Repensar la ayuda en caso de catástrofe: Promover la responsabilidad fiscal y la gestión de riesgos

Cuando el Congreso vuelva a reunirse después de las elecciones, es probable que uno de los puntos principales del orden del día sea una petición de financiación de emergencia para reponer los fondos de ayuda por catástrofes tras los huracanes Helene y Milton. Con el Fondo de Ayuda para Catástrofes de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) a punto de agotarse y los préstamos para catástrofes de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ya agotados, circulan peticiones de un paquete de emergencia multimillonario. Pero este ciclo –reaccionar a cada crisis con proyectos de ley cada vez mayores, a menudo cargados de añadidos políticamente motivados– es insostenible, sobre todo dadas las precarias perspectivas fiscales de Estados Unidos.

Un enfoque más sostenible de la ayuda en caso de catástrofe combinaría el socorro con reformas fiscales responsables, como compensar los nuevos gastos con recortes en otros ámbitos y desincentivar el desarrollo en zonas de alto riesgo mediante una tarificación más precisa de los seguros, basada en el riesgo.

El enfoque actual de la ayuda en caso de catástrofe

El actual proceso de respuesta a las catástrofes es reaccionario, lo que da lugar a suplementos de emergencia apresurados y a menudo repletos de prioridades no relacionadas. Desde 1992, el Congreso ha destinado 12 billones ("trillions" en inglés) de dólares a gastos de emergencia. Para evitar adiciones innecesarias a este total, el Congreso debe mantener cualquier próximo suplemento centrado exclusivamente en la ayuda urgente para los huracanes Helene y Milton, evitando el error común de incluir gastos no relacionados. Taxpayers for Common Sense, por ejemplo, advierte de que un paquete de ayuda rellenado con añadidos no esenciales podría superar los 100.000 millones de dólares. La ayuda de emergencia no debe convertirse en un cajón de sastre para intereses especiales o proyectos extraños que explotan las crisis para obtener beneficios económicos.

Además, el actual marco federal de ayuda en caso de catástrofe crea un riesgo moral al incentivar el desarrollo en zonas de alto riesgo, subvencionado por contribuyentes que de otro modo no soportarían esos costos. El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) ejemplifica este problema. Al proporcionar seguros contra inundaciones a precios subvencionados, el NFIP fomenta el desarrollo en zonas propensas a inundaciones trasladando el riesgo financiero de los propietarios a los contribuyentes. Este desajuste de incentivos conduce a una escalada de costos y a repetidos rescates, socavando la preparación ante desastres y la responsabilidad fiscal.

Privatizar el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones

El Congreso tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de replantearse la ayuda federal en caso de catástrofe y aplicar medidas con visión de futuro para contener el gasto de emergencia. Una reforma clave es la transición a un mercado de seguros contra inundaciones totalmente privado, junto con subvenciones específicas y sujetas a la comprobación de recursos. Permitir que el mercado fije primas basadas en el riesgo ajustaría mejor los costos a los riesgos reales, incentivaría un desarrollo más seguro y minimizaría la carga de los contribuyentes. La inclusión de subsidios específicos y condicionados a los recursos garantizaría que las poblaciones vulnerables no se quedaran sin ayuda, al tiempo que sería menos regresivo que el sistema actual, que beneficia desproporcionadamente a los hogares más ricos que eligen vivir en zonas de alto riesgo.

Subsanar las deficiencias del NFIP también reduciría la redistribución geográfica de los recursos, por la que el dinero de los impuestos se extrae de los estados del interior y se envía a un puñado de estados costeros. Según la FEMA, sólo cinco estados (California, Florida, Texas, Luisiana y Nueva York) y dos territorios (Puerto Rico y las Islas Vírgenes) representan casi tres cuartas partes de las obligaciones catastróficas del Fondo de Ayuda para Catástrofes hasta la fecha. Fomentar un desarrollo responsable y una evaluación precisa de los riesgos haría que la ayuda federal para catástrofes fuera más equitativa y fiscalmente sostenible.

