España no crece, se endeuda con unas cuentas insolventes
Daniel Lacalle indica que de los 295.000 millones de euros de deuda adicional, la inmensa mayoría se deriva del gasto corriente del Estado.
Por Daniel Lacalle
La deuda de las Administraciones Públicas ha alcanzado un nuevo récord histórico superando los 1,5 billones de euros, el 116% del PIB. Es mucho peor, los pasivos totales, que incluyen la deuda que compran las propias Administraciones, son de casi dos billones de euros (1,97 billones según el Banco de España), más del 150% del PIB.
En un año con ingresos récord, tipos bajos y todo el viento de cola, la tasa de crecimiento de la deuda pública es de un 5% en términos interanuales, mientras el rebote de la economía se sitúa en un 4,5% estimado. España no crece, se endeuda. Y la comparativa es todavía peor, porque estamos comparando el rebote del PIB del conjunto de la economía con el aumento de deuda de un solo agente, el sector público, que sigue inflándose hasta superar el 50% del PIB.
El gobierno de Sánchez ha disparado la deuda en más de 295.000 millones de euros para dejar un rebote insuficiente de la economía, la mayor tasa de paro de la Unión Europea (UE) y la OCDE y un aumento de impuestos sin precedentes que convierte a España en el país que más ha aumentado la presión fiscal de nuestro entorno.
Este último punto es muy importante, porque durante años se ha utilizado el argumento falaz de que España no tenía un problema de gastos, sino de ingresos y que si tuviéramos la presión fiscal de los países de nuestro entorno no tendríamos déficit y deuda.
Pues bien, nos han crujido a impuestos con más de 50 subidas y la deuda sigue desbocada. La ratio de ingresos sobre PIB es del 43,7%, similar a las cifras de Austria, Italia, Suecia o Finlandia y muy superior a Portugal, Irlanda o Suiza.
Pero España tiene más del doble de paro que la media de la Unión Europea, empresas más pequeñas y mayor economía sumergida. Por ello, la presión fiscal normativa (aquella que afecta a los contribuyentes que pagan impuestos respecto a quienes están exentos de algunos –como puede ocurrir con un parado–) como explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE), es muy superior a la media de la Unión Europea y además el esfuerzo fiscal, lo que pagamos en impuestos comparado con lo que ingresamos, también. La presión fiscal normativa es ya un 13% superior a la media.
La presión fiscal normativa en España es la más alta de la UE en términos nominales y 15 puntos por encima de Alemania en términos marginales, según el IEE. La presión fiscal en el IRPF ya es del 42,3% y en 2023 aumentará, y la presión fiscal empresarial es del 11%, superior a la media de la UE. En el mismo informe, señalan que el porcentaje de contribución empresarial al total de ingresos del Estado se situará en 2023 en un 34%, muy superior a la media de la Unión Europea que es del 24%.
Resumen: Nos asfixian a impuestos para disparar el gasto político y siguen aumentando la deuda. Ya no pueden decir que el problema es de ingresos. La evidencia, como lo ha sido siempre, es que el problema de las cuentas públicas es de gasto.
Y hay mucho gasto inútil. Más de 9.000 millones de euros anuales se gastan en “asuntos económicos” y “agenda 2030”, se despilfarran miles de millones en “cohesión territorial”, y más de 10.000 millones de euros en “transición ecológica”.
El propio Instituto de Estudios Económicos estima 60.000 millones de euros anuales en gasto ineficiente que podría reducirse sin afectar a los servicios públicos ni subir impuestos.
La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) identifica 14.000 millones de euros de subvenciones sin efectividad y destino claro. Adicionalmente se dedican miles de millones a capitalizar empresas públicas deficitarias y no se hace nada por recortar duplicidades e ineficiencias que suponen un mínimo de 30.000 millones de euros.
Es falso que este aumento de deuda haya ido a fortalecer la economía española y a ayudar a los desfavorecidos. De los 295.000 millones de deuda adicional la inmensa mayoría vienen de gasto corriente en un periodo en el que no se ha priorizado en nada. Se ha consolidado y aumentado el gasto político incluso cuando había una emergencia sanitaria y había que dotar recursos a otras áreas. No se recortó un solo Ministerio o gasto superfluo, al contrario.
Esta enorme deuda no es irrelevante ni gratis. La deuda se paga todos los días y hay que refinanciarla. El tipo de referencia del bono a 10 años se ha multiplicado por seis y no se ha aprovechado la época de bonanza y tipos bajos para reducir la carga fiscal ni la deuda. El déficit estructural, según la Comisión Europea, seguirá por encima de los 50.000 millones de euros anuales en 2024.
Sí. Esto es una ruina, y empobrece a todos a medio plazo. O nos supone más impuestos, o muchos mayores recortes o mucha más inflación. El resultado es el mismo: empobrecimiento generalizado.
Por supuesto, que la deuda no hay que dejarla a cero, pero un 116% de deuda pública sobre PIB (150% si consideramos todos los pasivos) es la garantía de empobrecimiento a medio y largo plazo.
Reducir la deuda pública a un nivel normal de 60% del PIB requerirá un recorte de al menos 50.000 millones anuales durante una década, y se tiene que hacer por el lado del gasto improductivo y político, que es mucho. Si no se hace ahora, vamos encaminados a un desastre, sea a cámara lenta o con una crisis de deuda.
De momento, la economía española está dopada por la política del Banco Central Europeo y, además, es la más beneficiada por el incentivo perverso del mecanismo anti fragmentación, pero España está poniendo en peligro, junto a Italia, la estabilidad de la zona euro y la credibilidad fiscal de nuestro proyecto común.
El concepto de deuda pública es, además, engañoso, porque la deuda de las Administraciones públicas las paga el sector privado también.
Más deuda pública significa más impuestos, más recortes o más inflación en el futuro. O las tres a la vez. Es peor, porque además puede ocurrir que se genere esa triple marea de empobrecimiento y encima la deuda no baje porque el peso del gasto político del Gobierno en la economía siga inflándose. Disparando el gasto político e improductivo, el Gobierno no está garantizando derechos, está garantizando pobreza.