Ordenamiento territorial: ¿es posible ordenar con desorden?

Entre las políticas del Estado del Perú se plantea el compromiso de impulsar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente de ordenamiento y gestión territorial que asegure el desarrollo humano y el uso sostenible del territorio. Sin embargo, es necesario detenernos y analizar esta política. Es decir, verificar si es una política alcanzable o simplemente un deseo que no se aplica a la realidad.

La intensión de esta política es buena ya que indica que mediante el Ordenamiento Territorial se alcanzará el desarrollo humano y el uso sostenible del territorio, además se sustenta en la necesidad de que el Perú necesita un planeamiento estratégico para crecer de manera ordenada a nivel territorial, donde las actividades económicas, sociales y ambientales tengan su respectivo espacio de desarrollo.

Sin embargo, está política desde su concepción ya presenta un desorden, es decir, las propias normas que fomentan el Ordenamiento Territorial, son demasiadas, rigen en varios ámbitos y se superponen entre sí. Por ejemplo, tenemos la Ley de Bases para la Descentralización, las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipalidades, la Ley General del Ambiente, el Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional del Ambiente, los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial y la propuesta de Estrategia Nacional de Zonificación Ecológica y Económica.

Si tenemos esta situación, que nos garantiza que esta política tenga éxito, si las mismas normas que impulsan el Ordenamiento Territorial fomentan un desorden y una superposición de objetivos. Una política pública no solo debe estar sustentada en buenas intenciones, sino en un respectivo análisis sobre la eficiencia de su aplicabilidad en la realidad. No basta con confiar en expertos benevolentes que creen tener toda la información para poder modelar territorios, ecosistemas y dictar soluciones, antes es importante detenernos y verificar si las base de esta política está adecuadamente sustentada.

Al respecto, el último informe ambiental de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) indica que el Perú en materia de Ordenamiento Territorial adolece da varios problemas como: una dispersión legal que genera incertidumbre, el ordenamiento territorial se percibe como obstáculo a los proyectos de inversión, existen problemas de delimitación de competencias y articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales y finalmente no existe una ley que integre las normas dispersas y articule a los sectores estatales.

Es ilógico ordenar el territorio en base a una política desordenada, si bien hasta el momento en el Perú, 13 de las 24 regiones ya tienen aprobada su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), eso no demuestra que estas regiones hayan alcanzado el desarrollo humano y el uso sostenible del territorio. Por ejemplo, la región Madre de Dios que cuenta con una ZEE tiene problemas de superposición de tierras, minería ilegal y tala ilegal de bosques que vienen originando conflictos sociales y sobre todo un deterioro muy serio sobre el medio ambiente, a pesar que desde el 2001 al 2015 la inversión pública en Ordenamiento Territorial se incrementó de  S/. 24 millones de soles a S/. 142 millones de soles.

Es evidente que antes de buscar ordenar el territorio del Perú, se debería ordenar la legislación. Tener bellos deseos en el papel no garantizan un desarrollo humano y uso sostenible del territorio. No se debe confiar a ciegas en la planificación estratégica sobre todo si las sociedades son en esencia dinámicas y su accionar sobre el territorio puede variar en el tiempo.

Si los políticos no son capaces de ordenar la legislación sobre el tema, menos podrán ordenar un territorio de una superficie continental de 1.285.215,60 km² con tres regiones naturales, una diversidad cultural, diversidad biológica y con aproximadamente 31 millones de habitantes.