Negociando por el poder

Llama la atención que cuando el Partido Social Cristiano (PSC) vota con los correístas (UNES) el gobierno y sus partidarios lo perciben como una conspiración malsana que pretende desestabilizar el orden democrático, pero cuando la bancada del gobierno se alía con UNES es, en cambio, sensato y por el bien del país. También, cuando el PSC y el gobierno coincidieron en no apoyar la destitución a la superintendente de bancos, ¿estaba acaso el gobierno conspirando con aquellos que tienen motivaciones malsanas?

Algunos dirán que hay que analizar cuándo se da esa alianza con los correístas antes de acusar de doble moral. Pero si lo hacemos, el gobierno sale mal parado: han votado con correístas para aumentar impuestos a fines del año pasado, contradiciendo una de las banderas más antiguas de su partido y comunicando un mensaje indistinguible del correísmo en el campo fiscal, y ahora el bloque oficialista se alió con los correístas para concederle amnistía a quienes incendiaron Quito, han invadido tierras, secuestrado personas, entre otros delitos. Algo que Thalía Flores y Flores denominó “el pacto de la impunidad”.

Durante la llamada Revolución Ciudadana se persiguió a la oposición, conforme se santificaba todo lo que hacía el Ejecutivo. Lo que tenemos hoy, que preocupa a los que se quejan de la falta de gobernabilidad, es más bien un aspecto característico de las democracias representativas normales: división de poderes, una cambiante conjugación de diversas fuerzas políticas en el poder legislativo y un Ejecutivo que está obligado a negociar.

Para mirar la política sin romance hay que dejar de percibir a los actores como buenos y malos. Realmente todos los políticos tienen el potencial de hacer el mal y el bien, generalmente actúan como el resto de los mortales buscando avanzar sus intereses propios. Sus motivaciones son difíciles de conocer, ciertamente no las podemos demostrar sino estamos adentro de sus cabezas, podemos intuir que son malas en torno al comportamiento pasado, pero seguramente que no quisiéramos vivir en una sociedad donde todos somos sentenciados antes de actuar por nuestro comportamiento pasado o en base a intuiciones. Pero incluso puede ser que aún cuando los políticos actúen para beneficiarse personalmente beneficien a los demás o, viceversa, que actuando desinteresadamente terminen perjudicando al resto. Esto tiene que ver con las consecuencias no intencionadas de la acción colectiva.

La gobernabilidad no implica que el Ejecutivo tenga un ejército de alzamanos en el poder legislativo. ¿Se acuerdan de cuando tuvimos eso? 

Dentro de la oposición al gobierno sin duda habrá quienes busquen derrocar al gobierno, con fines que les convengan a sus intereses particulares, pero no hay que olvidar que algunos lo hacen por razones legítimas como el oponerse a que quien dirige la función legislativa no respete las reglas del funcionamiento de dicho cuerpo.

En la política es normal que hayan negociaciones, alianzas puntuales, pactos en los que se intercambian “favores”, etc. Usualmente, los políticos obedecen a sus intereses personales. Puede que el resultado beneficie o no a la sociedad en general, muchas veces no. Por eso debemos limitar el poder de los políticos y aumentar el de los individuos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 18 de marzo de 2022.