Un déficit del 4% con ingresos récord es una inmoralidad

El exceso de gasto actual son los recortes del futuro. Siempre.

El Gobierno de España ha aumentado la deuda pública desde mayo de 2018 en 329.000 millones de euros, considerando la última cifra publicada, hasta 1.486 billones. Todo ello para terminar siendo la única potencia europea que no ha recuperado todavía el nivel de PIB previo a la pandemia, y eso que ha inflado dicho Producto Interior Bruto disparando el gasto público.

Entre 2018 y 2022 el Gobierno ha aumentado el gasto en más de 130.000 millones de euros, inflando el peso del Estado en la economía un 20%.

Es, en realidad, mucho peor. Los pasivos totales de las Administraciones públicas, incluyendo deuda en manos de otros entes estatales, superan los dos billones de euros, 2.001.485 millones de euros, según el Banco de España.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la AIReF alertan sobre el déficit estructural. Con este ritmo de gasto, el FMI estima que España no reducirá su déficit anual por debajo del 4% del PIB hasta 2027. Un 4% anual, más de 48.000 millones anuales, un aumento de deuda de otros 240.000 millones de euros mínimo. Una auténtica salvajada.

Disparar el gasto corriente, que es consolidado y anualizado, y fiar la consolidación fiscal al aumento de ingresos, que es cíclico, no tiene ningún sentido. Mucho más preocupante es financiar gastos consolidables anuales con ingresos extraordinarios causados por la inflación, ya que ahonda el agujero estructural.

No hay manera posible de eliminar ese déficit con ingresos. La recaudación tributaria se ha disparado entre 2018 (208.783 millones) y 2023 (262.781 millones estimada según los presupuestos) en 54.000 millones de euros, 1.150 euros más de carga fiscal por habitante.

Es decir, para acabar con el déficit estructural, España tendría que recaudar cada año una cantidad adicional similar a lo que aumenta la recaudación en cinco años completos incluyendo el efecto de la inflación. Es empíricamente imposible conseguir la consolidación fiscal vía ingresos.

Es muy preocupante que con un aumento de ingresos como el de 2018-2023, el Gobierno no solo no reduzca el déficit estructural sino que lo prolongue.

Esto es lo que pone en peligro los servicios públicos, gastar sin control y pasarle la cuenta al siguiente.

Si al Gobierno le preocupase lo más mínimos la sostenibilidad de las pensiones, sanidad y educación no dispararía el presupuesto de Presidencia un 9,8%, hasta 304 millones de euros; el de Agenda 2030 un 17,2%, hasta 5.399 millones; el de Transición Ecológica un 6,5%, hasta los 10.371 millones o el de Asuntos Económicos un 2,4%, hasta los 4.974 millones de euros. Pero no le importa.

No podemos olvidar que el Gobierno, en sus Presupuestos de ciencia ficción, sigue pensando que pagará menos por la deuda a pesar de que los tipos están subiendo.

Un déficit de este calibre tras disparar los ingresos en 54.000 millones de euros es una inmoralidad y vuelve a demostrar que los gobiernos españoles disparan el gasto cuando suben los ingresos y cuando caen, también.

No podemos olvidar que el gasto superfluo en España es el gran problema. España es una de las economías desarrolladas menos eficiente en gasto público, según un estudio del Instituto de Estudios Económico (IEE).

España “podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE”.

Hablamos de un nivel de ineficiencia en gasto de 60.000 millones de euros anuales. Para que le digan a usted que es insolidario por pedir que no le expolien todavía más a impuestos.

Si se llevase a cabo una racionalización seria del gasto, algo que no ha querido hacer este Gobierno ni el anterior, el déficit estructural de España desaparecería y se empezaría a reducir deuda sin reducir la calidad de los servicios públicos.

En España, se intenta vender la idea ridícula de que un servicio público solo mejora si se gasta mucho más y es una falacia que solo un burócrata puede justificar.

Lo que es profundamente inmoral es continuar engordando la Administración y burocracia, el gasto político, y decirnos que somos insolidarios porque no queremos pagar todavía más impuestos.

Este Gobierno solo concibe una manera de administrar: expoliar cada vez más a los que producen para engordar la estructura burocrática de los que no producen. Es la receta del desastre económico y la que llevará a muchos mayores recortes en el futuro.

El Gobierno se había comprometido a dejar un déficit del 3% en 2023 antes de contar con casi 20.000 millones de euros adicionales de ingresos gracias a la inflación y la recuperación del turismo. Ahora va a dejar más de un 4% de déficit anual hasta 2027 con muchos mayores ingresos de los que estimaba. Eso es una inmoralidad.

Es una inmoralidad enfrentar a la sociedad con la falacia de que los ricos pagan poco. Y todavía más inmoral venderles a los ciudadanos que 114.000 personas y 350 empresas van a pagar 50.000 millones de euros más en impuestos para cubrir el agujero fiscal.

El Gobierno se ríe de sus propios votantes cuando dice que va a recaudar 1.500  millones de euros de los ricos, 3.150 millones de todas las subidas de impuestos anunciadas… Una cifra que no llega ni a hacer sombra al aumento de gasto en veleidades políticas y exceso burocrático llevado a cabo entre 2018 y 2022.

Dopar el PIB con gasto público sin rentabilidad económica real, disparar el gasto político, aumentar los impuestos constantemente a los ciudadanos y encima dejar un déficit tan elevado es una auténtica salvajada. Es un ejemplo de irresponsabilidad política y un lastre para la economía que tardaremos años en reconducir.

Eso sí, le echarán la culpa al que embride las cuentas para luego destruirlas de nuevo y nos dirán que recaudamos poco y que hay que subir los impuestos. Paga usted.

Como explicaba María Vega en El Español, cada hogar pagará 4.700 euros más en impuestos en 2023 de los que pagaba antes del Gobierno Sánchez-Podemos. La deuda crece en 18.270 euros por familia desde 2018. Todo para un aumento indirecto de la renta disponible de 1.050 euros, según el Ejecutivo.

Merece la pena reírse de ese concepto inventado por el Gobierno de “renta disponible indirecta” que es básicamente la suerte que tiene usted de pagar más impuestos para tener más burocracia gestionando los servicios públicos. Considerar que un aumento de gasto es un aumento de renta disponible es a la vez un engaño a todos y un insulto a los contribuyentes.

¿Dónde está Bruselas? Este gobierno ha aprovechado la falta de supervisión y exigencia de la Comisión Europea para disparar los desequilibrios estructurales sabiendo que será el siguiente el que tenga que lidiar con la reducción de la deuda.

El agujero creado por este Gobierno no se va a cubrir con ingresos. O se recorta drásticamente el gasto superfluo, que es enorme, o España va a tener serios problemas de solvencia a futuro. Ya no es una cuestión de debate. Es una emergencia.