Retrasar los permisos de trabajo para quienes buscan asilo podría incrementar la delincuencia

El presidente Donald Trump emitió una proclamación presidencial en junio que restringirá aún más muchas visas de trabajo temporales. Con mucha menos fanfarria, la administración publicó después una regla final esta que, entre otras cosas, retrasaría la emisión de permisos de trabajo a las personas que solicitan asilo por un año entero. La regla final ampliará el periodo que un solicitante para asilo debe esperar para recibir una autorización de trabajo de los 180 días actuales a 365 días. 

Las solicitudes de asilo pueden tardar varios años en resolverse, una situación que se ha convertido todavía más precaria debido a la acumulación de 1,2 millones de casos en los tribunales de inmigración y otros cambios en el sistema de asilo. Es importante que los solicitantes de asilo en EE.UU. puedan trabajar legalmente para poder mantenerse mientras tanto, ya que las únicas otras alternativas son las prestaciones sociales, la caridad, el empleo ilegal o el crimen. Sin duda, la autorización legal para trabajo es preferible a esas otras alternativas.  

Un posible efecto de retrasar el acceso a los permisos de trabajo es que algunos solicitantes de asilo pueden recurrir al crimen para subsistir. No poder trabajar legalmente reduciría su costo de oportunidad de cometer un crimen. Los inmigrantes en EE.UU., ya sean legales o ilegales, son mucho menos propensos al crimen que los estadounidenses nativos. Una razón es su alta participación en el mercado laboral. Hasta los inmigrantes ilegales son menos propensos al crimen que los estadounidenses nativos. Sin embargo, esto podría cambiar para los solicitantes de asilo si deben esperar más para obtener un permiso de trabajo. 

La mejor evidencia de esto proviene de Suiza. Los cantones suizos tienen diferentes políticas de mercado laboral para los solicitantes de asilo, algunos otorgan permisos de trabajo rápido y otros retrasan su emisión por años. Observando específicamente a los solicitantes de asilo que estuvieron expuestos a la guerra cuando eran niños, los economistas Mathieu Couttenier, Veronica Petrencu, Dominic Rohner, y Mathias Theoing descubrieron que son aproximadamente un 35% más propensos a delitos violentos que la cohorte promedio de solicitantes de asilo. Encontraron que las posibilidades económicas para los solicitantes de asilo, que dependen de su acceso a permisos de trabajo en diferentes cantones, disminuyen su propensión a cometer delitos más adelante en la vida. Las clases de educación cívica y los cursos de integración también ayudan, pero no tanto como el acceso legal al mercado laboral. 

Un ensayo por los economistas Brian Bell, Francesco Fasani, y Stephen Machin observó dos oleadas distintas de inmigrantes en el Reino Unido. El primero fue de solicitantes de asilo a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, a quienes se les prohibió legalmente trabajar. La segunda ola fueron los europeos de países que se unieron a la Unión Europea en 2004 y que podían trabajar legalmente en el Reino Unido. La presencia de los solicitantes de asilo de la primera ola se asoció, en un grado estadísticamente significante, con un aumento en los delitos contra la propiedad. El asentamiento de la segunda ola se asoció con un ligero descenso en la delincuencia. Un mayor costo de oportunidad de cometer delitos debido al acceso legal a los mercados laborales redujo la delincuencia, lo que llevó a que la segunda ola se asociara con menos delincuencia.

Otro ejemplo proviene de EE.UU. y, aunque no se trata de solicitantes de asilo, este ilustra el punto general de que la autorización legal de trabajo para los inmigrantes incrementa el costo de oportunidad de que cometan un crimen. Los economistas Matthew Freedman, Emily Owens, y Sarah Bohn observaron cómo los residentes inmigrantes ilegales en San Antonio, Texas eran más propensos a ser arrestados por delitos graves contra la propiedad después de la amnistía de 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés). Esa ley le otorgo amnistía a casi 3 millones de inmigrantes ilegales en EE.UU., pero también hizo ilegal el empleo de inmigrantes ilegales (era legal para inmigrantes ilegales tener empleo en EE.UU. antes de IRCA). Los inmigrantes ilegales que no calificaban para la amnistía enfrentaron más barreras legales para trabajar y, si lo hacían, los sueldos eran un 12-24% más bajos porque el IRCA los confinó al mercado negro. Como resultado, eran más proclives a cometer delitos contra la propiedad porque la se les impedía trabajar e imponía severas sanciones económicas cuando lo hacían. Encontramos un resultado similar al observar la afluencia de no ciudadanos a las cárceles de Arizona luego de la promulgación de E-Verify en el estado.

Todo esto sugiere que aumentar la cantidad de tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar por un permiso de trabajo podría aumentar su propensión a cometer delitos. El crimen de inmigrantes es una preocupación seria a pesar de que es menos probable que lo hagan que los estadounidenses nativos. En lugar de imponer una espera más larga para que los solicitantes de asilo trabajen y, por lo tanto, reduciendo el costo de oportunidad de participar en un comportamiento criminal para ellos, el gobierno debería cambiar la ley y reducir el tiempo de espera para un permiso de trabajo. La reducción de la delincuencia es un objetivo importante de política pública. Si el gobierno puede hacerlo otorgando más permisos de trabajo antes de lo que debería, como mínimo, no debería tratar de alargar el tiempo de espera.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 24 de junio de 2020.