¿Se convertirá Intel en otro ejemplo de los costos ocultos de las subvenciones estatales?

En un nuevo análisis de política pública de Cato publicado este mes, mostramos que las subvenciones a empresas estatales y locales han aumentado sustancialmente en los últimos años, a pesar de que sus costos económicos suelen superar cualquier beneficio regional plausible. El documento concluye, entre otras cosas, que el crecimiento de estos incentivos empresariales se debe probablemente a su atractivo político duradero y a las nuevas iniciativas federales de política industrial. También concluye que las subvenciones estatales y locales suelen crear problemas que van más allá de su elevado costo presupuestario (para el contribuyente).

Las últimas subvenciones de Ohio al fabricante estadounidense de chips Intel pueden proporcionarnos, por desgracia, otro ejemplo más.

Como explicaba Scott Lincicome en un reciente artículo de opinión, Intel acaba de recibir el mayor paquete de subvenciones federales en virtud de la Ley CHIPS y de Ciencia de 2022 (hasta 44.500 millones de dólares en subvenciones, préstamos y créditos fiscales), a pesar de que la empresa se enfrenta a vientos en contra financieros y estratégicos que se han ido acumulando durante décadas. La clave de la subvención federal concedida a Intel fue su promesa de construir una enorme planta de chips en New Albany (Ohio), que ha recibido otras ayudas financieras de gobiernos estatales y locales, entre las que se incluyen:

1. Una subvención de 1.941 millones de dólares del gobierno del estado de Ohio. Esto incluye 600 millones de dólares en subvenciones y 650 millones en incentivos fiscales a lo largo de treinta años. Se trata del mayor paquete de incentivos de la historia de Ohio y representa casi el siete por ciento de los ingresos del fondo general del estado en 2022-2023.
2. Una reducción del 100% del impuesto sobre bienes inmuebles durante treinta años por parte del gobierno local de New Albany.

Como suele ocurrir, los planes de Intel para Ohio se anunciaron a bombo y platillo en Washington, DC y Ohio, a pesar de que los beneficios esperados de las subvenciones eran inmediatamente sospechosos. Intel prometió, por ejemplo, que el proyecto de New Albany generaría 3.000 empleos en Intel, 7.000 en la construcción y "decenas de miles de empleos adicionales con proveedores y socios". Esto significaría, sin embargo, que –incluso con las proyecciones más optimistas– los gobiernos estarían pagando al menos 1,94 millones de dólares por cada puesto de trabajo creado directamente por las instalaciones de New Albany. Y esto suponiendo, por supuesto, que los planes de Intel se materialicen plenamente.

Ya hay razones para dudar de que así sea. En 2023, Intel sólo empleaba a 69 personas en Ohio, y la empresa ha retrasado la apertura de su primera planta de New Albany de 2025 a 2026, con el inicio de las operaciones a pleno rendimiento supuestamente en 2027. La empresa también está contemplando la posibilidad de reducir el alcance de sus inversiones en fábricas en Ohio y en otros lugares. Dado que muchas de las subvenciones estatales y locales a Intel no pueden recuperarse, los contribuyentes de Ohio podrían acabar recibiendo un trato aún peor que el que sus funcionarios electos les firmaron en primer lugar.

Algunos funcionarios están expresando su preocupación por el futuro de Intel en New Albany y, en el proceso, están demostrando algunas de las realidades políticas de los incentivos corporativos. Por ejemplo, el comisario del condado de Licking, Tim Bubb, admitió que él y sus colegas funcionarios fueron "demasiado optimistas" y no actuaron con la diligencia debida cuando ofrecieron a Intel todo el dinero de los contribuyentes. Simplemente "conocían el nombre Intel". Hoy, mientras tanto, Bubb muestra la dificultad política y práctica de deshacer los paquetes de subvenciones una vez ofrecidos: "Estamos en cierto modo a su merced. Son los dueños". Y ahora admite que los retrasos en la construcción "podrían tener un cierto efecto de enfriamiento en el mercado especulativo del suelo" provocado por las subvenciones, lo que se sumaría a las posibles dificultades económicas de la zona si las promesas de Intel no se cumplieran.

Como explicamos en nuestro documento, estos y otros costos "invisibles" son difíciles de cuantificar y normalmente se ignoran, pero ayudan a explicar por qué tantos economistas advierten contra las subvenciones estatales y locales a las empresas. Una y otra vez, los costos directos e indirectos de los incentivos son sustanciales, y hay pocas pruebas de que generen efectos económicos indirectos más amplios –crecimiento económico, creación de empleo, aumento de la productividad, etc.– que puedan justificar tal gasto. Así pues, las medidas persisten no por razones económicas, sino políticas, es decir, porque los políticos las encuentran irresistibles. Nuestro estudio sugiere algunas medidas para moderar estos incentivos políticos y ayudar a los legisladores estatales y locales a aplicar políticas favorables al crecimiento que no dependan de costosas dádivas empresariales como las que Ohio y el condado de Licking concedieron a Intel.

Puede que ese acuerdo no tenga arreglo, pero tal vez sus lecciones y nuestras reformas puedan ayudar a evitar otros similares en el futuro.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 25 de septiembre de 2024.