Juegos perdedores

Nunca fue buena idea auspiciar los Juegos Panamericanos. Se nos ha dicho, no obstante, que traerán prestigio al Perú, beneficiarán la economía y valdrán la pena porque “el deporte enseña disciplina, trabajo en equipo, coordinación, tolerancia, solidaridad, entre otras virtudes”, tal como acertó una entusiasta columna en este Diario.

Sin duda el deporte en sí tiene muchas bondades. Pero el historial de los Juegos Panamericanos, como el de otros grandes eventos deportivos, es poco virtuoso. Son obras públicas o de licitación en las que se gastan miles de millones de dólares, muchos de ellos en proyectos difíciles de justificar y que invitan a la corrupción. Según Bent Flyvbjerg, de la Universidad de Oxford, los megaproyectos como las Olimpiadas y los Panamericanos sufren de una “ley de hierro: una y otra vez están sobre presupuesto y sobre tiempo”.

Los últimos Juegos Panamericanos, por ejemplo, tomaron lugar en Toronto, Canadá, en el 2015. La auditoría general de la provincia de Ontario encontró que se gastaron US$342 millones más de lo presupuestado.

Los Juegos Panamericanos anteriores se realizaron en Guadalajara, México, en el 2011. Un año y medio después, el periódico La Jornada encontró que “60 por ciento de los estadios y otras sedes que se construyeron no se usan a diario, la entidad aumentó su deuda de 4 mil a más de 16 mil millones de pesos [US$1.224 millones] en seis años y la calificación crediticia de [el estado de] Jalisco se redujo por no pagar a tiempo un préstamo de corto plazo de mil 400 millones de pesos”. Descubrió otros excesos: se gastaron más de US$100.000, por ejemplo, para “sensibilizar a empresas sobre la importancia económica de los Panamericanos”.

Solo han pasado seis meses desde que terminaron las Olimpiadas en Río y la periodista deportiva Nancy Armour observa que el Parque Olímpico es un “pueblo fantasma” y que varias instalaciones están abandonadas o decayéndose. Brasil también fue anfitrión del Mundial de Fútbol en el 2014, evento que costó US$15.000 millones y sufrió de corrupción y sobrecostos como el de la renovación del estadio de Maracaná por más de 60%. La periodista agregó que Brasil auspició los Juegos Panamericanos “años antes [2007] y, a pesar de gastar cientos de millones de dólares, no cumplió sus promesas de proveer agua potable e infraestructura o construir instalaciones que también se podrían usar para las Olimpiadas”.

Esos problemas son típicos, según el economista Andew Zimbalist, quien escribió un libro del por qué se debe evitar auspiciar las olimpiadas y los mundiales. Hay numerosos estudios sobre el impacto económico de los eventos deportivos. Algunos muestran un efecto negativo, pero hay poca evidencia de crecimiento o aumentos netos de empleo. En la práctica, lo que se gasta en los juegos y en los nuevos proyectos es dinero que se deja de gastar de manera más eficiente en otro lado. Y el favoritismo político juega un papel importante respecto a quienes se benefician, constructoras, bancos, sindicatos. Nada virtuoso en ello.

Hay un sesgo optimista en los megaproyectos, según Flyvbjerg, dado que los grupos que más se benefician tienen una influencia desproporcionada en tales. La planificación, el manejo y la toma de decisiones involucra intereses públicos y privados, muchas veces en conflicto sobre proyectos que son complejos y riesgosos. Eso resulta en información errónea respecto a todos los aspectos del proyecto. Más allá de razones económicas, Flyvbjerg dice que hay razones éticas para rechazar los argumentos que sobreestiman los beneficios: la desinformación, que suele ser una característica inherente de los megaproyectos, debilita la democracia, la rendición de cuentas y la gobernanza.

No es difícil entender por qué tantos políticos favorecen los grandes proyectos deportivos. Pueden aparecer como protagonistas de una obra visible y potencialmente popular, por lo menos en el corto plazo, a la vez que benefician a grupos de apoyo. Respecto a los Juegos Panamericanos en Lima, eso no quita la responsabilidad a otros políticos, agencias oficiales y la sociedad civil de vigilar de cerca cada aspecto de ese proyecto que varios gobiernos han encaminado.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 18 de marzo de 2017.