Más armas, menos crímenes

Imagínese que estos tres titulares aparecen en la página de policiales de un diario el mismo día: “Hombre acuchilla a su esposa”, “Delincuentes usan celulares para extorsionar a sus víctimas”, “Asaltantes de banco huyen en dos autos de la escena del crimen”. Al día siguiente, el ministro del Interior propone promulgar un decreto de urgencia (DU) para enfrentar estos crímenes prohibiendo los cuchillos, los celulares y los automóviles. 

Todos sabemos que eso es absurdo. No parece lógico prohibir el uso legal de esos bienes porque ocasionalmente se usan para cometer crímenes. De ahí a prohibir las sogas para evitar que la gente se ahorque hay solo un paso.

Ha aparecido en los medios la noticia de que el gobierno planea promulgar un DU para imponer más restricciones a los tenedores de armas de fuego. El Ministerio del Interior ha salido a decir que ni lo confirma ni lo descarta (“no habrá pronunciamiento sobre algo que no existe”, han dicho), lo que significa que lo está pensando seriamente.

El razonamiento parece tan sencillo como equivocado: más armas significan más crímenes. ¿Es eso cierto?

Un estudio bastante serio del profesor John Lott ("More Guns, Less Crime") demuestra lo contrario. Lott recogió data de 3.034 condados de EE.UU. durante 18 años. Su análisis econométrico muestra que el facilitar la obtención de licencias para portar armas redujo el número de asesinatos en ratios de 3% al año, de violaciones en 2% al año y de robos en 2% al año.

Su conclusión es contraintuitiva, pero es lógica. Delinquir tiene costos. Cuando el costo sube, entonces la cantidad demandada baja. El que la víctima se defienda es un costo para el delincuente (puede ser herido o morir). La elevación de costos reduce la cantidad de delitos.

Pero, desde el otro lado, ¿el facilitar el acceso a un arma no incrementará el número de delincuentes que acceden a una y con ello aumenta los crímenes por otro lado?

Lott dice que no es así. La propensión a pagar por una pistola o un rifle por parte de un delincuente es mayor que la propensión a pagar por parte de un ciudadano común y corriente, porque el arma es la “herramienta de trabajo” del primero. La demanda de armas por delincuentes es inelástica mientras que la de los ciudadanos honrados es elástica (ante un aumento de costos, la cantidad demandada cae más para los honrados que para los criminales). Rara vez un asalto o un asesinato se produce con un arma con licencia.

El resultado: limitando el acceso a armas legales, los delincuentes se arman más rápido que las personas comunes, con lo cual se produce un desbalance de fuerzas, no hay equilibrio, y los crímenes violentos comienzan a crecer.

No es lógico limitar los usos honestos de algo solo porque la Policía no es capaz de controlar los usos deshonestos. Con esa lógica, para reducir el número de policías corruptos hay que prohibir que existan policías. Esas ideas, además de estúpidas, son inefectivas. No se trata de meter el “polvo” de la ineficiencia e incapacidad bajo la alfombra de la prohibición de conductas legítimas.

Si el gobierno “no quiere pronunciarse sobre algo que no existe”, está bien. Es más. Lo mejor, que no exista nunca para que no tenga nunca que pronunciarse.

Este artículo fue publicado originalmente en Perú 21 (Perú) el 14 de diciembre de 2019.