La ley de elección de centro escolar de Carolina del Sur beneficia a los ciudadanos

En la primavera de 2023, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó una ley por la que se establecía un Programa de Fondos Fiduciarios para Becas de Educación (Programa). La ley proporciona a las familias con ingresos bajos y moderados que cumplan los requisitos una cuenta de fondo fiduciario, de hasta 6.000 dólares por estudiante que cumpla los requisitos, por año escolar. Los padres pueden destinar los fondos a una serie de gastos relacionados con la educación, como la tutoría extraescolar, las adaptaciones para necesidades especiales y la matrícula y las tasas asociadas al traslado entre centros públicos o la asistencia a un centro privado e independiente.

Este último aspecto de la ley, el de la "elección de escuela", es el que ha suscitado un recurso judicial. En octubre de 2023, antes de que los padres pudieran crear y utilizar las cuentas iniciales del fondo fiduciario, un grupo de padres, la sección estatal de la NAACP y un sindicato estatal de profesores solicitaron al Tribunal Supremo de Carolina del Sur que impidiera la aplicación del Programa. Alegan que el Programa viola la Constitución del estado por varios motivos, entre ellos que el Programa financiado por el estado carece de un "fin público" y, por lo tanto, viola el artículo X, sección 5. El 12 de diciembre de 2023, el tribunal aceptó conocer del caso, denominado Eidson contra el Departamento de Educación de Carolina del Sur.

Cato ha presentado un amicus curiae en apoyo del Programa. Nuestro escrito destaca que el Programa tiene varios "fines públicos" que beneficiarían a Carolina del Sur y a sus residentes.

En primer lugar, el Programa se crea para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y de las escuelas públicas. Proporcionar nuevos fondos a los padres para complementar la educación de sus hijos con clases extraescolares o de fin de semana, preparación de exámenes o tutores constituye un fin público evidente que tiende a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Además, el controvertido aspecto de elección de escuela del programa también tiene una finalidad pública. El programa permite a algunos padres con ingresos bajos y moderados que no están satisfechos con la escuela pública que les ha sido asignada trasladar a sus hijos a otra escuela. La investigación empírica destacada por EdChoice y otros demuestra que programas como éste proporcionan responsabilidad a las escuelas públicas asignadas y tienen un efecto positivo en el funcionamiento de las escuelas públicas o en el rendimiento académico de los estudiantes.

En segundo lugar, nuestro informe sostiene que el Programa reduciría los conflictos en torno a la política educativa. Las preferencias de los estadounidenses en materia de política educativa varían enormemente. Muchos padres de Carolina del Sur están profundamente descontentos con el plan de estudios, la financiación, los deberes o las políticas disciplinarias de la escuela pública que les ha sido asignada. El resultado es el resentimiento de los padres, las peleas en los consejos escolares y los litigios ocasionales.

Neal McCluskey, de Cato, y otros han destacado cómo los programas de elección de escuela reducen la fricción social al permitir a los padres trasladar a sus hijos a escuelas públicas e independientes que no socavan los valores educativos y cívicos de los padres.

Por último, nuestro escrito sostiene que el Programa reduciría los conflictos sectarios en torno a la política educativa.

Muchos padres de Carolina del Sur son religiosos, y existe un innegable apetito paterno por la instrucción religiosa y la oración en las escuelas públicas e independientes, donde los niños pasan la mayor parte de sus horas de vigilia. Sin embargo, las escuelas públicas tienen constitucionalmente prohibido impartir instrucción religiosa.

El Programa tiene un efecto de "válvula de escape" porque permite a las minorías religiosas contratar a tutores afines, matricular a sus hijos en una escuela religiosa independiente o trasladarlos a una escuela pública que los padres crean que no socavará la enseñanza religiosa que sus hijos reciben en casa. El Programa, por tanto, debería reducir los conflictos sectarios en torno a la política educativa y mejorar la satisfacción de los padres con su escuela.

Por estas razones, nuestro escrito insta a que el Tribunal Supremo de Carolina del Sur declare que el Programa del Fondo Fiduciario de Becas Educativas confiere un beneficio público a Carolina del Sur y a sus residentes que es compatible con la Constitución del Estado.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 13 de febrero de 2024.