¿Recortes en las pensiones?

El Gobierno no tuvo ninguna dificultad a la hora de pactar la primera fase de la contrarreforma del sistema de pensiones español: como, en esencia, se trataba de subir las pensiones, todos –partidos políticos, sindicatos y patronal– se mostraron rápidamente conformes. ¿Quién querría aparecer como un enano gruñón oponiéndose a la indexación al IPC de los ingresos de nuestros mayores? Ciertamente, más nos habría valido que en 2021 alguien ejerciera ese papel de gruñón porque ahora estamos pagando caras las consecuencias de tal laxitud presupuestaria: con la inflación desbocada por encima del 10%, el gasto anual en pensiones se va a incrementar estructuralmente en cerca de 15.000 millones de euros; un tercio del presupuesto anual en educación.

Sea como fuere, por estos lares sólo suele ejercer de gruñón, y cada vez menos, la Comisión Europea: pero en este caso ni llegó a hacerlo porque el Ejecutivo se comprometió a promover una segunda fase de la reforma del sistema de pensiones, en la que verdaderamente se ajustaran las cuentas. Y esa segunda fase va a llegar ahora. A diferencia de la primera, si se hace bien, ahora no resultará tan sencillo pactar. A la postre, “si se hace bien” significa que deberían haber recortes de gasto (o subidas de cotizaciones), lo que por necesidad generará desafectos entre sindicatos o patronal.

Aparentemente, la medida central de esta segunda fase será el alargamiento del número de años para calcular la base reguladora: de 25 a 35. Aclara el ministro Escrivá, empero, que si se llegara a alargar el período de cálculo se haría a cambio de permitir que los ciudadanos escojan sus mejores años de cotización. Pero si ello es así, no queda muy claro cómo pretende cuadrar a medio-largo plazo el enorme agujero del sistema de pensiones salvo a través de la habitual jugarreta política de endosárselo al que venga detrás. Ayer mismo, el Banco de España publicó su estimación de que, si el período de cálculo pasa de 25 a 35 años, las nuevas pensiones se verán reducidas, de media, en un 8,9%; pero a su vez aclaró el supervisor que, si se permite escoger los seis mejores años de cotización, el efecto sería nulo. En tal caso, la reforma no serviría de nada para controlar el gasto futuro. ¿Permitirá semejante fraude Bruselas después de que la primera contrarreforma de las pensiones disparara el gasto a medio-largo plazo? No debería, pero Bruselas cada vez está más entregada a la supervivencia cortoplacista.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 14 de septiembre de 2022.