Por el bien de la Constitución, mantengamos al gobierno federal fuera del Proyecto 1619

Con los fuegos artificiales del debate presidencial y la batalla para reemplazar a la Jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, es fácil olvidar que el 17 de septiembre, el Día de la Constitución, el Presidente Trump propuso algo inconstitucional. En los Archivos Nacionales, donde la Constitución está exhibida, Trump atacó al Proyecto 1619 del New York Times y otras “decepciones, falsedades, y mentiras” propagadas por “la izquierda” mientras que prometió crear una comisión nacional para fomentar la “educación patriótica”. Esto estuvo dentro de la misma línea de otras acciones recientes del Partido Republicano, incluyendo legislación para reducir el financiamiento federal para escuelas estatales que decidan enseñar el Proyecto 1619.

Estas acciones no solo son inconstitucionales sino que amenazan con tomar la furia dolorosa y al rojo vivo de nuestra política nacional e inyectarla en las aulas de nuestros niños.

La Constitución le da al gobierno federal únicamente poderes específicos y enumerados y entre los que no se encuentra en ninguna parte la autoridad de pagar o no pagar para avanzar o impedir determinadas interpretaciones de la historia. Esto aplica incluso si usted realmente y verdaderamente odia el sumamente controversial Proyecto 1619, el cual “busca re-enmarcar la historia del país colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los estadounidenses negros en el mismo centro de nuestra narrativa nacional”. 

No solo los Republicanos violan la Constitución con los ataques legislativos al Proyecto 1619, ellos nos obligan a todos a participar de una guerra nacional e intensamente personal en torno a las escuelas. 

Para algunas personas, el Proyecto 1619 es liberador, revelando el inmenso pero muchas veces ignorado sufrimiento e injusticia infligidos en contra de sus ancestros, con sus continuas repercusiones en la actualidad. Para otros, se siente como un ataque personal y contra un país que aunque tiene sus defectos, está basado en ideales fundamentalmente buenos que son apreciados.  

También hay, por supuesto, numerosos desacuerdos acerca de los hechos e interpretaciones, así como siempre los hay dado que nadie lo sabe todo. Estos van desde la importancia de la esclavitud en el desarrollo económico hasta la cuestión de si un deseo de mantener la esclavitud fomentó la Revolución Americana. 

Cuando sea que el Estado, que últimamente está respaldado por el derecho legal de encarcelar o incluso matar, decide lo que debería enseñarse, o lo que está “bien” en la historia, tenemos una amenaza a la libertad y la armonía, así como también a la búsqueda de la verdad. Como ha sido ilustrado por el mapa de la batalla por las escuelas públicas del Instituto Cato (una base de datos de miles de conflictos de valores basados en identidades), cuando el estado requiere que diversas personas paguen por un sistema escolar único, este los obliga a entrar en un combate político para determinar quién obtendrá la educación que desea, y quién no. 

Este combate no solo es inherentemente divisivo, sino que últimamente lo que está en juego es la desigualdad ante la ley. Usted podría, por ejemplo, pensar que su niño necesita saber acerca del tratamiento de personas de su raza durante los últimos siglos. Qué pena si otras personas con más poder político han decidido otra cosa. Usted no recibe trato igual. Los conflictos de suma cero y su resultado son terribles cuando sea que se dan. Pero el peor campo de batalla posible, como estamos viendo en áreas ajenas a la educación, es el campo nacional, el cual involucra a todos. 

Dicho esto, mientras que la amenaza inmediata es que los Republicanos como Trump vayan demasiado lejos atacando al Proyecto 1619 y promoviendo esencialmente una historia “oficial”, ambos partidos son sumamente responsables de que nos encontremos aquí hoy. 

La primera incursión importante del gobierno federal en la educación fue liderada por el Presidente Demócrata Lyndon Johnson, quien impulsó la Ley de Educación Básica y Secundaria que inyectó dinero federal (la herramienta para ejercer poder) en las escuelas. En la década de 1980 y 1990, los Republicanos condujeron los asuntos, aumentando las pruebas nacionales durante la administración de Ronald Reagan y creando los objetivos nacionales de educación y los estándares curriculares bajo el Presidente George H. W. Bush, luego continuados por el Presidente Demócrata Bill Clinton. La Ley Ningún Niño se Queda Atrás de 2001, la cual hacía que las escuelas “rindieran cuentas” mediante evaluaciones estándar y obligatorias, tuvo respaldo de ambos partidos, y los estándares de un Núcleo Común de la década de 2010 tuvo tanto partidarios Republicanos como Demócratas. 

Al dejar a un lado la Constitución, ambos partidos importantes nos han puesto al borde del control federal de cómo se relata nuestra historia. Tal control por parte del Estado, no de personas intercambiando libremente sus ideas y debatiéndolas, no puede permitirse. En nombre de la paz, la igualdad, y el Estado de Derecho, los políticos federales deben mantenerse fuera de las clases de historia de EE.UU.

Este artículo fue publicado originalmente en Washington Examiner (EE.UU.) el 5 de octubre de 2020.