Reflexiones acerca de la conducta del presidente
Robert Levy dice que el Presidente Trump tenía todo derecho legal a investigar las posibles irregularidades pero él y sus colaboradores optaron por fabricar afirmaciones de que ya habían ganado la elección, peligrosamente erosionando la confianza de los electores en el proceso electoral.
Por Robert A. Levy
Debido a que la elección fue reñida, personas de criterio sensato reconocieron que el Presidente Donald Trump tenía todo derecho legal a investigar las posibles irregularidades. Si descubría un fraude significativo, también podría y debería haber dado los pasos para cuestionar el resultado. Pero el presidente y sus subalternos optaron en cambio por fabricar afirmaciones de que ya habían ganado la elección, que el proceso era totalmente corrupto, y que los estadounidenses no podían confiar en el resultado. Por lo tanto, los Trumpistas insistieron en que millones de electores deberían perder su derecho al voto mediante la sustitución de sus electores elegidos con escaños alternativos a ser designados por las legislaturas estatales o el Congreso.
Varias elecciones han sido cuestionadas y los conteos finales algunas veces son demorados debido a las investigaciones de mala conducta. Consecuentemente, no hubiera habido una queja defendible si el presidente hubiese dicho: “Hemos recibido algunos reportes que implican prácticas electorales cuestionables. Planeamos analizar estos reportes y exigir remedios adecuados si estos son justificados. Pero si los reportes no son verificables, aceptaremos el resultado, felicitaremos al nuevo presidente-electo, facilitaremos una transición tranquila y continuaremos gobernando la nación como mejor podamos hasta el 20 de enero”.
Tristemente, Trump prefirió la desinformación inflamatoria y las mentiras descaradas —socavando lo que de otra manera hubiese sido una impugnación legítima. En el transcurso, peligrosamente erosionó la confianza de los electores en nuestro sistema electoral y sus bases republicanas. En su desesperación, puso sus intereses personales por encima de aquellos de la nación —irónicamente pero, como era de esperar, lubricando la toma del Senado por parte del Partido Demócrata.
Es una vergüenza que Trump no pudo dar un discurso de concesión que reconcilie al país. Tenía mucho por lo cual atribuirse méritos —menos regulaciones, impuestos más bajos, una economía pre-COVID en bonanza, buenos jueces, y un progreso selectivo en el extranjero. De hecho, merece una felicitación por haber obtenido un mejor resultado en 2020 que el que esperaban quienes hacen opinión —mantener los escaños en el Senado, ganar escaños en el Congreso y capturar los senados y congresos de los estados. Pero en lugar de buscar la conciliación, el Presidente Trump decidió incitar a sus partidarios más radicales, algunos de los cuales cometieron actos despreciables, perniciosos y violentos.
Incluso antes del terrible episodio en el Capitolio, la llamada telefónica grabada de Trump al secretario de estado Brad Raffensperger probablemente violó tanto las leyes federales como las del estado de Georgia. El estatuto de Georgia implica a cualquier persona que “solicite, pida, ordene, asedie, o de otra manera intenta provocar” que otra persona cometa un fraude electoral. La ley federal se aplica a cualquier persona que “con conocimiento y deliberadamente” facilite “la obtención, marca o conteo de papeletas que es conocido por la persona que son falsos, ficticios o fraudulentos”.
Durante su llamada de una hora, Trump amenazó a Raffensperger y le ordenó “encontrar” votos. La defensa del presidente probablemente sería que su pedido para cometer fraude no era consciente ni deliberado; él pretendía solamente rectificar resultados electorales que eran fatalmente defectuosos. Esa defensa no tiene mérito. Incluso si los votos en Georgia estuviesen inherentemente defectuosos, el remedio para un fraude no es la provocación de otro fraude. Tal provocación no puede ser justificada alegando infracciones electorales.
En pocas palabras, la conducta del Presidente Trump ha sido inaceptable. Ciertamente, la nación necesita un tiempo para sanar. De manera que la decisión —ansiada por algunos observadores— de intentar destituir al Presidente por segunda vez, o de sacarlo del cargo invocando la Enmienda No. 25, podría depender de un criterio prudencial más que legal. Aún así, como mínimo, una censura por parte del Congreso —adherida particularmente por los partidarios de Trump dentro del Partido Republicano— sería algo bienvenido y justificado.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 8 de enero de 2021.