Violencia e impunidad
Paola Ycaza Oneto señala que después de los disturbios en Reino Unido en 2011, ese país optó por el Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, sentando precedente con una justicia eficiente.
En agosto del 2011, Londres fue el escenario de fuertes revueltas sociales. Los disturbios civiles provocaron muchos daños de bienes públicos y privados, incendios y por supuesto, mucho caos y miedo. Esto provocó una respuesta igualmente severa por parte de los tribunales: a través de cámaras instaladas en toda la ciudad, la policía fue especialmente eficiente encontrando a cada uno de los responsables de los daños y saqueos. Las decisiones de los jueces para sentenciar a los culpables tomaron varios días y en total 2.158 personas fueron condenadas. Se impusieron penas de prisión por un total de más de 1.800 años.
Al hacer esto, se quiso sentar un precedente de justicia eficiente y esto llevó a que varios delincuentes novatos fueran encarcelados por los delitos “insignificantes”, incluido el robo de botellas de agua Evian y paquetes de papas fritas. Nicolas Robinson, un estudiante de Ingeniería Eléctrica de 23 años sin antecedentes penales, fue condenado a seis meses por robar agua de un supermercado en Brixton. Un estudiante de secundaria recibió una sentencia de diez meses en prisión por saquear dos zapatos de deporte en Wolverhampton.
Algunas de las sentencias de los saqueadores fueron cuatro veces más largas que las de las personas que cometieron delitos equivalentes en 2010. La mitad de los sentenciados que comparecieron ante los tribunales tenían menos de 20 años.
En ese entonces, varios organismos de derechos humanos señalaron que las sentencias eran desproporcionadas. Sin embargo, estos duros castigos tuvieron como consecuencia una disminución inmediata de delitos similares: el infalible escarmiento.
En octubre del 2019, Ecuador sufrió una serie de disturbios que incluyeron quema de edificios públicos y canales de televisión, destrucción de propiedad privada y producción local, secuestro de policías, cierre de vías, entre otros delitos. Ninguno de estos delitos se podría considerar “insignificante”. Ninguno. Y aun así, el pasado 10 de marzo la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la amnistía para 268 líderes ambientales, sociales, indígenas y de derechos humanos, de los cuales 60 habían sido judicializados durante la protesta social de octubre de 2019.
Tres meses más tarde, el Ecuador fue testigo de un sinnúmero de actos vandálicos y terroristas (ni siquiera durante las guerras se impide el paso de ambulancias a hospitales) que no solo destruyeron propiedad privada, sino que además empobrecieron al Ecuador con pérdidas cuantificadas en más de $600 millones.
Mientras que en el Reino Unido la queja era por las duras penas que recibieron los manifestantes, acá la preocupación es la casi certeza de que lo que vivimos por 18 días quedará en la impunidad. Y pocas cosas sientan precedentes tan nefastos para una sociedad como saber que los delincuentes queden impunes y, lo que es peor, celebrados como héroes. El Reino Unido escogió el Estado de derecho y cumplimiento de la ley como necesidad básica de la civilización. Ojalá en Ecuador no se siente un nuevo precedente: los que rompen la ley siempre ganan.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 3 de julio de 2022.