Una reforma que el Congreso no debe aprobar

El Gobierno ha presentado al Congreso un proyectito para modificar el artículo 61° de la constitución. Dice este artículo que el estado “facilita y vigila la libre competencia”. Las modificaciones propuestas son tres.

En primer lugar, se suprimiría las dos frases que aparecen a continuación de la declaración inicial arriba citada, la primera de las cuales dice que el estado “combate toda práctica que la limite”, refiriéndose obviamente a la libre competencia. Los abogados sabrán si esto deja o no sin base constitucional al Indecopi. A este economista le parece que sí. La otra frase a la que nos referimos, según la cual ninguna ley puede autorizar ni establecer monopolios, resultaría innecesaria si se aprobara la segunda modificación.

En segundo lugar, se plantea, en efecto, una prohibición incondicional de “los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado”. Éste es, como quien dice, el pollo vivo o muerto del proyecto. ¿Qué hacemos, entonces, con Sedapal, que es un monopolio local, como lo son todas las empresas municipales de agua y saneamiento? ¿Cuántas empresas en cuántos mercados quedarían al margen de la ley al prohibirse los oligopolios? ¿Cuántas empresas son muy pocas (ὀλίγοι) para el gusto del Gobierno? La constitución, tal como está, es más sensata: no prohíbe la existencia del monopolio u oligopolio, lo cual probablemente sea imposible, sino el abuso de las posiciones monopólicas u oligopólicas (presumiblemente, en perjuicio del consumidor).

La tercera modificación que se propone agregaría solapadamente dos restricciones a la propiedad de los medios de comunicación. Además del monopolio, quedarían prohibidos el “oligopolio” y la “propiedad cruzada de los medios de comunicación”. La prohibición del oligopolio se presta a la arbitrariedad y es una amenaza a la libertad de expresión. No hay una línea que separe clara y objetivamente –un número mínimo de competidores o un índice de concentración– a los mercados oligopólicos de los competitivos. Y si la hubiera, ¿cuál sería la solución? ¿Obligar a alguien a fundar un nuevo medio o expropiar, por ilegales, a todos los que ya existen? En cuanto a la propiedad cruzada, parece una prohibición con nombre propio: los actuales dueños de La República no podrían ser, a la vez, accionistas de Canal 4.

Evidentemente, el Gobierno está tratando de culpar a la empresa privada por el aumento de la inflación. Pero la culpa no es de las empresas –tampoco del Gobierno– porque la inflación es un fenómeno monetario. Se siente más en los precios de los combustibles y de algunos alimentos porque se combina con el alza de las cotizaciones internacionales del petróleo y otros productos por la guerra, pero si está pensando en los villanos de los cuentos de ultraizquierda, le sugerimos mirar cómo han bajado los márgenes de los “monopolios” del aceite y de la leche en los últimos años, mientras sus ventas crecían aceleradamente.