Una cápsula educativa para cada niño

Hay una tendencia poderosa en la política educativa de inmediatamente preguntar acerca de cualquier idea “¿será equitativo?” y condenar cualquier cosa que se perciba como que podría ayudar más a las personas de ingresos más altos que a los pobres. Este es un instinto loable, pero condenar a los padres —incluso a los que son ricos— que están tratando de hacer lo que es mejor para sus hijnos está divorciado de la realidad humana, y peor aún, parece diseñado más para avergonzar a los ricos que para empoderar a los pobres.

Un ejemplo de esto es la respuesta al reciente fenómeno emergente de las “cápsulas” educativas, que son pequeños grupos de niños con un profesor pagado por los padres que quieren una educación presencial con un riesgo minimizado ante el COVID-19. Un reporte del Washington Post reportó acerca de este desarrollo la semana pasada, pero más desde la perspectiva de si “¿es esto justo?” que desde aquella de “este es un enfoque interesante para enfrentar el COVID”. El titular ya lo indicaba: “Para los padres que lo pueden pagar, una solución para el otoño: Traiga los profesores a los niños”. El Post desde ese entonces ha publicado otros artículos acerca de las cápsulas con los siguientes titulares: “Las ‘cápsulas escolares’ privadas se vienen. Empeorarán la desigualdad” y “El problema gigantesco con las ‘cápsulas de pandemia’ para la educación está surgiendo de repente”. El problema abordado en el segundo artículo: “estas nuevas cápsulas de pandemia replican la fuga de los blancos”.

Tan lamentable como puede ser algo que exacerba la desigualdad, es simplemente irrealista pensar que los padres con medios se abstendrán de hacer lo que ellos consideran que es mejor para sus hijos. De hecho, esto está biológicamente arraigado en nuestra forma de ser. Tampoco deberían ser avergonzados por hacer lo que ellos pueden hacer por sus hijos, especialmente cuando se trata de cuestiones tan importantes como la salud y la educación. Ellos tienen una responsabilidad de hacer lo que consideren mejor.

Nuestra inclinación no debería ser aquella de avergonzar a las familias de más recursos, quizás con la esperanza de que sientan suficiente presión social de no seguir con sus planes. En cambio, deberíamos apoderar a las familias más pobres para que busquen lo mejor para sus hijos. Ellos, también, están biológicamente motivados para cuidar de sus hijos, y si se les diera el financiamiento educativo en lugar de dárselo directamente a las escuelas estatales, estos podrían pagar para crear sus propias cápsulas.

A nivel nacional, gastamos alrededor de $13.000 por cada estudiantes en el sistema de escuelas estatales, excluyendo los costos de capital. Si las familias con 10 niños recibieran ese financiamiento y lo unieran en un fondo, podrían pagarle a cada profesor hasta $130.000 al año —más del doble del salario base de los profesores en colegios estatales de alrededor de $62.000 y dejar todavía bastante dinero para los beneficios. 

¿Qué hay de un lugar de costos altos como Washington, DC? El Distrito de Columbia gasta alrededor de $24.000 por cada estudiante en fondos actuales, lo cual le permitiría a un grupo de 10 pagar $240.000. El salario promedio de un profesor de escuela estatal en DC es de alrededor de $78.000.

Nuestra historia provee suficientes razones para fijarnos en la equidad. Pero es el gobierno el que ha causado gran parte de la inequidad que hemos visto, y ha dominado especialmente la educación —el financiamiento, la administración y la asignación de personas a cada escuela— durante más de un siglo. Es tiempo de hacer algo diferente a simplemente lamentarse por las ventajas de los ricos. Es tiempo de empoderar a los pobres para que hagan las mismas cosas que los ricos, dejándolos controlar el financiamiento que se supone que debería educar a sus hijos.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 24 de julio de 2020.