Dieta para un estado obeso

Muchos análisis que cuestionan las reducciones importantes del gasto público miran las cosas desde la perspectiva del Estado, no desde la de los ciudadanos que tienen que cargar con el peso de un Estado obeso que obstaculiza en lugar de estimular el crecimiento económico.

No es característico de la mayoría de los políticos devolverle recursos a la sociedad. Pero en caso de que alguna de las brillantes excepciones pase por el poder, aquí dejo unas sugerencias de recortes importantes.

Ecuador tiene desde hace décadas la ineficiente y regresiva política de subsidiar los combustibles. Quienes más los consumen no son aquellos que tienen ingresos más bajos pero es en nombre de ellos que diversos políticos los han mantenido. Esta política ha servido para beneficiar principalmente a los más ricos, quienes consumen mucho más combustibles, y a los contrabandistas. Durante la última bonanza petrolera este subsidio se convirtió en una perjudicial distorsión —llegando a consumir $5.047 millones en 2014. En 2016 se presentó una oportunidad de oro para eliminarlo debido a la caída del precio internacional de los combustibles. El gasto en estos subsidios ese año consumió tan solo $1.263 millones.

Las situaciones de crisis son un llamado a que todos nos sinceremos. Si realmente se quiere beneficiar a los más pobres, se podría focalizar el subsidio aprovechando una herramienta que ya tenemos: el Bono de Desarrollo Humano (BDH). Allí supuestamente están identificados los más pobres del país y al eliminar el subsidio de los combustibles se podría elevar el BDH por una cantidad equivalente al gasto adicional previsto en el consumo promedio por hogar de transporte y gas para cocinar. Este aumento del BDH se realizaría solo una vez para proteger del ajuste a los más vulnerables. Con todas las sumas y restas, esto resultaría en un ahorro cuantioso para el presupuesto general del Estado. Incluso compensando a los más pobres por el sinceramiento del costo de los combustibles, podría esto derivar en un ahorro de hasta el 80% del gasto en este rubro, que en 2017 llegó a $1.933 millones (cifras del Observatorio de Energía y Minas de la UDLA).

Otro gasto innecesario es continuar soportando las pérdidas de las empresas estatales, entidades que se multiplicaron durante la última década. Alberto Acosta Burneo señala que “Solo en 2017 las pérdidas acumuladas en las empresas públicas superaron los $1.875 millones”. Hay que detener esa hemorragia de recursos públicos vendiéndolas si es posible o liquidándolas. Habría que ver cuál es la forma más rápida y transparente de realizarlo.

Finalmente, las instituciones estatales deben ser, según el caso, consolidadas, eliminadas o reducidas. Es difícil defender que el Ejecutivo ecuatoriano requiera de 133 instituciones adscritas para conducir la administración pública. Ciertamente que muchas de estas deben ser redundantes. Ecuador debería adoptar la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC), mediante la cual se ignora el gasto del año anterior y se elabora uno nuevo en base a los resultados que se quieren obtener, conduciendo a la eliminación de entidades o a la reducción sustancial de sus presupuestos. Así podrían desaparecer o ser reducidas a su expresión mínima entidades como el Instituto Espacial Ecuatoriano o la Senplades. Todo sin tocar a los profesores, doctores y policías. También sin aumentar impuestos, las restricciones a las importaciones y el endeudamiento público.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 30 de marzo de 2018.