Que un procedimiento médico sea “electivo” no implica que sea “no esencial”

En mi estado de Arizona, el gobernador Doug Ducey emitió una orden ejecutiva hace seis semanas prohibiendo las cirugías y procedimientos electivos para reservar las camas y los equipos ante una esperada invasión de pacientes con COVID-19. Estas órdenes se han emitido alrededor del país, y aún así aquí y en muchas otras zonas, esa invasión nunca se materializó. En cambio, los hospitales están llenos a medias o menos, y están suspendiendo o despidiendo a enfermeras y otros miembros de su personal. De igual forma pasa en otras partes del país. Los hospitales y los consultorios médicos privados en las ciudades pequeñas y áreas rurales están luchando para seguir abiertos. 

Lo que mucha gente no sabe es que los procedimientos sean “electivos” no significa que estos sean “no-esenciales”. Simplemente significa que los procedimientos pueden ser planificados en lugar de ser apresurados como una emergencia.

Cuando los procedimientos electivos son restringidos o desalentados, los pacientes pueden sufrir. Algunos están con dolor por condiciones abdominales. Otros esperan semanas para que sean evaluados tumores posiblemente malignos. Los pacientes de cáncer ven sus quimioterapias u otros tratamientos interrumpidos. La gente permanece inmovilizada esperando una cirugía para reemplazar su cadera o por cataratas que ciegan. Las cauterizaciones cardiacas tienen que esperar, conforme los pacientes ruegan que no les de un ataque cardiaco durante la espera. Las colonoscopías para monitorear el cáncer no se hacen.

No todos los procedimientos electivos son iguales

Algunos de los gobernadores están relajando las prohibiciones, al menos parcialmente. La prohibición en mi estado fue provisional y temporalmente levantada el 1 de mayo, pero en algunos casos el daño podría estar tan avanzado como para ser reparado. 

Incluso cuando se trata de procedimientos electivos, no todos son iguales. Como cirujano general, veo pacientes con hernias que son ligeramente sintomáticas y tienen un riesgo mínimo de estrangulación. Estas pueden ser planificadas con semanas o meses de anticipación. Pero también veo pacientes con problemas incómodos en la vesícula biliar que les dificulta comer sin dolor y estos son pacientes que asumen el riesgo elevado de tener cálculos biliares que obstruyan su hígado. Ellos necesitan cirugía con más urgencia. Algunos pacientes presentan masas en sus abdómenes, tejido suave o nodos linfáticos que podrían ser malignos. Para ellos, un procedimiento debe planificarse en cuestión de días, no puede esperar semanas o meses. Los pacientes que necesitan procedimientos o tratamientos electivos no son las únicas personas perjudicadas por este enfoque centralizado de la gestión del ataque del COVID-19. A los pacientes se les ha pedido evitar visitar los consultorios de los doctores o la sala de emergencias. La Universidad Médica de Carolina del Sur recomendó retardar las citas que no sean críticas o aquellas para chequeos de rutina. Los ortopedistas incluso están alentando a algunos pacientes con huesos rotos a quedarse en casa. Consecuentemente, los pacientes evitan realizar el importante chequeo preventivo de condiciones de salud crónicas o no buscan ayuda por condiciones graves. El retraso resultante en la atención crucial es otra consecuencia no intencionada y posiblemente fatal de la política impuesta desde arriba.

En mis más de 35 años de experiencia como cirujano general, nunca he visto que se haya impuesto una prohibición a nivel de todo el estado sobre los procedimientos electivos. Antes de la pandemia del COVID-19, no era inusual que los Centros para Control y Prevención de Enfermedades emitan una alerta temprana a los funcionarios locales de salud y a los hospitales acerca de una temporada particularmente severa de influenza que podría abrumar el sistema de salud. Los administradores de hospitales luego informarían al personal médico y nos pedirían que seamos muy juiciosos cuando planifiquemos procedimientos electivos. Voluntariamente cumplimos con ese pedido. Pero ser juiciosos significa que confiaban en nosotros para que utilicemos nuestro juicio respecto de las cosas que podían esperar y aquellas que realmente no deberían ser pospuestas. Y conforme se aflojaba la presión sobre los hospitales, los administradores nos enviarían la señal de reanudar una planificación más liberal. 

Las prohibiciones generalizadas no son la respuesta

Con una prohibición de una misma talla para todos impuesta a nivel del estado por parte de una burocracia centralizada, es imposible ajustar la política para que esta se adapte a las circunstancias específicas de cada paciente. Explicarle al administrador de mi hospital por qué la hernia de mi paciente no puede esperar cuatro semanas más no lograra beneficio alguno. Luego de un pedido oficial a la administración de mi hospital, debo firmar un testimonio que diga que el procedimiento es una emergencia, lo cual mi hospital necesita para garantizar que el Departamento de Servicios de Salud de Ducey y Arizona no castigue al hospital por violar la prohibición sobre la cirugía electiva. Este tipo de problema debería ser resuelto de manera más sencilla in situ, mediante discusiones entre los administradores del hospital y el personal médico.

En anteriores epidemias virales, los administradores de los hospitales presentaban actualizaciones diarias acerca del censo de pacientes y de la capacidad hospitalaria, informándonos acerca de su capacidad para realizar procedimientos electivos. Conforme los hospitales en distintas regiones de un estado veían caer el auge de pacientes de influenza en distintas tasas, cada uno informaría a su personal médico acerca de liberalizar los procedimientos electivos de manera correspondiente a esa información. 

Las prohibiciones a nivel del estado son menos flexibles. Maniobrando alrededor de estas puede ser como intentar de voltear un barco de guerra. Las decisiones acerca de levantar las prohibiciones son influenciadas por factores tanto políticos como de salud pública. El miedo a la crítica del público fomenta una tendencia a que los políticos sean excesivamente cautelosos. Las prohibiciones son levantadas en todas partes en lugar de ser individualizadas y calibradas según la situación local.

Antes de que los gobernadores empezaran a imponer cualquier cosa parecida a las cuarentenas sobre las poblaciones de sus estados, el sector privado ya había dado importantes pasos hacia el distanciamiento social. Los festivales y otros eventos fueron cancelados, los deportes profesionales fueron pospuestos o cancelaron sus temporadas y las empresas estaban ordenándole a sus empleados trabajar desde su casa. Todo esto fue voluntario. Cuando tienen buena información y una guía adecuada por parte de los funcionarios de salud pública, el sector privado y la sociedad civil pueden responder rápida y flexible al reto de salud pública como el que tenemos hoy.  

Como muestra la experiencia del pasado, el sector de salud no es la excepción. Los gobernadores deberían dejar la cuestión de los procedimientos electivos en manos de aquellos que estamos en la primera línea.

Este artículo fue publicado originalmente en USA Today (EE.UU.) el 7 de mayo de 2020.