Reflexiones sobre la inmigración

Vox ha roto sus pactos autonómicos con el Partido Popular tras la decisión de los Populares de acoger en los territorios donde gobernaba con la formación liderada por el Sr. Abascal a los menores no acompañados, conocido con el término “menas”. Los voxitas consideran ese movimiento un respaldo a la inmigración ilegal y, en consecuencia, un incentivo a la entrada en España de flujos migratorios irregulares. El asunto de los “menas” es sólo la punta del iceberg de un problema de mayor calado: la definición de cuál es la política de inmigración deseable. 

De entrada, la libertad de desplazarse no implica el derecho a ir donde uno quiera e instalarse allí. Los derechos de cada persona tienen por límite los de los demás. A priori, el Gobierno que gestiona una organización estatal en una democracia tiene un uso temporal del país. No es dueño de él, pero ostenta la potestad durante su mandato de ejercer el derecho de exclusión, es decir, de establecer las normas que regulan la entrada de individuos de otros Estados en su territorio. Y, obviamente, quien viola esas normas es un okupa y, en consecuencia, ha de ser expulsado.

La izquierda y las autodenominadas fuerzas progresistas esgrimen la bandera legitimadora de los sentimientos humanitarios para avalar sus posiciones en este campo mientras que, para otros sectores de la opinión, no necesariamente ultraderechistas y xenófobos, las posturas laxas respecto a la inmigración son contrarias a su concepción de una comunidad nacional deseable y tienen sustanciales externalidades negativas. En este contexto, se plantea una pregunta elemental: ¿Es posible afrontar la cuestión migratoria desde una perspectiva neutra y racional? La respuesta es positiva.

El sistema de inmigración existente en España, al igual que en otros Estados desarrollados, incentiva los flujos migratorios de los buscadores de rentas, lo que contribuye y contribuirá a generar una creciente hostilidad hacia aquellos en amplios segmentos de las sociedades receptoras. El acceso a un amplio catálogo de prestaciones y servicios sociales genera un poderoso efecto llamada sobre la inmigración improductiva. Por añadidura, un marco institucional de esa naturaleza acentúa sus consecuencias perversas cuando, incluso los ilegales, reciben significativos beneficios en metálico o en especie, muchos de ellos por un espacio temporal indefinido. 

Por eso, la deseable y necesaria atracción de flujos migratorios cuya finalidad es contribuir a crear riqueza y mejorar sus condiciones de vida a través del esfuerzo y del trabajo exige una revisión radical y restrictiva de su capacidad de acceder a los programas del Estado del Bienestar. Si no se hace esto, se estimula la permanencia o la instalación de los beneficiarios de las ayudas sociales en los escalones más bajos de renta, fomentando una cultura de dependencia subvencionada y la creación de guetos que hacen imposible por innecesaria la integración de los inmigrantes en la sociedad anfitriona. 

El problema se agrava cuando la política hacia la inmigración no contempla a los extranjeros en términos individuales sino colectivos, esto es, por su pertenencia a un estatus legal diferenciado que refuerza el control del grupo sobre sus miembros, creando comunidades herméticas que hacen inviable o muy difícil su integración. Ello estimula al inmigrante a integrarse en redes étnicas y religiosas cerradas y a reducir-eliminar su necesidad de integrarse. Como señaló Sartori, se añade a la tendencia a la fragmentación tribal de muchas de las sociedades abiertas, impulsada por las religiones postmodernas, un nuevo y peligroso elemento: el multiculturalismo.

La evidencia empírica muestra que el multiculturalismo reduce la disposición de los inmigrantes a aprender la lengua del país receptor e incrementa la segregación espacial. Esta situación es la raíz de gran parte de la reacción adversa ante la inmigración legal e ilegal por muchos ciudadanos en las democracias liberales. Este escenario se agrava en los descendientes de los inmigrados que, en un contexto multicultural, son mucho más reacios que sus ancestros a adoptar las reglas del país anfitrión porque ya gozan o tienen expectativas de gozar de un estatus legal que asegura y consagra su singularidad. 

En este entorno resulta muy fácil utilizar la inmigración como arma política, clasificar a las personas de buenas y malas, de deseables o indeseables de acuerdo con su raza o religión y articular un respetable y atractivo discurso xenófobo haciendo abstracción de la conducta inadecuada de inmigrantes concretos una característica general de todos ellos. Esta es la consecuencia inevitable del enfoque colectivista de las políticas migratorias apadrinadas por la izquierda y la razón del atractivo del discurso y del auge de la “derecha iliberal” en un buen número de países desarrollados.

España necesita una política de inmigración nueva y diferente de la actual; esto es fría y racional, bienes cada vez más escasos en la Vieja Piel de Toro.

Este artículo fue publicado originalmente en El Español (España) el 13 de julio de 2024.