Compensar los nuevos gastos de emergencia

Si el Congreso determina que es necesario un paquete suplementario para responder a los huracanes Helene y Milton, debería evitar la tentación de incluir complementos y acuerdos adicionales innecesarios y costosos. Mejor aún, el Congreso debería compensar la mayor parte posible del nuevo gasto con recortes en otras partidas. Por ejemplo, el Congreso podría prohibir a la FEMA destinar más fondos a catástrofes obsoletas o a programas no relacionados con la ayuda inmediata en caso de catástrofe, como la financiación COVID-19, que según las previsiones de la FEMA supondría 22.000 millones de dólares en obligaciones entre 2025 y 2028.

Reorientar las prioridades de FEMA para centrarse en las necesidades inmediatas y a medio plazo también mejoraría la eficiencia. En la actualidad, las catástrofes antiguas representan una parte importante del presupuesto anual de FEMA. Entre 2025 y 2028, por ejemplo, FEMA prevé gastar 156 millones de dólares en los huracanes Katrina, Rita y Wilma de 2005. A medida que proliferen las catástrofes y las designaciones de catástrofes, aumentará el número de emergencias a cargo de FEMA, así como las necesidades anuales de gasto. En consecuencia, FEMA podrá gestionar mejor las emergencias actuales sin sobrecargar sus recursos si reduce sus objetivos. Como mínimo, el gasto recurrente de socorro en catástrofes para las antiguas emergencias debería tener que competir con otras prioridades de gasto en el marco de los límites de gasto.

Combinar la ayuda con la reforma presupuestaria

Para mejorar la futura restricción fiscal sobre el gasto de emergencia, el Congreso debería combinar cualquier nueva financiación de ayuda de emergencia con reformas presupuestarias de procedimiento. En esta página se presenta un conjunto de reformas presupuestarias de sentido común que mejorarían el proceso presupuestario y promoverían una planificación fiscal más responsable.

Las principales recomendaciones son las siguientes

• Compensar los gastos de emergencia mediante la aplicación de un mecanismo que permita compensar los nuevos gastos de emergencia con recortes de gastos en otros ámbitos, promoviendo la responsabilidad fiscal y fomentando una planificación presupuestaria previsora.
• Elevar los umbrales de votación para los gastos de emergencia con el fin de aumentar el número de votos necesarios para aprobar nuevos gastos de emergencia, disuadir de su uso indebido y garantizar el consenso bipartidista.
• Limitar las declaraciones ejecutivas de emergencia restringiendo las declaraciones presidenciales de emergencia a 30 días, a menos que las prorrogue el Congreso, para evitar el abuso del gasto de emergencia sin supervisión legislativa.
• Aumentar la transparencia exigiendo informes públicos sobre los gastos de emergencia del ejecutivo, permitiendo a los contribuyentes y legisladores ver cómo se utilizan los fondos durante las emergencias.
• Corregir las distorsiones de las bases presupuestarias eliminando el gasto de emergencia de las bases presupuestarias para evitar que los fondos temporales de emergencia inflen las previsiones de gasto a largo plazo y creen un sesgo hacia un mayor gasto.
• Justificar y hacer un seguimiento del gasto de emergencia exigiendo a los legisladores que justifiquen las nuevas designaciones de emergencia y exigiendo un seguimiento anual de estos costos para reforzar la supervisión fiscal.

Es hora de que el Congreso rompa el ciclo reaccionario del gasto deficitario en catástrofes. Combinar la ayuda de emergencia con estas reformas sustanciales garantizaría que el dinero de los contribuyentes se utilice de forma más responsable y eficaz. La actual reacción instintiva ante cada catástrofe, que implica la aprobación de un paquete de gasto suplementario de gran envergadura, es insostenible en un entorno con un espacio fiscal cada vez menor. El Congreso necesita un enfoque con visión de futuro que promueva la responsabilidad personal, la gestión de riesgos impulsada por el mercado y una estricta supervisión fiscal.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 12 de noviembre de 2024.