APP

El día de hoy se realizará en la Asamblea Nacional el debate definitivo del proyecto de ley para atraer inversiones que envió el presidente Guillermo Lasso hace un mes. El proyecto se refiere a zonas francas, mercado de valores, transformación digital, pero, sobre todo, a la regulación de las asociaciones público-privadas (APP). El Gobierno parece apostar por las APP como la vía para recibir inversión extranjera en los próximos años. 

Las APP consisten en un régimen legal que permite al Estado apoyarse en la empresa privada para la consecución de intereses públicos. Por una parte, el Estado tiene reservada legalmente la competencia de gestionar ciertos sectores de la economía. Y, por otra parte, la empresa privada tiene el capital y la tecnología para realizar obras o servicios que permiten desarrollar esos sectores. A través de las APP, el Estado puede delegar a la empresa privada un proyecto con el objetivo de valerse de su capital y tecnología en la consecución de los intereses públicos. 

Se trata de una situación en la que todos pueden ganar. El Estado se beneficia porque consigue que se preste o un servicio público o se construyan obras públicas, reservándose el derecho a controlar la calidad y, generalmente, a que los bienes y obras se reviertan a su favor al final del proyecto. La empresa privada se beneficia porque recibe una contraprestación a través de un pago directo del Estado o del usuario del servicio o de una mezcla de las dos cosas. Y nos beneficiamos todos porque se generan bienes y servicios de calidad, se crean puestos de trabajo y se traen capitales y tecnologías. 

De hecho, las APP se utilizan con relativo éxito en todo el mundo y, en particular, en la región. En Brasil, en Colombia y en Perú, por ejemplo, se han llevado a cabo miles de proyectos a través de la figura de las APP. 

El proyecto busca mandar el mensaje de que el Gobierno apoya la creación de APP, facilita el proceso de contratación y otorga incentivos a las empresas privadas que formen APP, tales como la exoneración del impuesto a la renta por diez años, cláusulas de estabilidad jurídica y posibilidad de arbitrajes para resolver controversias. 

Las APP no equivalen a “privatizar” y someter al usuario de un servicio o bien público a la explotación de empresas privadas mercenarias y despiadadas. Ocurre, más bien, lo contrario. Las APP mejoran la situación del usuario. Por un lado, en nuestro país el Estado ha probado su incapacidad para gestionar servicios y bienes. Las cárceles, los hospitales del seguro social y las hidroeléctricas son solo ejemplos de mala administración. Por otro lado, nuestras leyes, con figuras como la autotutela administrativa o la ejecución coactiva, ponen prácticamente en situación de indefensión al usuario que contrata con una empresa pública, mientras que con la empresa privada hay una relación jurídica de igualdad. 

Esperemos que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley. Es más, esperemos que la Asamblea no se detenga allí, porque una reforma laboral y la firma de tratados de protección de inversiones son también necesarios para atraer inversión extranjera.

Este artículo fue publicado originamente en El Universo (Ecuador) el 22 de marzo de 2022.