Una amenaza a la salud pública

Muchas veces en la ficción encontramos un retrato de nuestra realidad. En la novela La rebelión del Atlas de Ayn Rand, Wesley Mouch, un burócrata mediocre, llega a convertirse en un dictador económico, con el poder de hacer o destruir fortunas. Mediante un sinnúmero de regulaciones, siempre justificadas en un supuesto bien común y en una supuesta estrategia para sacar al país de una crisis económica, Mouch fue concentrando cada vez más poder y agravando cada vez más la situación económica. Sus intervenciones, lejos de resolver los problemas, los profundizan y crean otros. Esto recuerda lo que ha venido sucediendo con el país desde que se impuso el modelo estatista de la Revolución Ciudadana, pero consideremos una de las últimas intervenciones.

En el primer acto, que suele ser olvidado por muchos de los protagonistas involucrados, el monopolio público de seguridad social (léase: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) fracasa en cumplir con lo prometido, aún cuando sustrae puntualmente contribuciones de sus clientes cautivos (léase: afiliados). ¿Por qué es evidente el fracaso? Hay muchas razones, pero aquí solo vamos a mencionar la más pertinente a este artículo: según un estudio del IESS, 430.000 afiliados (con corte a 2014) sintieron la necesidad de suplementar su seguro público con uno privado.

Frente a problemas financieros del IESS, al ejecutivo y a una mayoría de los asambleístas se les ocurrió trasladar a los trabajadores que tienen doble seguro parte del costo de la cobertura del IESS. ¿Cómo? La ley estipula que las aseguradoras privadas deben pagar al IESS por la atención que han recibido sus clientes en hospitales de dicha institución, a pesar de que el trabajador ya pagó por esta al IESS.

En el segundo acto, algunas de las empresas de medicina pre-pagada reaccionan anunciando que cancelarán contratos corporativos. El gremio de estas empresas anuncia que la nueva ley provocará un incremento de un 57% en las pólizas de medicina pre-pagada. Esto es así, porque, contrario a lo que piensan los funcionarios del gobierno, las personas no son piezas inanimadas en un tablero que ellos controlan. Suelen reaccionar para proteger sus intereses y esto deriva, como veremos, en consecuencias no intencionadas.

En el tercer acto, el IESS exige medidas cautelares contra aquellas empresas que amenazan con cancelar pólizas y elevar precios. Acto seguido, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) —que como hemos dicho en otros artículos, es innecesaria y perjudicial— atiende la solicitud prohibiendo durante 180 días que cualquiera de estas empresas cancele pólizas. Si alguna de estas empresas se resiste, dicho organismo amenaza con cerrarla por hasta 3 meses y multarla. Si se llegase a cumplir dicha amenaza, los principales afectados serían los clientes de las aseguradoras y el mismo IESS (los pacientes no atendidos por las privadas acudirían al IESS). La gran paradoja es que se supone que la SCPM fue creada para protegerlos.

Lo SCPM está imponiendo un control de precios que conducirá, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, a una escasez. Dicho esto, lo que sí correspondería en una sociedad donde el gobierno está al servicio de los ciudadanos, es que se emprendan medidas cautelares en contra de funcionarios que en casos como estos resultan ser una verdadera amenaza a la salud pública. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 4 de noviembre de 2016.