cuestionen la narrativa de que los eventos del 6 de enero fueron una total insurrección es todavía más preocupante, pero está claro que esa es la intención clara detrás de la realización de estas audiencias de alto perfil acerca de ese asunto.  

Hay un creciente peligro de que los disturbios del 6 de enero se conviertan en el pretexto para una serie de nuevas medidas estatales para suprimir la disidencia. Ese patrón se ha dado antes en varias ocaciones a lo largo de la historia de EE.UU., más recientemente con la explotación cínica de los ataques del 9/11 para introducir la Ley Patriota y otras medidas represivas. Es imperativo que el pueblo estadounidense rechace la actual campaña de inflación de amenazas y la última campaña a favor de medidas que erosionarían todavía más importantes libertades constitucionales.

Este artículo fue publicado originalmente en Antiwar.com (EE.UU.) el 18 de enero de 2022.