Herencia y castigo al pueblo

El Impuesto de Sucesiones está de capa caída. Pero la izquierda, sobre todo la más extrema, lo aplaude. Sus argumentos podrán quizá no ser demasiado sólidos, pero en ocasiones tienen bastante interés. Es el caso de Daniel Fuentes Castro, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, que publicó un artículo en El País defendiéndolo.

El autor es seguidor y traductor de Thomas Piketty, y recurre a un ejemplo que pone el economista francés: un impuesto a las herencias planteado, pero no aprobado, en tiempos de la Revolución Francesa. Tenía las características típicas de los gravámenes idolatrados por la izquierda: era sobre los ricos y era progresivo, de tal manera que, a mayor riqueza, mayor la parte asignada a la fiscalidad en favor de los “herederos ficticios”, o sea, el poder político.

Reconoce que el Impuesto de Sucesiones es impopular y, además, ha sido bandera esgrimida por la derecha. Defiende de todas formas el tributo con dos argumentos: “en España más del 50% de las grandes fortunas no son fruto de ningún mérito particular, sino de haber nacido azarosamente en un tiempo, lugar y entorno social determinado, y buena parte de las restantes fortunas están relacionadas con un capital social y relacional caído del cielo”. Vamos, que la riqueza no es justa ni merecida, toda se debe a la sociedad, con lo cual conviene quitársela a sus ilegítimos propietarios.

La visión del profesor Fuentes Castro padece otras equivocaciones clásicas del antiliberalismo, como la de identificar sociedad civil y Gobierno, atribuyendo así la virtud de la solidaridad a la coacción política y legislativa. Habla de “solidaridad entre generaciones” cuando se refiere al uso de la fuerza para arrebatar a los ciudadanos lo que es suyo. Todo recubierto con cánticos a la eficiencia y la progresividad, y hasta la conversión del Impuesto de Sucesiones en una tasa para pagar guarderías. Solo pagarían las “grandes fortunas”, por supuesto.

Pero plantea que el gravamen “debería resignificarse” con este notable argumento: “¿Cómo van a aceptar las clases medias y populares, especialmente los más jóvenes, la carga fiscal que les corresponde en el resto de las figuras tributarias si eximimos a los grandes patrimonios?”. Es muy revelador, porque no se trata de aliviar la carga fiscal del pueblo, sino de conseguir que la pague sin protestar.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 18 de octubre de 2022.