La oportunidad perdida de México en la guerra contra las drogas

El Presidente mexicano, Vicente Fox, ha sucumbido ante la presión de Washington y no aprobó la ley sobre las drogas ilegales que el Congreso Mexicano había pasado. Esa ley hubiera legalizado la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales. México parecía estar dispuesto a unirse a países tales como Holanda y unos cuantos otros que han abandonado el modelo de “cero tolerancia” al cual se adhiere EE.UU. Bajo la propuesta ley, la posesión de hasta 25 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana (cerca de cuatro cigarrillos de marihuana), o 0,5 gramos de cocaína (cerca de 4 “líneas”) para uso personal ya no sería una ofensa criminal. Las cantidades pequeñas de otras drogas, tales como el peyote y las anfetaminas, recibirían el mismo tratamiento.

Una vez más, EE.UU. demuestra ser el gigante del hemisferio occidental cuando se trata de la guerra contra las drogas. Washington no tolerará ni la desviación más pequeña de su política prohibicionista. Cualquier país latinoamericano que coquetee con reformar esa política se arriesga a despertar la ira de Washington y a sufrir una retaliación económica y política explícita o implícita. México es la última víctima de la intolerancia.

Irónicamente, la ley solo fue un paso modesto en la dirección correcta. Una de las características más odiosas de la guerra contra las drogas alrededor del mundo es la costumbre de llenar las cárceles con consumidores (muchas veces sociales) de drogas. Los congresistas mexicanos simplemente propusieron ponerle fin al cruel desatino en su país.

De hecho, el verdadero problema con la legalización limitada es que no es suficiente. No atacó a la raíz de la creciente incidencia de violencia y corrupción relacionada con el narcotráfico en México.

Ambos problemas han llegado a proporciones epidémicas. Ha habido varias ocasiones en las que los policías han servido la función de fuerzas de seguridad para las organizaciones narcotraficantes. Los funcionarios de mayor importancia encargados con la implementación de las leyes anti-narcóticos han sido descubiertos aceptando sobornos de los jefes de los carteles. Hasta la Iglesia Católica ha reconocido que algunas de las contribuciones de caridad provienen del narcotráfico.

La violencia conectada con el tráfico ilegal de drogas ha estado aumentando desde hace varios años en México. Ciudades tales como Tijuana, Ciudad Juárez, y Nuevo Laredo han sido especialmente afectadas. Cerca de mil asesinatos relacionados con el narcotráfico ocurrieron en el 2005. Algunos mexicanos ahora se preocupan de que se está esparciendo por su país un caos de violencia similar al que afligió a Colombia durante los fines de los 1980s y el principio de los 1990s.

Y la violencia ya no se limita a México. Los policías de Arizona, Nuevo Mexico, Texas y California se quejan de que los asesinatos relacionados con el narcotráfico están esparciéndose hacia los estados fronterizos. Las pandillas de droga mexicanas operan abiertamente en varias ciudades del suroeste de EE.UU.

Gran parte de la corrupción y la violencia son causadas por el enorme atractivo del mercado negro del comercio ilegal de drogas. El factor de riesgo involucrado en el desafío de la ley significa que las drogas se venden en la calle por diez o veinte veces más de lo que se venderían en un entorno legal. Una organización de narcotráfico agresiva puede ganar decenas—o hasta cientos—de millones de dólares al año. Aquel inmenso atractivo financiero atrae a esas personas que tienen mayor inclinación a arriesgarse a ir a la cárcel o a morir envueltos en este comercio sanguinario—en otras palabras, a los elementos más despiadados y con mayor tendencia a generar violencia.

Desafortunadamente, ni siquiera los reformadores mexicanos mostraron disposición alguna de legalizar la producción o venta de marihuana, cocaína, heroína u otras drogas para desinflar el atractivo del mercado negro. De hecho, ellos argumentaron que la ley de legalización permitiría que las agencias policiales dediquen más de su personal y recursos a la represión del narcotráfico. La estrategia prohibicionista básica hubiera permanecido intacta. El abundante potencial de lucrarse del comercio de drogas persistiría—y también persistirían la corrupción y la violencia que están destrozando la sociedad mexicana.

Legalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga fue una señal modesta de esclarecimiento. Pero México (y otros países) necesitan abandonar del todo el modelo de prohibición para obtener resultados verdaderamente considerables. Desafortunadamente, dada la obsesión de Washington con este asunto, los prospectos de una reforma inteligente dentro del futuro cercano son virtualmente inexistentes. La capitulación del Presidente Fox a la presión estadounidense ilustra este punto demasiado claramente.