Arbitrajes mandatorios

Existen varias razones por las cuales es más conveniente utilizar un arbitraje y no un proceso judicial para solucionar una disputa legal.

En un arbitraje son las partes las que acuerdan someterse a la decisión de un tribunal arbitral que ellas mismas escogen, a través de un procedimiento que ellas eligen y en los tiempos que ellas determinen. En un juicio, en cambio, la disputa se resuelve por jueces de la corrupta Función Judicial, a través de un proceso que está previamente determinado y a través de un dilatado espacio de tiempo.

Además, el arbitraje conlleva la ventaja de que los posibles árbitros deben competir entre sí para ser seleccionados por las partes. Esto incentiva la existencia de abogados dedicados exclusivamente a ser árbitros. También implica que, cuando se trate de una disputa que requiera de conocimientos técnicos, como si se trata de un conflicto en torno a una construcción y se necesita una experticia en ingeniería civil, las partes puedan designar como árbitro a quien tenga esos conocimientos.

Las ventajas del arbitraje se hacen especialmente visibles en países como el nuestro en el que los juzgados están abarrotados de trabajo y saturados de corrupción. En el arbitraje hay más probabilidades de que la disputa se resuelva en aplicación de la ley y no por la presión política o la mano corrupta.

Las ventajas que tiene el arbitraje frente a los juicios ordinarios han llevado a que algunos países establezcan arbitrajes mandatorios para cierto tipo de disputas. El mejor ejemplo es el caso peruano. En el Perú existe una ley que obliga a que todos los contratos que celebra el Gobierno, desde la compra de lápices hasta la construcción de hidroeléctricas, deban contener una cláusula arbitral. La Ley de Contrataciones del Estado del Perú ordena que, en todo contrato de obra, de consultoría o de bienes y servicios celebrado por el Gobierno, se incluya una cláusula que establezca que cualquier controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deba ser resuelta mediante arbitraje.

Esta ley ha tenido muchos efectos positivos en el Perú. Por un lado, ha creado un espacio para que existan profesionales especializados en arbitraje, subiendo el nivel de los procesos. Por otro lado, ha permitido que sea más atractivo para inversionistas serios celebrar contratos con el Gobierno porque saben que, en caso de disputa, van a contar con una vía ágil y transparente para resolver el problema.

Ecuador haría muy bien en imitar el régimen peruano y volver mandatorio que en todo contrato con el Gobierno las disputas sean resueltas en arbitraje. Yo solo añadiría la obligación de que estos arbitrajes sean públicos y no confidenciales, para que la gente pueda acudir a las audiencias, aunque sea de forma virtual, y los laudos se publiquen. Creo que esto puede prevenir suspicacias de corrupción en el proceso en el que están en juego recursos públicos.

Se podría argumentar que los arbitrajes mandatorios no son convenientes porque tienen un costo y, en cambio, los juicios son gratuitos. Pero, ¿qué es más costoso que un sistema judicial lento y corrupto?